QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El retraso en el pago de facturas explica una de cada cuatro quiebras de empresas en Europa. Actualmente, la Directiva europea fija el plazo legal de pago en 30 días, pero al tiempo permite prórrogas de otros 60 días o incluso más si no resulta “manifiestamente abusivo”. Una disposición que propicia plazos de pago muy superiores a los establecidos legalmente, especialmente si no hay mecanismos coercitivos que desincentiven estas prácticas.
En España la batalla contra la morosidad se ha centrado en conseguir un régimen sancionador para castigar los pagos por encima del máximo de 60 días de pago. Infructuosamente, pese a las buenas intenciones de los partidos. Tras superar por unanimidad su primera votación en el Congreso, la de toma en consideración, la proposición de ley que recogía sanciones de hasta un millón de euros impulsada por Junts-PDeCAT acabó sepultada bajo sucesivas prórrogas del plazo para presentar enmiendas.
La legislatura acabó sin régimen sancionador. No así para algunos sectores, como el de transporte por carreteras. Sí que se recogieron medidas en la Ley de creación y crecimiento de empresas, la conocida como Ley crea y crece, que excluyó a las empresas morosas de la contratación pública, si bien luego se modificó tal disposición para flexibilizar sus requisitos.
Bruselas propone reducir a 30 días el período máximo de pagos y obligar al pago de intereses de demora
Sin embargo, el panorama puede cambiar radicalmente en unos meses. El pasado 12 de septiembre los comisarios de Economía, Paolo Gentilioni, y Mercado Interior, Thierry Breton, presentaron un paquete de reformas dirigidas específicamente a las empresas, entre la que se encuentra una revisión de la directiva sobre morosidad.
La propuesta, reducir a 30 días el período máximo de pago –con prórrogas restringidas y muy tasadas–, garantizando el pago de intereses de demora de forma automática y sin que el acreedor pueda renunciar a su derecho, y compensaciones por cada transacción comercial pagada con retraso. Todo ello, además, vía reglamento, lo que supone una aplicación inmediata en todos los países, sin margen de interpretación, al menos en sus aspectos fundamentales.
Para analizar la trascendencia de estas medidas Demócrata se pone en contacto con Antoni Cañete, presidente de la patronal Pimec y de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), impulsoras de numerosas iniciativas para acabar contra la morosidad entre las empresas.
¿Qué valoración hace de las medidas anunciadas por la Comisión Europea?
Venimos trabajando en el tema de la morosidad desde hace prácticamente 12-13 años. Hemos intentado hacer casos a nivel estatal, como el régimen sancionador, pero lo que propone la Comisión Europea es una transformación histórica. Por el contenido que se propone y la forma en que se propone. Y porque nos hemos tenido que enfrentar a muchos intereses que aquí en España no han dejado que se hiciera el régimen sancionador. Es muy importante lo que se está proponiendo.
Nos hemos enfrentado a muchos intereses que aquí en España no han dejado que se hiciera el régimen sancionador
¿Por qué?
Primero porque se propone un reglamento, que no es una directiva. La directiva habría tardado cuatro años en implementarse y el reglamento en un año podría perfectamente ponerse en marcha. Es mucho más rápido.
Pero, sobre todo, es que cuando se apruebe definitivamente por parte del Parlamento Europeo y el Consejo se traslada en los mismos términos a las legislaciones nacionales. No hay una trasposición con una adaptación a la directiva. No van a poder cambiar ni una coma.
Los intereses de demora ahora serían de un 12,5%. Eso duele… Es mucho más fácil pedir un préstamo
¿Qué medidas propone la Comisión en el nuevo reglamento?
Fijar el plazo máximo de pago en 30 días, que los pagos tengan que ser automáticos sin reclamar los intereses de demora o que los intereses sean ocho puntos más el precio del dinero. Ahora serían de un 12,5%. Eso duele… Es mucho más fácil pedir un préstamo que pagar esos intereses. Y también obliga a todos los países a crear un organismo para supervisar esta ejecución, a crear un cuerpo de inspección y que se permita interponer denuncias anónimas. Todas estas medidas son, en sí mismas, un régimen sancionador.
Otras medidas interesantes son la mediación para solucionar conflictos o la eliminación del término abusivo, ya que daba pie a que el juez replanteara qué es una situación abusiva. Ahora se establece qué es lo que se prohíbe: pagar en más de 30 días, no pagar intereses de demora… Al tenerlo tan definido no hay ningún género de duda y no cabe interpretación. Están puestas aquí prácticamente todas nuestras peticiones.
Esperamos que el reglamento no se rebaje. Pueden cambiarse algunos aspectos, pero no la columna vertebral
(Pese a que el Reglamento es directamente aplicable, sí concede cierta flexibilidad a los Estados en lo referido a la creación de órganos de ejecución o los mecanismos de resolución alternativa de litigios)
Ahora tiene que examinar la propuesta el Consejo y el Parlamento Europeo
Esperemos que no se rebaje. Estamos ante un reglamento en el que pueden cambiarse aspectos, pero no la columna vertebral.
También se establecen sanciones de 50 euros. ¿No le parece una cuantía escasa?
Ojo, no es que vayan a ser 50 euros por todo un impago. Es por cada factura. Si hay un millón de euros en impagos, ese millón ha tenido que ser en, pongamos, mil facturas. Que si son mil facturas entonces significaría una sanción de 50.000 euros. Si sumas a ese coste un 12,5% de intereses de demora, más aparecer en una lista que te refleje como mal pagador, que te puedan hacer una investigación de todas tus facturas… Hay ya medidas coercitivas que al moroso no le interesa pagar.
¿Hay medidas para la contratación pública?
El Reglamento sobre morosidad es parte de un paquete de medidas dirigidas a las pymes el SME Relief Package. Una de ellas es sobre contratación pública, en la que se dice que se tienen que preparar pliegos para las pymes mucho más simplificados y que en los concursos se tiene que dar mucho más tiempo a las pymes. Son medidas para ayudar y que las pymes puedan participar de la contratación pública. También se habla de que hay que pagar en tiempo y forma al subcontratista. Estamos adelantándonos a todo lo que han sido nuestras reivindicaciones. Por eso estamos tan eufóricos.
