QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado el Anteproyecto de la Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal. Se trata, según el Gobierno, de la reforma más ambiciosa de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 y su propósito es adecuar la Administración de Justicia a la nueva realidad social y garantizar la igualdad de oportunidades y la excelencia en el acceso a la misma.
La iniciativa plantea una reforma integral de las oposiciones a juez y fiscal, en aras de promover la igualdad de oportunidades en el acceso de los profesionales del sistema judicial y la excelencia y diversidad de los miembros de la Administración de Justicia.
Cambios en el «cuarto turno»
El «cuarto turno» se regula para asegurar que cada vez que se convoque el turno libre, se convoque también el concurso oposición. Así se garantiza que se cumpla la ley y que una de cada cuatro plazas se cubra por juristas de reconocida competencia.
También se prevé, por primera vez, el cuarto turno en la Carrera Fiscal; y se regula un proceso de estabilización para los jueces y fiscales sustitutos, como exige la Comisión Europea.
Cambios en las oposiciones
El estudio de unas oposiciones de esta naturaleza requiere de tiempo y no menos dinero, por lo que, a priori, es incompatible con cualquier trabajo durante unos cinco años, que es el tiempo medio que tarda un opositor en acceder a la carrera. Con el fin de romper dicha barrera de clase, el Ejecutivo ha adoptado una serie de medidas.
En primer lugar, la ley consolida y blinda las Becas SERÉ, que son las ayudas a opositores de los principales cuerpos de la Administración de Justicia. Además, se garantizará que la cuantía sea equivalente, al menos, al Salario Mínimo Interprofesional en cómputo anual; y tendrán una duración de hasta cuatro años.
La cuantía de las Becas SERÉ será equivalente al SMI y durarán cuatro años.
Asimismo, el Centro de Estudios Jurídicos será transformado en un centro público de preparación de oposiciones que contará con distintas delegaciones, reduciendo la brecha de oportunidades derivada del lugar de residencia.
Se elaborará un registro público de jueces y magistrados en activo que podrán hacer las veces de preparadores. Se exigirá que cuenten con la autorización de compatibilidad por parte del CGPJ -en caso de que se requiera, pues depende de si la actividad excede o no las 75 horas anuales-.
También se han modificado algunos aspectos de las pruebas. Buscando la excelencia, los ejercicios escritos serán anónimos. La prueba oral será sustituida por una prueba escrita basada en un caso práctico y, para quienes accedan por el cuarto turno, primero realizarán el ejercicio de redacción de un dictamen y luego se valorarán los méritos profesionales.
Carrera profesional
De aprobarse en los términos actuales, se establecería un sistema de ascenso automático por antigüedad que, junto a la mayor especialización y el desarrollo profesional de jueces y magistrados en cuestiones como el ámbito mercantil o de violencia sobre la mujer, se prevé que constituyan más y mejores recursos.
Se elimina la incompatibilidad para el ejercicio de otras profesiones durante el tiempo que no son llamados para el ejercicio del cargo a los jueces sustitutos y magistrados suplentes.
La reforma regula la composición y elección de los miembros de la Comisión de Ética del Consejo General del Poder Judicial, con el fin de asegurar la diversidad de perfiles. Cinco miembros serán jueces o magistrados, elegidos por la Carrera y otros cuatro serán elegidos por las Cortes Generales entre catedráticos de Ética, Filosofía del Derecho o Filosofía Moral.
Se pretende modernizar los procesos de elección de las Salas de Gobierno de los principales tribunales, articulando candidaturas individuales y un solo voto por elector. Además, se prohíbe el voto delegado, se introduce la posibilidad del voto telemático y se reduce el mandato de cinco a tres años.
Por último, se prohibiría la financiación privada de las asociaciones profesionales de la judicatura.
