El Gobierno volverá a jugársela en enero. Dentro del rally electoral autonómico y en un mapa parlamentario que aflora más debilidad que nunca, el Ejecutivo necesita no tropezar en los primeros compases del año.
Su intención es presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado en febrero, aun asumiendo que no tiene los votos. Abrir el año con una derrota podría rebajar la estrategia a una mera farsa. Necesita sí o sí convalidar sus primeros decretos-ley en el Congreso.
¿Tiene el Gobierno asegurados los apoyos? No. La ruptura de relaciones de Junts condena al Ejecutivo. Los de Puigdemont fueron claros. Sólo apoyarían medidas que compartieran plenamente y consideraran buenas para los intereses de Cataluña.
¿En el caso del PP? La posibilidad de dar la puntilla al Gobierno es tentadora y así lo demostraron hace un año, cuando derribaron el ómnibus 2025. Y en cada iniciativa en la que el Ejecutivo no ha tenido votos suficientes.
¿Qué permite al Gobierno ser optimista? El Ejecutivo considera haber dado los pasos necesarios para sacar con éxito las votaciones. La aprobación de los decretos-ley por el Consejo de Ministros se ha hecho pensando en cada equilibrio que debe guardar para ello.
A lo seguro. A falta de conocer la letra pequeña, en el decreto-ley ómnibus no hay sorpresas. Y el Gobierno se ha cuidado en sus últimos decretos de evitar cualquier sobresalto que dé una excusa a la oposición para descarrilarlos. Al ser prórrogas, toda medida llega tras contar hace meses con el aval del Congreso.
Las pensiones no se tocan. La derogación del anterior decreto-ley no sólo evidenció la debilidad del Gobierno. También la osadía de la oposición por tumbar medidas que nadie rechazaba, como la subida de pensiones. Se apresuraron a exigir un nuevo decreto-ley, pero limpio de medidas intrusas. Facilitaron su convalidación. Este decreto, un año después, es heredero del segundo decreto ‘limpio’.
La presión política, al PP. En el Ejecutivo buscan poner el foco en los ‘populares’, a los que retan a encontrar una medida que no compartan. Recuerdan la presión vivida hace un año, cuando tumbaron el primer decreto-ley y advierten del coste político que tendría volver a hacerlo.
¿Y con Junts? Los de Puigdemont aseguran no tener interlocución con el Ejecutivo. Se han adoptado precauciones. Hace semanas, el Consejo de Ministros aprobó la regulación de los prometidos avales por impago en el alquiler y la suspensión de desahucios se acompaña ahora con las compensaciones a propietarios.
No sólo eso. Toda medida fiscal es, si acaso, una rebaja para evitar que una subida de impuestos tuerza el morro de la bancada independentista catalana. Un alto cargo ironizaba hace días con la disposición de Junts a validar el decreto-ley. “Han dicho que sólo votarían lo que es bueno para Cataluña. ¿Acaso es malo para los jubilados catalanes que les suban su pensión?”.
Las ayudas al transporte, separadas. Desligar las ayudas al transporte del ómnibus era una de las peticiones de la oposición. No querían que fuese identificado como un ‘trágala’ y colocara la presión sobre los grupos, haciéndoles responsables de que decayeran en caso de tener reparos con otras medidas. Van en otro decreto-ley.
Y sin exigir a las CCAA. El 20% de descuento se facilitará a todas las comunidades, sin depender de que comprometan otro 20% como mínimo. Esta fue una de las condiciones que puso Junts para validar el primer ómnibus de la legislatura.