QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La información que deben reportar las empresas está cerca de dar un vuelco. El Congreso tramita la última actualización de la directiva europea relativa a información sobre sostenibilidad y su trasposición supone un recorte en las obligaciones actualmente vigentes para las grandes empresas.
El proyecto fue enviado a las Cortes por el Consejo de ministros del 29 de octubre y espera aún al cierre de su primer plazo de enmiendas, las de totalidad.
Como curiosidad, la Mesa del Congreso decidió remitirla a la Comisión de Justicia y no a la de Economía, pese al sustancial impacto que tiene para la vida interna de las corporaciones.
¿Qué leyes modifica?
Código de Comercio
Ley de Sociedades de Capital
Ley de Auditoría de Cuentas
Es precisamente en esta última ley en la que se introduce una de las principales novedades, llegando incluso a renombrar la norma, que pasaría a ser la Ley de Auditoría de Cuentas y de verificación de la Información sobre Sostenibilidad.
La reforma regula las normas que rigen la verificación, el acceso al Registro Oficial para poder ejercer la actividad, el régimen aplicable a sus profesionales, su supervisión y las particularidades específicas en la verificación de entidades de interés público.
Esta tarea de verificación, según la directiva, puede ser desarrollada tanto por un auditor como por un prestador independiente de servicios de verificación que esté acreditado por el organismo nacional de acreditación. Para asegurar una mayor competencia e independencia, se prevé que en caso de ser auditor sea una firma diferente a la encargada de examinar los estados financieros de la entidad.
¿Qué otras novedades introduce?
La propuesta amplía el alcance de las obligaciones de información a toda gran empresa, sea cotizada o no. También las pymes deberán presentar información, pero únicamente cuando hayan emitido valores en mercados secundarios. Su informe será más reducido y tendrán un mayor margen de adaptación a las nuevas normas. Las microempresas quedan excluidas.
Además, se actualizan los parámetros para ser considerada gran empresa, considerando como tal a las sociedades dominantes de un grupo de gran tamaño que cumplan durante dos ejercicios consecutivos al menos dos de estas condiciones:
más de 25M activo consolidado
más de 50M cifra anual de negocios consolidada
más de 250 empleados cifra media
¿Cómo afecta al contenido del informe?
Las modificaciones en el Código de Comercio y la Ley de Sociedades de Capital, además de prever el papel que jugarán los verificadores y su lugar en el funcionamiento corporativo de las empresas, alteran sustancialmente el contenido del nuevo informe de sostenibilidad.
Todo este conjunto de información pasa de llamarse estado de información no financiera consolidado a simplemente informe de sostenibilidad.
El Ejecutivo plantea en la nueva regulación que el informe reporte una breve descripción del modelo de negocio y la estrategia y la información necesaria para comprender el impacto del grupo en cuestiones de sostenibilidad.
Concretamente, qué impacto genera la empresa en cuestiones de sostenibilidad y cómo afectan a la evolución, los resultados y la situación del grupo, a lo largo de toda la cadena de valor.
¿Qué son estas cuestiones de sostenibilidad? La regulación propuesta concentra la información exigida en los objetivos de neutralidad climática y reducción de emisiones o la exposición de la actividad del grupo a los sectores del carbón, petróleo y gas.
Las sociedades también deberán especificar qué recursos y relaciones utiliza la empresa para crear sus productos y servicios, pero el Gobierno obvia la gran mayoría de cuestiones que hasta ahora exigía a las empresas en el llamado estado de información no financiera.
Esta información, recogida en un apartado que el Ejecutivo propone derogar, abarca un amplio abanico de cuestiones de carácter medioambiental, de la propia plantilla de la empresa, el respeto a los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y el soborno, o la relación de la empresa con la sociedad (incluyendo ahí política de subcontratación, información fiscal o los consumidores).
Y es que la Ley 11/2018 en materia de información no financiera introdujo toda una serie de obligaciones para las grandes empresas, exigiéndolas a detallar, por ejemplo, la distribución de sus empleados por sexo, edad y clasificación profesional, la distribución por modalidades de contrato, números de despidos, remuneraciones medias de trabajadores y directivos y también cualquier pago de retribución variable o dietas.
También los procedimientos de negociación con los trabajadores, las horas de formación, los beneficios obtenidos país por país, los impuestos sobre beneficios pagados o las subvenciones recibidas.
El cambio de paradigma puede entenderse al comprobar que el proyecto en tramitación sí que recoge la obligación de detallar información sobre los sistemas de incentivos, pero en caso de que estén ligados a cuestiones de sostenibilidad.
La paradoja PSOE: deroga ahora su propuesta
¿Qué pasó entonces? La mencionada Ley 11/2018 fue aprobada a los meses de llegar Pedro Sánchez a la Moncloa –fue publicada en el BOE a finales de ese año—pero quien aprobó una primera propuesta, un decreto-ley que acabaría tramitándose como proyecto, fue el propio Gobierno de Mariano Rajoy.
La propuesta inicial, sin embargo, no incluía estas exigencias de información, que fueron ampliadas sustancialmente durante su paso por un Congreso en el que los ‘populares’ eran minoría.
La XII Legislatura, después de la primera repetición electoral, fue la primera de Podemos y Ciudadanos, cargada de un potente impulso de regeneración en el que las políticas contra la corrupción y la mejora de las condiciones laborales estaba en el centro de las miradas.
La paradoja radica, sin embargo, en que no fueron estas formaciones las que propusieron el grueso de estas medidas, sino que fue el partido que ahora impulsa su derogación. El Grupo Socialista registró, todavía con Pedro Sánchez en la oposición, la base de las obligaciones vigentes para las empresas.
Podemos, PNV y PDeCAT sí que aludieron a cuestiones como los impuestos o las subvenciones recibidas, pero no llegaron tan lejos en sus propuestas.
Eran los años en los que la derogación de la reforma laboral de Rajoy era bandera en el arco izquierda –quizás ello explica el interés por conocer el porcentaje de contratos temporales sobre indefinidos—
La ley acabó aprobada sin ningún voto en contra en el Congreso, con sólo una abstención.
