QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Moncloa quiere concentrar el foco en la política de vivienda en el arranque del curso político y la nueva empresa pública es su principal baza.
Hay muchas razones para ello. Para empezar, es el mejor instrumento para desarrollar la apuesta del PSOE para afrontar la crisis de acceso a la vivienda: una mayor oferta, de carácter público y protegido y a precio asequible.
Pero es que, estratégicamente, es la mejor de sus opciones ante la debilidad parlamentaria del Ejecutivo y la dificultad de construir acuerdos, también en la política de vivienda.
Medidas anunciadas por Pedro Sánchez este lunes, como las subidas fiscales a las socimis o a los pisos turísticos, fueron frenadas en el Congreso durante la tramitación del paquete fiscal a finales del año pasado. Y las exenciones fiscales a los propietarios –del 100% del IRPF si alquilan acorde al índice de precios– no convencen a sus socios de izquierda por su carácter regresivo.
Con la empresa pública, sin embargo, el Gobierno tiene las manos libres, más allá de modificaciones legales puntuales (el último decreto-ley con la prórroga de ayudas incluye una flexibilización de la Ley de contratos del sector público y un mandato para aglutinar vivienda y suelo en la nueva SEPES). Otro cambio legal del que sí depende es la reforma de la Ley del Suelo.
Vivienda protegida no descalificable
Otra razón es la posibilidad de combatir cuerpo a cuerpo con las recetas del PP en un terreno distinto al de la intervención de precios. Este mismo martes, la ministra Isabel Rodríguez enfatizó al distinguir su vía de movilizar recursos para aumentar la oferta de vivienda protegida a precio asequible frente a la liberalización de suelo que plantean los ‘populares’, ya que esta no implica vivienda protegida.
Es más, Rodríguez ha asegurado que el objetivo del Gobierno es que toda vivienda que se movilice a partir de terrenos que sean titularidad de la Administración General del Estado no puedan ser descalificadas y que mantengan para siempre su carácter público.
Y eso independientemente de si la vivienda no se ha dirigido a alquiler, sino a compra. La ministra explicó que la empresa pública determinará una perdurabilidad de la carga de la vivienda protegida para asegurar que siempre esté protegida y al servicio de la política de vivienda. Es decir, una persona que haya comprado vivienda protegida podrá venderla, pero bajo las condiciones de una vivienda protegida para que esos recursos sigan facilitando el acceso a otra persona que necesite de la acción pública para acceder a una casa.
Cuando la vivienda no sea protegida, como en el 40% de las viviendas de la Operación Campamento, Rodríguez aseguró que se tomarán garantías para asegurar precios asequibles.
Gestión integral de la política de vivienda
Pedro Sánchez anunció una nueva empresa pública y, realmente, se trata de la conversión de una ya existente, el SEPES (Entidad Estatal de Suelo), que pasa a ser la Entidad pública de suelo y de vivienda asequible para actuar de forma integral en toda la política de vivienda.
La empresa actuará en todo el ciclo residencial: desde la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación y la gestión de las viviendas.
Este aumento de las capacidades implicará la creación de dos nuevas áreas de gestión: una nueva Área de parque de vivienda asequible, dedicada a la gestión de estas viviendas; y un Área de transformación, encargada de la gestión del cambio y la definición de un nuevo plan estratégico.
Precisamente ese será uno de los retos inmediatos de la nueva empresa, que se marca la primera mitad de año para presentar su nuevo plan estratégico.
Acumulación de suelos y viviendas
Durante el primer semestre del año el Gobierno quiere adscribir al SEPES todos los inmuebles y suelos en disposición de Patrimonio del Estado que considere aptos para el desarrollo de su política de vivienda y que no deban estar destinados a otro fin.
La estimación del Ejecutivo es aglutinar más de 3.600 viviendas adicionales en el SEPES y otros 580 terrenos de 1,7 millones de m2 destinados a la construcción de vivienda pública.
La ‘llave’ para ello está en el decreto-ley de prórroga de ayudas –aún no convalidado y, por tanto, pendiente de su examen en el Congreso–, que incluye una disposición (Artículo 89) para la integración de este patrimonio, correspondiendo al SEPES su regularización registral y catastral.
No recibirán compensación alguna las viviendas cedidas por Defensa y ADIF.
En el caso de los inmuebles propiedad de Muface y los Reales Patronatos, SEPES podrá administrarlos y su titularidad seguirá correspondiendo a estas entidades –correspondiéndole ingresos generados por la explotación de los inmuebles–.
También hay que computar más de 30.000 viviendas de Sareb, 13.000 de ellas de manera inmediata. Falta confirmar si este cómputo de activos incluye las promociones del Proyecto Viena o la promotora Árqura, cuya venta ultimaba el conocido como ‘banco malo’ a finales del año pasado.
A esto hay que añadir las 29 actuaciones adscritas al SEPE, que contabilizarán 17.500 viviendas.
Además, la empresa gozará del derecho de tanteo y retracto para tener prioridad en la compra de viviendas y suelo, con carácter supletorio respecto al derecho de las comunidades autónomas.
El Estado como casero (y renta garantizada)
La transformación del SEPES le permitirá actuar en el mercado de la vivienda como promotor y gestor, para garantizar condiciones de asequibilidad.
El objetivo es que este primer semestre del año esté listo un nuevo portal de gestión de activos con precios por debajo de los que marca el sistema estatal de referencia de precios del alquiler, y así intervenir en el mercado por el lado de la oferta.
El Gobierno, además, quiere promover la movilización de vivienda en alquiler como agencia y promoverá un sistema de alquiler garantizado que asegurará la renta a los propietarios que decidan arrendar a precio asequible.
Este programa, ya desarrollado en España por la empresa autonómica vasca Alokabide, comenzará a aplicarse este mismo año para propietarios que alquilen a personas menores de 35 años.
