Diciembre acaba y el Gobierno no llegará a tiempo para cumplir su compromiso con la Unión Europea de culminar su reforma de pensiones antes de fin de año.
Pese a que el plazo ha sido un elemento recurrente a la hora de situar la negociación, el Gobierno asumió hace días que se incumpliría. El propio presidente Pedro Sánchez desdramatizó esta semana al recordar que otras reformas también se habían retrasado, sin afectar la llegada de fondos.
Citó el nuevo sistema de cotización de autónomos (otra reforma del ministro José Luis Escrivá) pero bien podría haber hablado de la Ley de Vivienda. Según los plazos del propio Plan de Recuperación, debía haberse aprobado antes de septiembre en Congreso y Senado y, cuatro meses después, sigue atascada en la primera Cámara. Nadie achucha con un posible bloqueo de fondos por este incumplimiento.
En esta reforma de pensiones se espera una subida de las bases máximas de cotización y un cambio en el cómputo para calcular la pensión. Inicialmente, para eliminar lagunas de cotización, pero ya nadie niega que la intención del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, es ampliar el período fijado actualmente en 25 años.
El fantasma de la reforma laboral
A nadie le convence. Ni a su propio socio, Unidas Podemos, que le ha advertido de que no aceptará ni un recorte en las pensiones, al igual que los aliados parlamentarios, ni a los sindicatos. Tampoco la patronal lo ve claro, recelosa de las contrapartidas que vengan de la mano. Especialmente, la subida de cotizaciones.
Y sobre esta cuestión pivota toda la dificultad para sacar adelante la reforma. Sobre el papel, tendría que llegar al Congreso previo acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT, y las patronales CEOE y Cepyme.
Pero los agentes sociales no se fían. Temen avalar una medida que luego fracase en las Cortes. Pesa el fantasma de la reforma laboral. Peleada y negociada hasta la última coma, sólo se salvó de la derogación por el error de un diputado del PP.
Tanto sindicatos como patronal esgrimen que la ampliación del cómputo no es una recomendación del Pacto de Toledo, por lo que instan al ministro a priorizar el acuerdo político. Primero votos y luego diálogo social.
Poca reunión y ningún número
Los sindicatos exigen, además, que no suponga un recorte en las pensiones, pero que hasta que Escrivá no tenga atada una mayoría, no les llamen a negociar.
A la CEOE no le entusiasma la medida, pero se queja fundamentalmente de las formas. Asegura que desde agosto ha habido no más de dos o tres reuniones del diálogo social para hablar de la reforma.
Fuentes de la organización lamentan que no ha habido ni continuidad ni debate para madurar propuestas. Tampoco un informe o datos que permitan analizar el impacto de las propuestas del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, como pidieron.
En Unidas Podemos ven margen para un acuerdo, mirando sobre todo la otra cara de la reforma: una subida de cotizaciones más altas muy por encima de la consecuente subida de pensión máxima. Las bases máximas crecerían de 2025 a 2050 a un ritmo diez veces mayor al de la pensión máxima. Menos contributividad, más solidaridad y, sobre todo, más ingresos.
Sin embargo, no quieren oír hablar de ningún recorte de las pensiones. La vicepresidenta de Trabajo y líder del espacio en el Gobierno, Yolanda Díaz, entró con contundencia al debate y afirmó que ampliar a 30 años el período de cómputo para el cálculo de la pensión supone «recortar derechos».
Pero es que, aun llegando a un acuerdo, los votos de PSOE y Unidas Podemos tampoco serían suficientes. En el Gobierno saben que, para sacar adelante, deberán de mirar a ERC y Bildu.
Hay acuerdos pendientes por cumplir
«Nuestro precio, ya adelantamos que va a ser caro. No va a ser barato y no sé si están hechos a la idea», afirman desde ERC, formación en la que son muy conscientes de que son «imprescindibles». Tampoco admiten recortes y piensan exigir el ‘destope’ total de las cotizaciones. Que se cotice por todo el salario recibido.
Pero es que, además, a un año de acabar la legislatura ni siquiera han visto cumplido uno de los acuerdos alcanzados con Escrivá para avalar la primera reforma de pensiones: una auditoría para examinar las cuentas del sistema.
