El choque en el Gobierno entre el PSOE y Sumar por las medidas para afrontar la crisis de vivienda copó los titulares tras el Consejo de Ministros extraordinario de hace dos viernes. Y, paradójicamente, entre la larga lista de medidas que contiene el otro decreto-ley, el DL 7/2026 con la respuesta económica a la guerra de Irán, el Gobierno incluyó una específica en materia de vivienda que ha pasado prácticamente desapercibida.
Se trata de una reforma de la Ley de Contratos del Sector Público que permitirá a Casa 47 y al resto de administraciones públicas agilizar la tramitación de promociones de vivienda social o a precios asequibles y flexibilizar las condiciones de licitación.
Concretamente, regula salvedades específicas para concesiones de construcción o rehabilitación de suelo o inmuebles de titularidad pública y tengan los fines ya mencionados.
Contratos más largos (y con mayor retorno)
Entre otras medidas, la reforma amplía hasta ochenta años la duración máxima de los contratos. La Ley de Contratos del Sector Público prevé una serie de plazos máximos de concesión, que en el mayor de los casos es de 40 años, extensibles un 15% en determinadas circunstancias. Una limitación que se contempló para evitar privatizaciones de servicio tan prolongadas.
Sin embargo, el Ministerio justifica duplicar el plazo para facilitar la participación de promotores privados en proyectos de vivienda asequible, ya que en caso contrario el retorno de la inversión se vería comprometido por los precios a los que se quiere ofertar la vivienda.
No es la única medida prevista para atraer a inversores privados. Vivienda propone una tasa de retorno superior a la prevista en la Ley de desindexación, con un diferencial que duplica el vigente sobre los rendimientos del bono de diez años (400 puntos frente a los 200 que recoge la ley para el resto de contratos).
Tramitación más ágil y facilidades administrativas
Otras medidas buscan agilizar los trámites. Por ejemplo, eximiendo a las promociones y a las administraciones de la elaboración del anteproyecto de construcción y explotación y del proyecto de obra. Estos trámites exigen procesos de información pública de mínimo un mes y presentar memoria, presupuesto y un estudio para la utilización y explotación de las obras.
También se exime de los informes de la Oficina Nacional de Evaluación ni del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado a la hora de elaborar el estudio de viabilidad, que también se ‘aligera’ en la reforma.
No será el órgano de contratación el que se encargue de los estudios de seguridad y salud, ni evaluar los riesgos operativos de la construcción, sino que será responsabilidad del adjudicatario de la licitación. Y no será necesario calcular el umbral mínimo de beneficios ni la distribución de riesgos relevantes en las cláusulas administrativas.
Finalmente, Vivienda facilita la cesión de contratos de explotación, que podrá efectuarse sin necesidad de haber ejecutado un 20% de la obra.
‘Resucitada’ del primer ómnibus derogado
No es la primera vez que el Ejecutivo trata de impulsar esta medida. De hecho, la impulsó en el primer decreto-ley ómnibus (DL-9/2024) que el Congreso derogó en enero del año pasado. El Gobierno no la incluyó en su segundo intento pero sí en la proposición de ley que registró el PSOE con medidas fiscales en materia de vivienda.
Aprovechando el consenso generado con las medidas de emergencia –fundamentalmente rebajas de impuestos, pero también muchas medidas estructurales en el sector energético--, el Ministerio de Vivienda ha ‘colado’ de nuevo la reforma.
Y lo hace, precisamente, en la antesala del nuevo Plan Estatal de Vivienda, con el que el Ejecutivo busca acelerar la construcción de vivienda protegida o a precios asequibles de la mano de las comunidades autónomas. Pese a que la intención del Ministerio era aprobar su regulación antes de Semana Santa, deberá esperar a abril para elevarlo al Consejo de Ministros. El Consejo de Estado no dio ‘luz verde’ a su tramitación hasta la semana pasada.