¿En qué punto está? Cerró su fase de ponencia el 11 de junio y está a la espera de ser votada en Comisión. De ahí pasaría al Pleno del Congreso, ya que la Cámara acordó su avocación a Pleno. Una vez aprobada por el Congreso, llegaría al Senado para completar su tramitación y sólo volvería a la Cámara Baja para votar sus cambios.
¿Por qué no se votó en Comisión? El PSOE decidió suspender la votación, que estaba prevista para este jueves 19, al ver en peligro la ley. No en Comisión, donde había atado sus apoyos, sino en el Pleno: Podemos no quiere negociar con el Gobierno por los presuntos casos de corrupción que afectan los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.
¿Por qué peligra? Podemos no tiene representación en la Comisión de Transportes (es BNG quien representa al Grupo Mixto) pero puede bloquear el proyecto en el Pleno. Sus cuatro representantes suman, junto a PP, Vox y UPN, 175 diputados. La mitad del hemiciclo, lo que impediría una mayoría suficiente para aprobar cualquier iniciativa.
¿Qué opinan de la ley? No les entusiasma. Tienen registradas 63 enmiendas. La ponencia aprobó varias de ellas. Y aunque puedan presentar más resistencias y exigir más cambios, la principal diferencia es política. No quieren negociar y han invitado al Gobierno a aplazar cualquier negociación.
¿Hasta cuándo? El plan del PSOE es reactivar la tramitación en julio. Necesita para ello que la Mesa (con mayoría PSOE y Sumar) habilite a la Comisión a celebrar sesiones extraordinarias (julio es mes inhábil). Pero Podemos pide más tiempo: “A partir de septiembre hablamos. Si hay septiembre”, dicen los ‘morados’.
Y el proyecto, ¿qué?
Mucho cambio. Hasta ahora, 140 modificaciones en fase de ponencia: 102 transaccionales y 35 enmiendas en sus términos. En principio hay otra decena de enmiendas transaccionadas para la Comisión. Y, aun así, quedan unas 400 enmiendas ‘vivas’.
Decepción ecologista. La decena de organizaciones ecologistas y sociales agrupadas para la tramitación del proyecto critican la resistencia del PSOE a aceptar sus propuestas. El punto de partida excluyó las medidas fiscales (y Hacienda hizo el resto con sus vetos) y aun así el balance es corto. El PSOE se excusó en los equilibrios parlamentarios, pero las organizaciones apuntan que en algunas de las enmiendas el PP llegó más lejos en algunas de sus propuestas.
Descarbonización. El intento de eliminar la mención al gas natural licuado (GNL) entre los combustibles prioritarios para la transición en los puertos, por ejemplo, fracasó al quedar recogida una mención a la directiva de combustibles alternativos, que sí lo contempla como tal. Tampoco se contemplan objetivos de electrificación ni fondos para la descarbonización.
Planes de movilidad. Un ejemplo está en los planes de movilidad, donde el PSOE rechazó cualquier cambio sustancial en ponencia. Tal y como proponía Transportes, sólo se exigen, al menos por el momento, a empresas con más de 500 trabajadores y a los dos años de entrar en vigor. La batalla sigue abierta para Comisión y Pleno.
Revisión de etiquetado. El Gobierno se compromete a una revisión del etiquetado para contemplar las emisiones de CO2. Queda a expensas de un estudio en el plazo de un año por parte de un grupo de trabajo entre los ministerios de Interior, Transportes, Transición Ecológica, Industria y Economía. La disposición se completa con otra enmienda que modifica la Ley de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial para exigir estos datos y anticipar una serie de umbrales para identificar a un vehículo como gran emisor.
Autobús. Los socios consiguieron suprimir la puerta abierta a la liberalización de rutas y al coste adicional que suponía para las CCAA asumir servicios que quedaran fuera del futuro mapa concesional. También se prevé la comercialización de un único billete combinando línea regular y transporte discrecional cuando no exista una línea que cubra ese trayecto. El cabotaje pierde mucha fuerza, al renunciar Sumar y Bidu a su enmienda. Sólo se votará por mantenerla BNG.
Movilidad eléctrica. Se prevé una definición específica para las estaciones de recarga ultrarrápida, reconocida como figura estratégica para la electrificación del transporte y el suministro eléctrico portuario. Además, se exime de autorizaciones las infraestructuras eléctricas para suministrar energía a puntos de recarga cuando no requieran evaluación de impacto ambiental ni declaración de utilidad pública y se prevén trabajos para la señalización de electrolineras.
Vuelos cortos (y trenes nocturnos). El proyecto prevé una futura regulación para suprimir los trayectos de avión cuando tengan una alternativa ferroviaria de menos de 2,5 horas y no afecten a conexiones internacionales. También se prevé un estudio para evaluar conexiones con países europeos, con especial atención a aquellos en horario nocturnos.
Mercancías bonificadas. Se prevé el impulso de autopistas ferroviarias en corredores estratégicos y un sistema de bonificaciones en los cánones ferroviarios para favorecer el trasvase de mercancías a este modo de transporte, durante un mínimo de cinco años.