El Congreso rechazó este martes continuar con la tramitación de la proposición de ley impulsada por los sindicatos de inquilinas para extender las garantías de la Ley de Vivienda a los alquileres de temporada y a los alquileres de habitaciones.
Estas dos fórmulas contractuales quedaron fuera de medidas como la regulación de precios o garantías o como la prohibición de repercutir los gastos de agencia o los límites a las fianzas. Los sindicatos de vivienda denuncian que los caseros están recurriendo a estas fórmulas para no aplicar la ley.
La propuesta, sin embargo, cayó en su primera votación en el Congreso por el rechazo de PP, Vox, UPN y Junts, que había avanzado durante el día su abstención y que finalmente votó en contra. A mediodía, su portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, había expresado duras críticas contra el contenido de la proposición de ley, si bien avanzó que se abstendrían, una posición que no se mantuvo finalmente a la hora de votar.
Tras la votación, el secretario general de Junts, Jordi Turull, informó en la antigua red social Twitter que en ningún momento querían que la propuesta fuese tramitada. Al comprobar que la abstención no sería suficiente para tumbarla –el PNV fue el último en pronunciarse y con su apoyo sí daban los números–, se inclinaron por el ‘no’.
El portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, informó tras el Pleno, también en redes sociales, que Junts les había llamado para comunicar su decisión tres minutos antes de empezar las votaciones.
El voto en contra de Junts terminó por inclinar la balanza y sentenció la iniciativa legislativa por 178 votos en contra frente a 172 votos a favor, los del PSOE, Sumar, Esquerra Republicana, EH-Bildu, Podemos, PNV, BNG y Coalición Canaria.
Fijaba una duración máxima a los contratos de temporada
La iniciativa pretendía modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para limitar una duración máxima de seis meses de los alquileres de temporada, y que el propietario especificase en el contrato «con precisión» qué causa habilitaba la temporalidad, las circunstancias que la justificaban y qué relación tenía con la duración del contrato.
De no estar acreditada esta temporalidad, se presumiría que es un contrato de vivienda habitual y pasaría a tener una duración de cinco o siete años, en función de si el propietario es una persona física o jurídica.
La propuesta fue registrada en su día por Sumar, Esquerra Republicana, Podemos, EH-Bildu y BNG, pero ha sido llevada al Pleno por los primeros, al ser el primer grupo que ha tenido cupo para defender la iniciativa.
Su portavoz parlamentario, Íñigo Errejón, ha reivindicado la necesidad de la propuesta destacando que, a cada medida planteada para afrontar la escalada de precios en la vivienda, «los propietarios han conseguido brechas y rendijas por las que colarse para no cumplir la ley».
Javier Rodríguez Palacios, del PSOE, defendió adoptar medidas pero apostó por esperar al grupo de trabajo abierto por el Ministerio de Vivienda con patronales, colegios profesionales y colectivos sociales, específico para los alquileres de temporada.
Ese grupo, recordó Oskar Matute, debía haber presentado una propuesta regulatoria concreta en el plazo de seis meses desde la aprobación de la Ley de Vivienda, en mayo de 2023. El diputado de EH-Bildu advirtió también del riesgo de que la norma fuera bloqueada en sucesivas ampliaciones del plazo para presentar enmiendas.
Un aviso lanzado también por Pilar Vallugera, de ERC, quien recordó que «las derechas ahora son mayoría» —sumando a Junts y PNV al bloque de PP y Vox— y que, por tanto, las probabilidades de sacar adelante la ley serían más limitadas.
Pese a reconocer «buenas intenciones» en la iniciativa, Maribel Vaquero, del PNV, cuestionó la duración máxima de los contratos, al igual que Marta Madrenas (Junts), que ve insuficiente esa duración.
Por parte del PP, María Soledad Cruz-Guzmán anticipó que las medidas planteadas no harían otra cosa que contraer la oferta y, por tanto, elevar aún más los precios del alquiler. Sin renunciar a combatir cualquier situación de fraude, abogó por «defender a capa y espada la propiedad privada».