Si no puedes convencer a las empresas, siempre puedes tocarle los bolsillos. Esa parece la premisa de una de las propuestas del grupo de expertos designado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social para dar cobertura a uno de los proyectos que prepara el equipo de Yolanda Díaz.
Quizás el más complejo de todos los que ha impulsado hasta ahora: dar a los trabajadores más capacidad de decisión en las empresas y que puedan formar parte del reparto de beneficios.
La vicepresidenta segunda presentó al Consejo de Ministros sus conclusiones este martes. Un trabajo de casi medio millar de páginas con el análisis de propuestas y alternativas para facilitar estos procesos.
Y también un diagnóstico claro: España no ha dado en estos casi cincuenta años pasos suficientes para desarrollar el mandato constitucional de promover la participación de los trabajadores en las empresas ni el acceso a su propiedad.
Entre las ventajas que se pierden con ello, según los expertos, está precisamente uno de los mayores dolores de cabeza de los empresarios: una ganancia adicional de productividad en las sociedades españolas.
Los expertos, en todo caso, apuntan a otra razón a la que la entrada de los trabajadores en la gestión de las empresas podría dar respuesta: en la próxima década un tercio de los propietarios de pymes se jubilará, dando lugar a una posible crisis de sucesión en el empresariado.
Tramos diferenciados
Entre las propuestas para fomentar una mayor democracia laboral, los expertos plantean recompensar o penalizar fiscalmente a las empresas atendiendo a cómo permiten a sus trabajadores influir en las decisiones estratégicas y su grado de participación en el accionariado.
Su aplicación parte de otra propuesta: el índice de desarrollo democrático corporativo, que mide la situación de la empresa atendiendo a estas variables. En función de determinados umbrales se aplicarían distintos tramos.
Como ejemplo, para superar el primer umbral sería necesario contar con dos trabajadores en el Consejo de Administración de la empresa. De lo contrario, la tributación propuesta por los expertos se elevaría cinco puntos, hasta el 30%.
El estudio propone cuatro tramos dirigidos a fomentar mayor participación que oscilan desde ese 30% hasta un atractivo 15%, tipo impositivo mínimo según el acuerdo internacional y al que podrían acceder las empresas cooperativas, en la que los trabajadores poseen sus acciones y gobiernan la empresa.
En caso de que la empresa contara con un sistema de doble mayorías, en el que las decisiones del Consejo tuvieran que ser refrendadas por la plantilla –lo que otorga a los trabajadores derecho de veto–, se propone una tributación al 17%.
Y si en la empresa los trabajadores cuentan con al menos la mitad de los derechos de voto, la compañía tributaría al 22%. Todo lo que no supusiera alcanzar este umbral serían penalizaciones por encima del 25% al que tributan actualmente las empresas.
Otra opción (alternativa o complementaria)
La vía fiscal no tendría por qué limitarse al Impuesto sobre Sociedades, tributo que grava los beneficios empresariales. Los expertos proponen una opción alternativa o incluso complementaria, la de aplicar bonificaciones o penalizaciones a partir del valor añadido de la compañía.
Pero no a partir del IVA declarado, sino a imagen de la tributación francesa sobre el valor añadido –similar a la del impuesto a la banca–, que tiene como base imponible la suma de la remuneración a asalariados y el excedente de explotación.
A partir de este cálculo, se aplicarían tasas positivas, en caso de querer penalizar a las empresas, o negativas, para bonificarlas, ya que el resultado se sumaría o se restaría al resto de impuestos que debe pagar la compañía.
La penalización podría alcanzar un 2% de este valor añadido --a añadir a los impuestos que debe afrontar la compañía-- o, de lo contrario, la empresa podría beneficiarse con una reducción de su factura fiscal de hasta el 4% del valor añadido en caso de alcanzar los mejores estándares.
La ventaja de esta vía, esgrimen los expertos, es que se trata de una base imponible más manejable por su simplicidad, menos expuesta al entramado de deducciones existente y a la que no afectaría posibles deslocalizaciones. Si una empresa externaliza su producción, el ajuste fiscal reintegraría en la base imponible el valor añadido que aportan sus subcontratistas.
El PSOE ya impulsó una reforma
Más allá del margen con el que cuenta el Gobierno para llevar al Congreso la reforma, la aritmética parlamentaria no es alentadora. El bloque de coalición ya registró esta misma legislatura una derrota en la Comisión de Trabajo para pedir cambios normativos que propiciaran un funcionamiento más democrático de las empresas.
La comisión de expertos cita esta derrota como precedente en su informe, donde también destacan que el PSOE ya impulsó una iniciativa legislativa para facilitar la participación de representantes de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas.
Fue en 2002, durante el segundo Gobierno de José María Aznar, legislatura en la que el Partido Popular contaba con una cómoda mayoría absoluta y toda propuesta debía contar con su visto bueno. La propuesta no llegó a debatirse, y tampoco fue recuperada por el PSOE cuando recuperó el Gobierno dos años después.