“Queremos evitar un error histórico”. Bajo esa premisa registró en el Congreso el PP su proposición de ley con la que frenar el cierre de instalaciones nucleares pactado por el Gobierno con las empresas.
“No es una opción, es una necesidad”, clamó Paloma Martín, senadora y vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, al presentar una propuesta que los ‘populares’ quieren defender cuanto antes en la tribuna del Congreso.
Confían en sacar adelante al menos la primera votación, tras lograr el pasado febrero que la Cámara exigiera alargar la vida útil de las centrales y medidas para asegurar la sostenibilidad económica. ERC y Junts se abstuvieron.
Las condiciones económicas son clave en esta cuestión. El Gobierno esgrime que el calendario ordenado de cierre de aquí a 2035 fue suscrito por las propias empresas y que ningún operador ha solicitado formalmente una prórroga.
Y el PP mira a las condiciones para operar. Denuncia en la exposición de motivos de la iniciativa registrada que existe una “arquitectura legal y reglamentaria diseñada por el Gobierno para hacer inviable la operativa nuclear y procurar su cierre”.
Paradójicamente, la propuesta no altera estos mecanismos, sino que se limita a regular los supuestos de cese de actividad, la tramitación de la prórroga y un mandato para actualizar los planes y estrategias en los que impactaría la continuidad de la actividad: el Plan General de Residuos Radiactivos, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Seguridad Energética.
Es precisamente en el primero en el que pueden sentar las bases para el cambio de condiciones. El PP quiere que Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos) actualice en tres meses el último PGRR, bajo la premisa de una extensión de diez años adicionales a lo ya establecido.
Esta extensión, en principio, implicaría un cálculo de las inversiones necesarias pero también de los costes a asumir, y es la palanca en la que el PP se apoya para tratar de cambiar las reglas de juego en torno a la continuidad de la nuclear.
La iniciativa esquiva así cualquier tipo de afección presupuestaria, con el fin de esquivar que un veto del Ministerio de Hacienda descabalgue su propuesta, en virtud de la prerrogativa presupuestaria que otorga al Gobierno para excluir propuestas que supongan más gasto o una reducción de ingresos.
Condiciones de una prórroga
La iniciativa regula los supuestos para el cese de actividad de las instalaciones (concesión de la solicitud de cese, una expiración del plazo de autorización o un informe desfavorable por parte del Consejo de Seguridad Nuclear).
También la previsión para que, por razones de seguridad, el Gobierno pueda imponer la continuidad de la actividad al operador, extremos ya contemplados en la normativa.
Para la continuidad de actividades, la reforma prevé que si el Gobierno esté obligado a autorizar la continuidad cuando el CSN dé ‘luz verde’ a la solicitud de prórroga por parte de un operador.
Además, los ‘populares’ regulan la posibilidad de reabrir una instalación una vez haya concluido su actividad en el plazo de un año desde su cese, bajo los requisitos y el visto bueno del CSN.
Finalmente, el PP deroga todas las órdenes ministeriales que ponen fin a la actividad de Almaraz I y II, Ascó I y Cofrentes, centrales sobre las que ya hay resoluciones para decretar su final.