QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Consejo de Ministros ha dado ‘luz verde’ y enviará al Congreso uno de los proyectos más esperados esta legislatura, pero también las anteriores, la Ley de Industria.
Se trata de una modernización de la actual Ley de Industria, con más de treinta años de vigencia –data de 1992– y pretende acompañar el proceso de reindustrialización con mecanismos para favorecer inversiones y una mayor gobernanza desde la Administración.
Es, además, uno de los hitos comprometidos con la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación, por lo que de su aprobación depende el desembolso de fondos europeos.
La propuesta se remonta a los tiempos de Reyes Maroto, primera ministra de Pedro Sánchez, que no llegó a presentarla durante su mandato, fue retomada por Héctor Gómez, pero no ha sido hasta la llegada de Jordi Hereu cuando la norma será enviada a las Cortes Generales.
Entre las medidas más destacadas que incluía el anteproyecto de ley lanzado en verano están las ventajas económicas y normativas previstas para los llamados proyectos estratégicos, en base al volumen de inversión movilizada, el tipo de empresa impulsora o el objetivo planteado.
Entre los beneficios propuestos en el borrador se encontraba el acceso preferente a fondos públicos y financiación, acompañamiento personalizado, facilidades en el acceso a infraestructuras y una tramitación administrativa prioritaria. La agilización de trámites y simplificación administrativa es, precisamente, una de las reclamaciones de la gran industria.
Otra medida era la devolución de ayudas por parte de empresas que decidieran deslocalizar su actividad, si bien a partir de unos umbrales excesivamente elevados a juicio de Sumar, socio minoritario de la coalición.
Los de Yolanda Díaz quieren normas más exigentes para asegurar el mantenimiento de la actividad y un procedimiento que obligue a las industrias a proceder con antelación suficiente, además de abrir negociaciones con la representación de los trabajadores y las administraciones implicadas.
Las centrales sindicales llevan años advirtiendo de que la actual regulación apenas deja margen a las administraciones para plantar cara a un proceso de cierre, un déficit intensificado hace doce años con el sustancial abaratamiento del despido y la agilización de cierres que propició la reforma laboral del PP en 2012.
Autonomía estratégica
Otro de los pilares de la norma será la creación de la Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial (Recapi) para asegurar el suministro de recursos estratégicos, como productos sanitarios, materias primas minerales, productos del sector agroalimentario y alimentos.
Es en este apartado donde el Gobierno ha decidido encajar una de las prioridades legislativas de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen: la Ley de Medicamentos Críticos, que busca garantizar un suministro seguro y continuo de estos medicamentos, considerados esenciales para el tratamiento de enfermedades graves o de situaciones de emergencia.
Es el caso, entre otros, de los antibióticos de amplio espectro, la insulina, los medicamentos para tratar enfermedades cardíacas o respiratorias, analgésicos potentes, tratamientos para el cáncer o la epilepsia y productos para el control de infecciones.
