Las obligaciones que el Gobierno impondrá a los fabricantes de dispositivos con conexión a Internet

El Anteproyecto de ley para la protección de los menores de edad en entornos digitales establece que las empresas incluyan el control parental por defecto en la configuración inicial

Imagen de archivo del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros | CARLOS LUJÁN (EUROPA PRESS).

Imagen de archivo del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros | CARLOS LUJÁN (EUROPA PRESS).

El Consejo de Ministros aprobó la pasada semana el Anteproyecto de ley Orgánica para la protección de los menores de edad en entornos digitales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anticipó a principios de año, en el mes de enero, que sería una de sus prioridades, invitando al resto de formaciones políticas a urdir un Pacto de Estado. Las piezas ya se mueven. El Partido Popular ha manifestado sus propuestas al respecto y el sector se ha pronunciado; y todo indica que una de las aristas más importantes será la imposición de obligaciones a los fabricantes de dispositivos digitales con conexión a Internet.

¿A quién afecta?

El Anteproyecto aprobado por el Gobierno impondrá una serie de obligaciones a todos aquellos fabricantes de dispositivos digitales que tengan la capacidad de conectarse a Internet y, a través de dicha conexión, se pueda acceder a contenidos perjudiciales para menores.

En esta categoría se situarían los teléfonos móviles, las tabletas electrónicas, los televisores inteligentes y los ordenadores de uso personal.

Información clara

Los fabricantes de los antecitados dispositivos deberán informar a los usuarios de los riesgos derivados del acceso a contenidos perjudiciales para la salud y el desarrollo físico, mental y moral de los menores.

Esta información ha de proporcionarse en los productos y mediante un lenguaje accesible, inclusivo y apropiado para todas las edades. Asimismo, se dispensará teniendo en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad y de las personas con trastorno de espectro autista.

También deberán facilitar la información sobre las medidas de protección de datos y riesgos potenciales relacionados con la privacidad y la seguridad; así como el tiempo recomendado de uso de cada uno de los productos y servicios, la edad sugerida, los sistemas de control parental, y otros riesgos cognitivos, emocionales o de sueño.

Obligaciones

Las empresas estarán obligadas a garantizar que los dispositivos incluyan un control parental funcional de servicios, aplicaciones y contenidos. Este vendrá activado por defecto en el momento de la configuración inicial del producto.

La inclusión, su activación, configuración y actualización tendrán que ser gratuitos.

Los fabricantes tendrán que acreditar ante los importadores, distribuidores y comercializadores que todos los dispositivos suministrados cumplen con los requisitos.

El texto también prohíbe el acceso de los menores de edad a los denominados loot boxes, esto es, mecanismos aleatorios de recompensa en videojuegos y plataformas, por lo que las compañías que se dediquen a ello deberán diseñar cortafuegos tales como verificadores de edad efectivos.

Se entiende por loot box todo mecanismo aleatorio de recompensa cuya activación se realiza con dinero de curso legal o a través de un objeto virtual, como un código, clave, criptomonedas u otro elemento, adquirido con dinero directa o indirectamente y cuyo resultado sea incierto.

Asimismo, se obligará a las plataformas de intercambio de vídeos a establecer enlaces a los canales de denuncias y a los influencers a avisar en caso de que el contenido que estén difundiendo sea potencialmente perjudicial para el desarrollo físico, mental o moral.

Control

Serán los propios importadores, distribuidos y comercializados los que habrán de desarrollar actuaciones de verificación del cumplimiento de dichas exigencias.

Por su parte, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública vigilará, supervisará y controlará que se cumpla toda la normativa, para lo cual, ejercerá las potestades de inspección y sanción.

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