El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta un anteproyecto de ley que reforma la Ley General Tributaria para trasponer la última modificación de la Directiva europea 2011/16/UE relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, más conocida como DAC8.
Esta actualización traslada al ámbito de la Unión Europea el marco de comunicación de información sobre criptoactivos de la OCDE y permitirá dar cumplimiento a las obligaciones de asistencia mutua con el resto de estados miembros.
La propuesta contiene modificaciones en materia de asistencia mutua pero también en el ámbito recaudatorio.
En el primer caso, se procede a adaptar las obligaciones informativas sobre criptomonedas situadas en el extranjero y sobre saldos en las mismas, sustituyendo el concepto de moneda virtual por el de criptoactivo.
Así, las obligaciones de diligencia debida y de información sobre criptomonedas en España que deben cumplir los proveedores de estos servicios afectarán tanto a usuarios residentes como a no residentes.
Por otro lado, el anteproyecto reconoce de manera expresa a las criptomonedas entre los bienes susceptibles de sufrir embargos. También a los bienes y derechos situados en entidades de pago y de dinero electrónico.















