Este jueves la ponencia del Proyecto de Ley integral de impulso de la Economía Social se reúne al concluir el Pleno del Congreso para continuar con los trabajos y elaborar un informe. La iniciativa tiene posibilidades de salir adelante porque es una de las que Junts adelantó que facilitaría. Para el Gobierno es una norma importante y trabaja en la incorporación de una enmienda para poner coto a las falsas cooperativas.
El Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar registraron de forma conjunta una enmienda para modificar el Artículo 116 de la Ley de Cooperativas, referente a la Descalificación de las mismas.
Plantean que sea motivo de descalificación cuando la actividad principal de una cooperativa sea la realización, mediante subcontratación mercantil de obras o servicios, de toda o parte de la propia actividad o de la actividad principal de otra empresa o grupos empresariales contratistas y se desarrollen sin tener o sin aportar estructuras organizativas, materiales, financieras de gestión o servicios para terceros.
De esta manera, serían descalificadas las cooperativas que, además de subcontratar o actuar para otra empresa, no dispongan de medios propios o estructuras, limitándose únicamente a facilitar el trabajo individual de los socios, que trabajan realmente bajo la organización y control de la empresa cliente.
Este supuesto describe una situación en la que la cooperativa no es una entidad autónoma, sino simplemente un intermediario para colocar trabajadores en otra empresa, lo que contradice la esencia cooperativa de autogestión.
Los grupos del Ejecutivo justifican que, con la enmienda, se estaría implementando la doctrina del Tribunal Supremo (STS 1154/2024) respecto de las falsas cooperativas, debiendo garantizar el cumplimiento de las notas características de estas sociedades.
Asimismo, en la misma enmienda, plantean regular un plazo máximo para la resolución del procedimiento de descalificación, fijándolo en seis meses. Hasta ahora, eran tres; pero el Gobierno considera que la complejidad de este proceso, unido a las garantías necesarias, hacen necesario un incremento de los tiempos.
En otro orden de cosas, PSOE y Sumar han registrado otra enmienda para evitar que el Proyecto de Ley de Economía Social colisione frontalmente con la normativa reguladora del Sello de Inclusión Social (DA1.ª de la LIMV y RD 363/2022, de 26 de julio
Esta normativa prevé un procedimiento específico para el acceso al sello en sus distintas modalidades, por lo que era necesario adaptar la redacción del proyecto de ley porque el texto original recoge que las empresas de inserción tendrán reconocido automáticamente el Sello. Con la enmienda, se pone negro sobre blanco que deberán seguir el procedimiento para su concesión.