QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
No se anda con rodeos Joan Capdevila, presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo durante estos años al valorar el trabajo legislativo de su Comisión: “Pobre”. El balance se reduce a una sola iniciativa, una proposición de ley impulsada por el PSOE para contabilizar estadísticamente la contratación pública con pymes y microempresas.
En contraposición, Capdevila presume de haber liderado la Comisión que más sesiones ha celebrado después de la de Sanidad, principal órgano de debate en el Congreso durante la pandemia de Covid-19.
En la valoración pesa una ausencia por encima de cualquier resultado: la prometida Ley de Industria, llamada a modernizar un marco normativo de más de 30 años (la actual fue aprobada en 1992) y dar un impulso al sector.
La norma no llegó. Ni la aprobó Reyes Maroto durante sus más de cuatro años en el cargo, ni tampoco su sucesor, Héctor Gómez. En su estreno en el Congreso esbozó las grandes líneas del proyecto que, aseguró, pensaba llevar a las Cortes “de inmediato”. Las Cortes se disolvieron semanas después y el proyecto no había sido remitido por el Consejo de Ministros.
Era un compromiso del Plan de Recuperación
Tristana Moraleja, portavoz industrial del PP, recuerda que la norma era uno de los hitos comprometidos en el Plan de Recuperación. Y que, sin embargo, no vio la luz como anteproyecto hasta finales de 2022.
Tampoco es que el contenido le entusiasmara: “Era un texto lleno de vaguedades y con poca concreción en los temas”, despacha, lamentando que se presentara “sin escuchar a los sectores industriales y sin las aportaciones de las comunidades autónomas”, traduciéndose así en “una falta total y absoluta de cogobernanza real y efectiva”.
Tanto Esquerra Republicana como PNV habían avisado al Gobierno de sus reticencias sobre una norma que, a su juicio, pecaba de recentralizadora. La portavoz de PNV en la Comisión, Idoia Sagastizabal, anticipaba semanas antes que tendrían “problemas por las competencias”, ya que en materia de industria están transferidas a las comunidades autónomas.
Ya en marzo la diputada del PNV veía difícil que la norma pudiera tramitarse, teniendo en cuenta que la ahora exministra Reyes Maroto estaba de salida, preparándose para la batalla electoral en la ciudad de Madrid. Y también rebajaba la necesidad de contar con una nueva ley estatal: “Tampoco hace falta una Ley de Industria para hacer bien las cosas”.
¿En qué quedó el Pacto de Estado?
A la Ley de Industria debía haberle precedido un Pacto de Estado por la Industria que tampoco llegó. Moraleja (PP) asegura que en 2018, con los ‘populares’ en la Moncloa, “ya estaba consensuado y se iba a firmar” pero que “el PSOE se negó a firmar” y al llegar al Gobierno “se deja de lado”.
«Ni el Pacto de Estado ni la Ley de Industria llegaron, y se habían prometido a los sectores»
Joan Capdevila (ERC)
Cuando se reactiva, critica, lo hace “sin aportaciones de las comunidades” y con Maroto ya elegida como candidata a la Alcaldía de Madrid. La firma del Pacto llegó a tener fecha, el 24 de febrero, pero finalmente se desconvocó. Desde el PSOE acusaron entonces al PP de haber dado la espalda al Pacto, asumiendo que sin el principal partido de la oposición ese acuerdo era inviable.
Moraleja esgrime que el documento planteado “nacía ya caducado” por la entrada el 1 de marzo de una comunicación de la Comisión Europea para reorientar la política industrial europea frente al riesgo de pérdida de competitividad frente al plan de la Administración Biden contra la inflación (IRA, por sus siglas en inglés).
El “bloqueo” de iniciativas, un “evidente abuso del reglamento”
Capdevila (ERC) lamenta la ausencia del Pacto de Estado ni su consecuente Ley “tal como se había prometido a los sectores”. “Otros proyectos sí llegaban, pero se atascaban en la Mesa del Congreso”, apostilla.
