El Gobierno apuesta por la tecnología como uno de los ejes vertebradores de la lucha contra la corrupción. El pasado martes, el Consejo de Ministros dio luz verde al Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública (en primera vuelta) y ya se conocen los detalles del articulado, que consta de 84 medidas y modifica hasta 18 leyes, seis de ellas orgánicas. Entre ellas, destaca la innovación tecnológica como herramienta preventiva.
La arquitectura del anteproyecto descansa sobre cinco grandes ejes: la prevención de riesgos y el fortalecimiento de los controles; la investigación y la acción de la Justicia junto con el régimen sancionador; la sensibilización ciudadana; la recuperación de activos; y la protección de los informantes. Se trata de una estructura alineada con los estándares internacionales y diseñada con el aval metodológico de la OCDE, que ha colaborado en su elaboración.
Pero más allá de este marco estratégico, la norma convierte la Inteligencia Artificial y el análisis masivo de datos en instrumentos clave para anticipar riesgos y detectar irregularidades.
IA y datos compartidos
El anteproyecto pretende generalizar el uso de IA en el sector público y potenciar la compartición de datos para dotar a la Administración de sistemas capaces de identificar patrones anómalos, relaciones de riesgo o posibles conflictos de interés de manera automatizada.
En sintonía, se plantea extender el modelo aplicado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) en lo relativo a la gestión ordinaria del Estado. El eje de ese modelo es MINERVA (Modelo de INferencia de Riesgo de conflicto de intereses), una herramienta de minería de datos con sede en la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
MINERVA sirve para detectar conflictos de interés y cruzar datos en busca de posibles relaciones que puedan comprometer la imparcialidad:
- Miembros de mesas de contratación.
- Órganos de valoración.
- Empresas licitadoras.
- Administradores.
- Beneficiarios finales.
No obstante, el Gobierno ha de salvar un importante obstáculo, ya que no se puede replicar como tal el modelo del PRTR en la gestión ordinaria porque en esta última no existe una aplicación única de registro de operaciones. No hay, en consecuencia, un código identificativo equivalente al del PRTR.
Por ello, se prevé regular específicamente quién puede acceder a MINERVA, estableciendo además controles reforzados de acceso y blindando el cumplimiento de la normativa de protección de datos (con especial atención a los datos personales, societarios y relacionales).
Digitalización
El anteproyecto apuesta por la digitalización plena del procedimiento de gasto, de manera que todos los documentos que integran un expediente se generen y registren electrónicamente desde su origen. El sistema, de prosperar, incorporaría validaciones y controles automáticos que impedirían la entrada de documentos que no estén debidamente formalizados.
Para ello será necesaria la normalización documental y la creación de una base de datos estructurada que concentre todas las operaciones de gasto del Estado. Esta infraestructura permitirá aplicar herramientas de análisis de datos e IA para elaborar mapas de riesgo con mayor precisión.
El refuerzo tecnológico también alcanzaría a la Plataforma de Contratación del Sector Público y a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Además, en el ámbito de las subvenciones, el anteproyecto subraya que, a diferencia de la contratación pública, la Administración no recibe directamente bienes o servicios, sino que es el beneficiario quien ejecuta actuaciones que justifican el gasto. Esa propia naturaleza multiplica las oportunidades de fraude, razón por la cual estas ayudas quedan plenamente integradas en el perímetro del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción.
Con esta norma, el Ejecutivo busca reforzar el sistema preventivo del Estado apoyándose en tecnología, trazabilidad y análisis masivo de datos. Sin embargo, todo el grueso de propuestas en este sentido aún deberá esperar, puesto que el anteproyecto tiene que ser aprobado nuevamente en Consejo de Ministros antes de ser remitido al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria; por lo que todo es susceptible de posibles cambios -si es que supera todo el proceso y aterriza en el BOE-.