Los nuevos dispositivos de seguimiento de maltratadores se colocarán en el tobillo, contarán con una batería de mayor duración y dispondrán de una tarjeta SIM no extraíble. Así lo ha anunciado este martes la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tras el Consejo de Ministros.
El Ejecutivo ha aprobado un acuerdo que autoriza la contratación del servicio integral del sistema de seguimiento telemático del cumplimiento de las medidas cautelares y de las penas de prohibición de aproximación en casos de violencia de género y violencia sexual.
Un contrato de hasta 111 millones de euros
El nuevo contrato tendrá una duración inicial de 36 meses y un presupuesto base de licitación de 71.369.269,41 euros. Esta cifra podrá elevarse hasta los 111.100.438,80 euros —valor estimado del contrato— en caso de que se activen las dos prórrogas anuales previstas, lo que permitiría alcanzar una duración máxima de 60 meses.
Debido a que los Presupuestos Generales del Estado se encuentran prorrogados, el Consejo de Ministros ya aprobó el pasado 20 de enero la modificación de los límites de gasto para adquirir compromisos con cargo a ejercicios futuros, con el objetivo de permitir al Ministerio de Igualdad la tramitación de este contrato.
Relevo del Sistema Cometa
La licitación del nuevo sistema llega tras los fallos detectados en el Sistema Cometa, encargado hasta ahora del funcionamiento de estos dispositivos. La Fiscalía General del Estado advirtió en su Memoria de 2024 de la existencia de “múltiples fallos” en el sistema, así como de un elevado número de sobreseimientos provisionales y sentencias absolutorias.
Ante estas advertencias, la ministra ha recordado que su departamento puso en marcha dos investigaciones, una interna y otra externa, y que solicitó al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado que remitieran las resoluciones judiciales absolutorias o de sobreseimiento relacionadas con estos fallos.
A la espera de las sentencias
Redondo ha subrayado que, varios meses después de la solicitud, el Ministerio de Igualdad sigue sin recibir dichas sentencias. “A fecha de hoy seguimos esperando esas resoluciones”, ha señalado, insistiendo en que este retraso debe tenerse en cuenta a la hora de evaluar el funcionamiento del sistema actual y la necesidad de su renovación.