Es el caso de los otros tres proyectos que tramitaba la Comisión: uno derivado del Decreto-ley 35/2020 con medidas de apoyo al sector turístico, hostelería y comercio, el régimen sancionador para empresas morosas –principal reivindicación en la Comisión de Asuntos Económicos, pero que se derivó a Industria– y una proposición de ley enviada por la Junta General del Principado de Asturias para la declaración del carácter estratégico de la industria electrointensiva.
Todas estas iniciativas ‘murieron’ con la disolución de las Cortes en sucesivas prórrogas para presentar enmiendas, aprobadas en la Mesa del Congreso. El que ha sido presidente de la Comisión critica el “bloqueo legislativo mediante la eternización de los períodos de enmiendas por parte de la Mesa del Congreso y los partidos que la integran”, por suponer un “evidente abuso del Reglamento”.
Las ayudas a las industrias electrointensivas
“La Comisión no ha legislado sobre algunas de las cuestiones que habrían sido clave para la industria”, lamenta el portavoz de Vox, José María Figaredo, que pone de ejemplo el estatuto de la industria electrointensiva, aprobado por decreto-ley, y la Ley de Industria. Esta, a su juicio, debería retirar “el lastre” de los derechos de emisión de CO2 y permitir la extracción de recursos minerales, levantando las prohibiciones de la Ley de cambio climático.
La única ley aprobada salió con polémica: El PSOE aprovechó para reformar todo un impuesto en una ley completamente ajena
Isidro Martínez Oblanca, diputado de Foro Asturias, lamenta que ninguno de los decretos con ayudas para la industria electrointensiva atendieron las peticiones de estas plantas. “Basta repasar el decreciente impacto de la industria sobre el PIB y la pérdida de empleo industrial para evaluar muy negativamente la legislatura”, asegura, apuntando al papel de debilidad del Ministerio frente al de Transición Ecológica en el Consejo de Ministros.
La reforma total de un impuesto aprobada por enmienda
Para rizar el rizo, la única iniciativa legislativa aprobada en la Comisión fue también polémica. La proposición, una pequeña modificación de la Ley de Transparencia para obligar a las administraciones a publicar información estadística sobre la participación de pymes en contratos públicos, fue enmendada por el PSOE con una completa reforma del IGFEI (Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero).
Una “artimaña perversa”, según PP, Vox y Ciudadanos, que rechazaron ese proceder del PSOE por considerarlo un “abuso” respecto al resto de grupos, que no pudieron plantear enmiendas en el Congreso a esta propuesta.
Mucho trabajo, pero no legislativo
La “pobre” actividad legislativa palidece frente a un recuento de 42 sesiones en esta legislatura. Y es que la Comisión, anticipándose a la propia Comisión de Reconstrucción que impulsó el Congreso, empezó a llamar a comparecer, presencialmente o por videoconferencia, a patronales, organizaciones sociales o sindicales de los diferentes sectores productivos.
El presidente espera que la Comisión siga siendo una «comisión abierta» y de «escucha atenta de la sociedad»
En una primera tanda se celebraron 24 comparecencias para informar de la situación de los sectores por los efectos de la pandemia y, posteriormente, se celebraron otras 20 comparecencias meses después para plantear propuestas para la recuperación y el mejor aprovechamiento de los fondos europeos.
Capdevila espera que la Comisión siga en la próxima legislatura por el mismo camino de “comisión abierta” y de “escucha atenta de la sociedad y sus agentes y sectores”.
Una subcomisión que se quedó a medias
A esta labor de escucha se le añade la creación de una subcomisión para plantear propuestas y reformas dirigidas a acelerar el despliegue y la instalación de puntos de recarga eléctrica y de hidrógeno en la automoción.
La subcomisión celebró 31 comparecencias y ya había aglutinado una serie de propuestas, con reformas concretas en la Ley de Carreteras, la Ley del Sector Eléctrico o el Decreto-ley 29/2021 de medidas para el fomento de la movilidad eléctrica.
Sin embargo, los trabajos de la subcomisión quedaron sin completarse. La convocatoria anticipada de elecciones pilló a los diputados a punto de abordar el borrador con las propuestas de reforma.
El Grupo Parlamentario Socialista decidió no colaborar en la elaboración de esta información
