El endurecimiento del control fiscal sobre los trabajadores por cuenta propia tiene ya un nombre clave: Verifactu. Según adelanta La Razón, este sistema, que será obligatorio a partir de 2027, ya contempla sanciones de hasta 50.000 euros por el uso o la mera tenencia de software de facturación no homologado.
Multas por el software, no por errores puntuales
El cambio más relevante es que la sanción no se deriva de fallos concretos en la facturación, sino del uso de programas considerados ilegales, especialmente aquellos que permiten alterar o ocultar datos contables.
Esta infracción está recogida en el artículo 201 bis de la Ley General Tributaria, que establece una multa fija de 50.000 euros por cada ejercicio fiscal en el que se detecte el incumplimiento.
Un calendario aplazado hasta 2027
Inicialmente, Verifactu iba a entrar en vigor en 2026 —enero para grandes empresas y julio para pymes y autónomos—, pero el Gobierno ha decidido retrasar su aplicación un año.
De este modo, las nuevas obligaciones serán exigibles a partir de enero de 2027 para sociedades y julio de 2027 para autónomos y pequeños negocios.
Software certificado y trazabilidad total
La normativa obligará a que todos los programas de facturación sean Sistemas Informáticos de Facturación (SIF) certificados, diseñados para garantizar la integridad, inalterabilidad y trazabilidad de los datos.
Entre las principales novedades, cada factura deberá incluir un código QR que permitirá verificar su autenticidad de forma inmediata.
Un control sin precedentes por parte de Hacienda
Además, los sistemas deberán generar un registro de eventos, en el que quedarán documentadas todas las acciones realizadas por el usuario: accesos, modificaciones o intentos de eliminación de datos.
Este elemento supone un cambio significativo, ya que permitirá a la Inspección detectar posibles manipulaciones con un nivel de detalle hasta ahora inexistente.
Recomendaciones para evitar sanciones
Ante este nuevo escenario, los expertos aconsejan a los autónomos anticiparse a la entrada en vigor del sistema.
La recomendación principal es comprobar con el proveedor si el software de facturación ya cuenta con certificación oficial o, en caso contrario, buscar alternativas homologadas para evitar sanciones que podrían comprometer seriamente la viabilidad del negocio.