Es un debate recurrente en política económica. Particularmente, en los prolegómenos de toda subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Si el Gobierno eleva por decreto el suelo salarial, ¿no deberían poderse actualizar los contratos públicos para adaptarse a esa nueva realidad?
En un escrito remitido al Congreso, y al que ha tenido acceso Demócrata, el Ministerio de Hacienda hace una estimación aproximada y calcula que la revisión tendría un impacto de unos 280 millones de euros en la Administración General del Estado.
Para ello es imprescindible modificar la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, una reforma que el Ministerio de Hacienda ha rechazado pese al empujón dado al SMI desde 2018, un incremento acumulado superior al 60% --hace siete años estaba en 735 euros al mes y hoy está en 1.184 euros--.
El enroque de María Jesús Montero llevó a Yolanda Díaz, vicepresidenta de Trabajo y líder de Sumar, a auspiciar una reforma, aun sin el apoyo del socio. La proposición de ley fue registrada en febrero de 2025, sin que hasta ahora Sumar haya decidido defender su toma en consideración ante el Pleno.
Vuelve por Navidad
La iniciativa permanece en un cajón y el debate ha estado soterrado… hasta ahora. La semana pasada, Hacienda vetó una enmienda del PNV que buscaba habilitar la revisión de contratos, dentro del proyecto de ley integral de impulso a la economía social.
La enmienda pasó desapercibida para el Gobierno durante la ponencia pero, horas antes de votarse en la Comisión de Trabajo, Hacienda dirigió un veto al Congreso. La propuesta implicaba un aumento de gasto presupuestario y, en virtud del artículo 134.6 de la Constitución, solicitaba excluirla de la tramitación.
La portavoz del PNV en la Comisión, Idoia Sagastizabal, no era conocedora del veto ni de la votación de la Mesa de la Comisión que había tenido lugar minutos antes de empezar la sesión para refrendarlo.
La enmienda tenía todas las papeletas para haber sido incorporada al dictamen, ya que era vista con buenos ojos por PP, Vox y Junts. También por Sumar, que tiene registrada una iniciativa en la misma línea pero, paradójicamente, decidió alinearse con el PSOE para refrendar el veto emitido por Hacienda y sacar la enmienda del cuaderno de votaciones.
¿Y cuánto costaría esa revisión?
Hacienda cifra su coste en unos 280,5 millones de euros para la Administración General del Estado, pero dejaría un coste mayor aún en el sector público local y autonómico, según el veto comunicado al Congreso.
El cálculo se extrapola de la revisión al alza en un 2% de todos los contratos públicos suscritos, según los datos de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), que cifra en 14.026,18 millones los contratos de servicio en el sector público estatal, de un total de 47.692,47 millones de todo el conjunto del sector público.
¿Qué regulaba la enmienda?
Una cláusula para revisar contratos públicos cuando los costes laborales derivados de la modificación superen el 50% de todos los costes del contrato y el incremento interanual de los costes salariales, sea vía convenios o cambios normativos, exceda el 3%.
La revisión, en todo caso, se limitaba a un 20% del contrato y se vinculaba al peso de los costes salariales en el mismo.
Hacienda ve “incentivos indeseados”
Además del aumento presupuestario, el Ministerio justifica su rechazo en la posibilidad de “generar incentivos indeseados” con la reforma, ya que sería la Administración la que asumiría las consecuencias de una negociación, y no los negociadores.
También apunta al “agravio comparativo de los contratistas públicos” respecto al resto de contratistas. Y apela al principio de “riesgo y ventura” como consustancial a la figura de la contratación pública.
“Perdería todo su sentido si sistemáticamente se arbitraran mecanismos de revisión que eliminen el riesgo para el contratista”, reflexiona Hacienda, apuntando que el presupuesto del contrato y la oferta del contratista deben contener ya una previsión de aumento salarial.