QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La premisa es sencilla: garantizar que cualquier transacción económica pueda hacerse en efectivo. Fin a la restricción fijada en la ley antifraude que limita los pagos en efectivo hasta mil euros cuando una de las partes es una empresa. Y sanciones para las empresas que pongan trabas a este derecho, de hasta 100.000 euros para los negocios con mayor nivel de facturación.
Esta es la propuesta impulsada por la plataforma Salvemos el dinero físico, que espera la autorización de la Junta Electoral Central (JEC) para iniciar la recogida de firmas y llevar al Congreso una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Necesita 500.000 firmas de ciudadanos inscritos en el censo electoral. Tiene para ello nueve meses, aunque el plazo puede ampliarse otros tres meses más.
La iniciativa –Proposición de ley sobre el derecho y la libertad de uso del dinero físico– reconoce el derecho de todas las personas, físicas o jurídicas, a utilizar el dinero físico en sus actividades económicas, y la obligación de todas las personas físicas o jurídicas de aceptar los pagos en el mismo.
La ILP reconoce el derecho de todas las personas a utilizar el dinero físico y la obligación a aceptar los pagos a través de este medio
El único supuesto en el que un operador estaría exento de habilitar la transacción en efectivo es cuando la contraprestación sea exclusivamente electrónica y no sea por adquisiciones de bienes o servicios ya realizadas.
La iniciativa también obliga a los bancos a tramitar sin coste para el consumidor los pagos en efectivo por bienes o servicios recibidos, durante todo el horario de apertura de las entidades, así como a los operadores de bienes o servicios esenciales o de interés general.
Además del pago en efectivo presencial, los impulsores de la iniciativa proponen la entrega a través de giro postal, fijando un precio máximo para el pago de bienes o servicios esenciales o de interés general del 25% del coste ordinario.
Dependencia tecnológica y de los bancos
La iniciativa está impulsada por la plataforma Salvemos el dinero físico, un colectivo que, alarmado ante el auge de los pagos digitales, avisa de la posibilidad de que los pagos en efectivo acaben prohibiéndose, con la desaparición de las monedas y los billetes y su sustitución por monedas digitales.
“Nos preocupa mucho que los bancos y ciertas empresas exijan sólo el pago mediante transferencias o pagos electrónicos, impidiendo pagos en efectivo”, explica Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y miembro de la comisión promotora de la ILP.
«¿Qué pasa si quiero vivir de espaldas a los bancos? No puedo. Y las condiciones que fijan son cada vez más leoninas», esgrime Carlos Ruiz Miguel, uno de los impulsores de la iniciativa
La plataforma critica la dependencia tecnológica de los pagos electrónicos y la necesidad de intermediarios que, en el caso de un pago en efectivo, no existen. Incluso del propio suministro eléctrico, apunta Ruiz Miguel. Un apagón en la red eléctrica, o la caída de los sistemas de los operadores de pago pondría en jaque las transacciones.
También cuestiona el papel imprescindible de los bancos. “¿Qué pasa si quiero vivir de espaldas a los bancos? No puedo. Y las condiciones que fijan son cada vez más leoninas, de horarios, comisiones…”, apostilla.
El límite de 1.000 euros, en el punto de mira
Ruiz Miguel insiste en que en países como Francia, Italia o Alemania los límites al uso del dinero en efectivo son mucho menos restrictivos, y que en ellos se registra un mayor volumen de negocio y masa salarial, por lo que cree que la restricción “no responde a ninguna lógica económica ni tributaria”.
Es más, la plataforma plantea en la exposición de motivos de la iniciativa que el mencionado límite de 1.000 euros para el pago de operaciones en las que una de las partes actúe como empresa o profesional no supone la trasposición de ningún artículo de la directiva.
Incumplir la obligación de garantizar el derecho al pago en efectivo sería constitutivo de una sanción administrativa. Su importe oscilaría entre los 100 y los 100.000 euros
Y recuerda la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que rechaza aquellas regulaciones que impiden el pago en efectivo, ni conducir a la desaparición de esta forma de pago.
También con la Administración
Para las operaciones en las que no sea posible el pago en efectivo, los proponentes quieren que el Estado garantice la existencia de una forma de pago electrónico segura, gratuita y accesible a cualquier ciudadano.
La propuesta legislativa no afectaría sólo a las relaciones entre particulares, ya que también prevé garantías para que cualquier pago con la Administración Pública pueda liquidarse por giro postal a través de Correos.
En caso de negarse la Administración a este pago, la consecuente reclamación por esta negativa suspendería el plazo del pago de la deuda, una disposición similar a la de las transacciones entre particulares.
Sanción administrativa de hasta 100.000 euros
La propuesta recoge que incumplir el derecho al uso del dinero físico sería constitutivo de una infracción administrativa, pudiéndose presentar denuncias ante la Policía Local, oficinas municipales de información al consumidor o los propios ayuntamientos.
El cálculo de las sanciones se realizaría en función del volumen de negocio, oscilando entre las multas de 100 euros para negocios de menos de 100.000 euros hasta los 100.000 euros cuando la facturación supere los 100 millones.
El origen de la iniciativa, relata el catedrático Ruiz Miguel, tiene lugar en la asociación Eleuteria (Libertad y Derechos fundamentales). Fue presentada en junio, antes de la disolución de las Cortes Generales.
De hecho, en la plataforma confiaban en que fuera la Mesa de la Diputación Permanente la que calificara la propuesta y decidiera sobre su admisión a trámite. En ese caso podrían haber llevado la propuesta a la arena electoral y buscar un posicionamiento explícito a los partidos. La decisión de la Mesa entonces fue pasar la pelota a las Cortes que resultaran del 28-J.
