QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Cincuenta y ocho. Esas son las ampliaciones del plazo de enmiendas que acumula la Proposición de ley General de Salud Mental presentada por Unidas Podemos el 10 de septiembre del 2021. La legislatura encara su fase final y el Gobierno de coalición comienza a ultimar algunas de sus iniciativas pendientes tales como Vivienda, la ley de equidad sanitaria y la ya condenada reforma de la ley de Seguridad Ciudadana. Esta ha sido la legislatura de la salud mental. Varios grupos parlamentarios han percutido sobre el asunto, urgiendo al Gobierno a adoptar medidas. La pandemia de coronavirus ayudó a enfocar el asunto y situarlo en el epicentro.
Es de imperiosa necesidad abordar la salud mental y el consenso en el hemiciclo es amplio. Buen ejemplo de ello es que a finales de febrero, en concreto el 23, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una Proposición No de Ley de Más País que insta al Gobierno a crear permisos laborales de hasta dos semanas para acompañantes de personas en riesgo de quitarse la vida.
Pese a la mayor concienciación, tan solo hay una Proposición de ley sobre salud mental en proceso de tramitación, la de la formación morada, y todo apunta a que no se desbloqueara -al menos, de momento-. Pese a estar registrada por un partido que habita Moncloa, la ley no cuenta con el respaldo del socio mayoritario. Si bien el PSOE votó a favor de la toma en consideración, el articulado acumula ampliaciones del plazo de enmiendas. La Mesa del Congreso, valiéndose de los votos de PSOE, PP y Vox, prorroga sistemáticamente el periodo de enmiendas, lo que comienza a irritar a UP.
“Se ha pedido mil veces el desbloqueo”, apuntan fuentes parlamentarias consultadas por Demócrata. Pero el Grupo Socialista no está por la labor. Detrás de un “estamos negociando”que deslizan desde el partido se esconde un bloqueo consciente de una norma que tiene al menos tres puntos que no les gustan. El primero es competencial. La ley de Unidas Podemos atañe al Sistema Nacional de Salud y las competencias en sanidad obran en manos de las autonomías. El segundo motivo es que requiere de notables inversiones y, por último, los socialistas serían partidarios de una estrategia nacional que esboce un plan estructural.
A juicio de los morados, todo esto son excusas puesto que podrían limarse las asperezas y llegar a un acuerdo durante el periodo de enmiendas. “Si es por eso, que desbloqueen la ley y presenten sus enmiendas”, ironizan las mismas fuentes.
Propuesta de salud mental
La iniciativa de UP establece una ratio mínima de profesionales para cumplir con el derecho reconocido a una atención integral a la salud mental. Por ello, propone 18 psiquiatras, 18 psicólogos y 23 enfermeros o enfermeras especialistas por cada 100.000 habitantes (artículo 26.2). La disposición final quinta recoge que estas ratios mínimas se alcanzarán progresivamente en un plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de la ley.
Se concretarán unos tiempos máximos para la atención de la salud mental, que serán decretados por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y especificados en la cartera de servicios de salud mental de cada comunidad autónoma.
El articulado urge a elaborar una investigación pública sobre el suicidio orientada a mejorar el conocimiento de los factores de riesgo y los grupos expuestos a situaciones de vulnerabilidad. Asimismo, el Ministerio de Sanidad habrá de elaborar un protocolo de prevención consensuado en el marco del Consejo Interterritorial.
Se exigirá a las empresas la protección de la salud mental en el seno de la prevención de riesgos laborales. Será el empresario el que deberá adoptar medidas de prevención tales como el derecho efectivo a la desconexión digital, la promoción de un ambiente saludable de trabajo y el mantenimiento del bienestar emocional. En este sentido, deberá prestar atención a los casos de acoso.
Este miércoles el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados ha publicado una Proposición no de ley registrada por el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Edmundo Bal, para urgir al Gobierno al establecimiento de un Plan Nacional de protección de la salud mental en el ámbito de la abogacía para su debate en la comisión de Justicia.
