Si el Gobierno quiere frenar los desahucios, que el Estado pague en los juzgados. Ese ha sido el mensaje trasladado este jueves por Junts, ante la derogación en el Congreso este jueves de la moratoria antidesahucios, incluida en el conocido como decreto-ley ómnibus, y que no tiene apoyos suficientes para su convalidación.
Este decreto-ley incorpora otras medidas de asistencia social, como la prohibición de cortes de suministros, descuentos en el bono social, y una batería de incentivos fiscales a la movilidad eléctrica o a afectados por la DANA y los incendios. También las entregas a cuenta a las comunidades autónomas.
Sin embargo, son las garantías contra los desahucios las que justifican el ‘no’ de PP y Junts. El Gobierno pactó con el PNV rebajar el alcance de la moratoria y excluir a pequeños propietarios, pero no les basta.
La moratoria, en todo caso, no deja de ser una habilitación al juez para poder frenar el procedimiento de forma temporal en caso de acreditarse determinadas condiciones de vulnerabilidad.
Junts alude a una regulación ya vigente…
Ante la derogación, Junts ha planteado este jueves una alternativa. Que el Gobierno consigne en los juzgados los recursos asignados a compensar directamente a los propietarios y paralice los procedimientos.
No haría falta cambio legal alguno, aseguran fuentes de esta formación, que se remiten al artículo 22.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para situar el llamado “enervamiento del desahucio”.
Ese artículo regula la posibilidad de frenar un procedimiento en caso de depositar en el juzgado las cantidades adeudadas.
… Que no aplicaría a los desahucios paralizados
Sin embargo, la regulación que plantea Junts tiene ciertas limitaciones a los casos que amenaza el fin de la moratoria, ya que se exige el pago en un plazo que se entiende ampliamente superado por los casos ahora paralizados.
Pero es que tampoco sería de aplicación este enervamiento si el propietario ha exigido el pago al menos un mes antes de la demanda y este no se ha producido en el plazo previsto.