QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Más control en los despidos colectivos. Una enmienda pactada en el proyecto de ley de empleo que tramita el Congreso dará más capacidad a la Inspección de Trabajo para vigilar posibles irregularidades de las empresas que presenten un ERE.
Concretamente, la Inspección tendrá la obligación legal de certificar si se cumplen las causas alegadas por la empresa para justificar los despidos y si la documentación aportada se ajusta a la exigida por la normativa, en función de la causa alegada para despedir.
La enmienda, ya incorporada al proyecto de ley, modifica la regulación de los despidos colectivos en el Estatuto de los Trabajadores. Actualmente, la norma establece que la Inspección informe a la autoridad laboral sobre el cumplimiento de las obligaciones de la empresa de comunicación y del período de consultas con la representación de los trabajadores.
Este informe tiene carácter preceptivo, se incorpora al procedimiento y debe realizarse en un plazo de 15 días desde que se notifica a la autoridad laboral el fin del período de consultas.
La modificación es fruto del acuerdo de PSOE y Unidas Podemos con EH-Bildu, en busca de asegurar el apoyo de estos últimos a la nueva ley de empleo. El proyecto ha superado este lunes su votación en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la próxima semana será aprobada en el Pleno del Congreso y enviada al Senado.
Durante las votaciones en Comisión, la enmienda ha sido aprobada con votos de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Bildu y Compromís, mientras que PP, Vox y Ciudadanos han votado en contra.
Caballo de batalla en la última reforma
El control de los despidos colectivos fue uno de los caballos de batalla en la última reforma laboral. Los socios del Gobierno no concebían avalar una reforma sin recuperar las garantías perdidas en 2012.
Entonces desapareció la autorización administrativa por parte de la autoridad laboral, trámite que daba más posibilidades a los comités de empresa para pactar un acuerdo con la empresa.
Sin embargo, la reforma laboral pactada por el Ministerio de Trabajo con la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT se centró en acabar la excesiva temporalidad, dejando a en un segundo plano el resto de aspectos de la anterior reforma señalados como «lesivos».
Dicha autorización no se recuperó, y tanto desde el Ministerio como desde Unidas Podemos remarcaron la necesidad de completar la reforma con más medidas.
Entre ellas, la modernización del Estatuto de los Trabajadores donde, previsiblemente, se cumpliría con aspectos no abordados en la reforma.
Sin ser la recuperación de la autorización administrativa de la autoridad laboral, las mayores facultades de la Inspección otorgados ahora aumentan el control sobre estos despidos.
