La Comisión de Sanidad se reunirá el próximo jueves 19 de junio para aprobar el informe de ponencia del Proyecto de Ley de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, que sería remitida al Senado puesto que no tiene avocación a Pleno.
Tal y como adelantó Demócrata, estaba previsto que la ponencia despachara el informe en la misma sesión constitutiva ya que se trata de una iniciativa conocida y trabajada.
Se ha incorporado al proyecto de ley la enmienda para excluir del sistema de precios de referencia la innovación incremental de medicamentos, impulsada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y firmada por todos los grupos a excepción de PP, Vox y Junts.
Según fuentes de la ponencia, Junts finalmente ha apoyado su integración en el texto, mientras que los populares y los de Santiago Abascal se han mantenido en sus trece y han votado en contra.
¿Qué es la innovación incremental y qué plantea la enmienda?
La innovación incremental en medicamentos se refiere a mejoras o modificaciones que se hacen sobre medicamentos ya existentes. No se trata de una molécula nueva, sino una mejora en el tratamiento, la seguridad, la adherencia o la accesibilidad. Por ejemplo, nuevas fórmulas de administración, mejoras en la formulación, combinación de principios activos conocidos o dosis adaptadas a poblaciones específicas.
La enmienda reforma el artículo 98 de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, dedicado al sistema de precios de referencia, para introducir una serie de excepciones.
La industria farmacéutica lamentaba que el sistema de precios de referencia era un corsé y exigían que medicamentos que tuvieran innovación incremental quedaran al margen o atendieran a un precio más elevado.
Así, podrán quedar exentos del sistema de precios de referencia o aplicarse un coeficiente que eleve el precio de referencia aquellos medicamentos en los que, por razón de una nueva indicación, una dosificación más baja, una nueva forma farmacéutica, una ventaja farmacocinética o cualquier otra característica, que redunde de forma objetiva en una mejora para los pacientes o una ventaja estratégica para el Sistema Nacional de Salud.
También constituirán conjuntos independientes al sistema de precios de referencia las presentaciones indicadas para tratamientos en pediatría, así como las presentaciones correspondientes a medicamentos calificados de uso hospitalario, los medicamentos sometidos a reservas singulares para su dispensación en los servicios de farmacia de los hospitales y los envases clínicos.
De igual forma, no se formarán conjuntos de referencia de medicamentos derivados del plasma humano ni los medicamentos con la calificación de huérfanos.
Podrá revisarse al alza el precio de referencia de medicamentos estratégicos reconocidos por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, a propuesta de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos.
Por último, el Ministerio de Sanidad se compromete a regular mediante un real decreto un sistema de precios para los productos sanitarios financiados y dispensados con receta en oficina de farmacia sobre principios similares, aunque adaptados a las especificidades de los mismos.
Medicamentos veterinarios y colaboración de la industria farmacéutica
El resto de enmiendas incorporadas están relacionadas con cuestiones competenciales y de coordinación.
El Grupo Republicano mantiene viva para votación en la Comisión de Sanidad una enmienda sobre medicamentos veterinarios. En concreto, plantean que el Gobierno dialogue con el sector veterinario para articular las fórmulas necesarias para revisar y modificar la normativa vigente de uso de antibióticos en animales que tanto malestar y agitación ha provocado en el sector. Esta iniciativa tiene su génesis en una Proposición No de Ley aprobada recientemente en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Por su parte, el Partido Popular también mantiene viva una enmienda que pretende reforzar la colaboración entre el sector farmacéutico y las autoridades públicas en situaciones de emergencia sanitaria.
En concreto, propone que las empresas del sector farmacéutico y de productos sanitarios colaboren con la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y demás Administraciones públicas con competencias en materia de planificación, preparación y respuesta ante emergencias sanitarias con el objetivo de contribuir a la identificación de necesidades y actuaciones relacionadas con la innovación, el desarrollo, producción, adquisición, almacenamiento estratégico y distribución de medicamentos y productos sanitarios.
Los populares consideran que, así, se garantizaría la continuidad del suministro y la disponibilidad en situaciones de crisis sanitaria.