Y es que esta formación fue la que llevó al Pacto de Toledo un cálculo para evidenciar que la Seguridad Social había asumido indebidamente (y así lo han corroborado los tribunales) gastos que corresponderían a la Administración General del Estado.
Este traspaso de recursos ha empezado a compensarse con las transferencias (que ya no créditos) para sanear las cuentas. Sin embargo, sostienen que distinguir los gastos de naturaleza no contributiva (ajenos a la finalidad legal de las cotizaciones) permitiría aflorar una situación económica y financiera bien distinta del sistema público de pensiones y que, además, de ninguna manera justificaría esta reforma.
Más años para calcular la pensión, descartando los peores
La propuesta de Escrivá pasa por ampliar los 25 años a 30, descartando 24 meses. Eso significaría que la pensión pasaría a calcularse en base a las cotizaciones de los últimos 28 años anteriores a la jubilación, tres años más que los 25 actuales.
Paradójicamente, el plazo vigente de 25 años se ha culminado ahora, tras una transición aprobada en la reforma de 2011. Hasta entonces se hacía en base a las cotizaciones de los últimos 15 años. El Banco de España calcula que esa ampliación recortó la pensión inicial en un 5% de media.
Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones justifican la reforma para mejorar la equidad del sistema y completar lagunas de cotización, en línea de las recomendaciones del Pacto de Toledo.
Evitar lagunas de cotización y mejorar la equidad
Argumentan que las carreras profesionales de ahora no son las mismas que antes de la anterior crisis y que no todo el mundo concentra sus mejores años al final de su vida laboral. Sostienen que beneficiaría a personas que sufrieron despido o devaluación de salarios, al poder descartarse hasta dos años en el cómputo.
También permitiría mejorar la equidad de género, ya que la interrupción de las carreras por motivos de conciliación afecta predominantemente a las mujeres, que acaban accediendo a pensiones más bajas por este motivo.
En su estudio sobre este posible cambio, el Banco de España destacaba que, según cómo se diseñara, el aumento del cómputo no tenía por qué implicar un recorte generalizado de la pensión.
Tomando los últimos 35 años y descartando seis (la pensión se calcularía sobre 29 años, cuatro más que ahora), el efecto sería neutro. Es más, aumentaría de media la pensión inicial de pensionistas situados por debajo de la mediana respecto a la situación actual y se recortaría la prestación de las pensiones más altas.
Desde el Ministerio afirman que su propuesta (calcular sobre 28 de los 30 últimos años) iría en esta dirección y que tendría efecto neutro. Los sindicatos replican en este punto. Si el efecto es neutro, ¿por qué ampliar entonces el cómputo?
Los enredos de Escrivá para ampliar el cómputo
La ampliación del período de cálculo de la pensión es un viejo fantasma en el Gobierno de coalición. Una «serpiente de verano», llegó a decir el ministro Escrivá, acusando al exvicepresidente Pablo Iglesias de airear una supuesta propuesta para ampliar de 25 a 35 años el plazo.
La propuesta llegó a plantearse en las negociaciones con la Unión Europea para el Plan de Recuperación y finalmente no fue contemplada explícitamente. La reforma se presenta en el documento pactado como ‘Adecuación a las nuevas carreras profesionales del período de cómputo para el cálculo de la pensión’.
La propia descripción reconoce que la extensión del período «puede tener efectos negativos» que por ello debe complementarse con medidas que lo compensen. Eligiendo los mejores años o mejorar la integración de lagunas de cotización.
¿Encaja en el último Pacto de Toledo?
Frente a la opinión de sindicatos y patronal, el Gobierno asegura que la medida sí tiene «adecuado encaje» en una de las recomendaciones del Pacto de Toledo, la dedicada a la contributividad.
Esta recomendación, la número 11, alude a la posibilidad de permitir de forma «excepcional» la elección de años para carreras profesionales muy prolongadas afectadas por despidos al final de la vida laboral y a evitar el recorte desproporcionado en la pensión de estas lagunas.
Escrivá aseguró hace un año, en noviembre de 2021, que en ningún caso la Comisión Europea pidió a España tal medida, ni que se llegara a contemplar. Entonces dijo que se iba a analizar extender este período «en algunos casos» para poder compensar las lagunas de cotización y mejorar esas pensiones.
Meses después, la ampliación el período de cómputo es una propuesta encima de la mesa y extendida a todas las pensiones públicas.