Recién concluida su primera comparecencia parlamentaria desde que es directora general de SEPES, Leire Iglesias atiende a Demócrata para evaluar la transformación estratégica de la entidad y el detalle de algunas de las medidas planteadas.
La entidad tiene pendiente de aprobar su nuevo plan estratégico, con el que relanzar su reconversión como agente protagonista de la política de vivienda del Gobierno de coalición.
Ha hablado en la Comisión de incentivos económicos para compensar la pérdida de rentabilidad por tener precios asequibles.
Vamos a fijar un precio máximo de arrendamiento que no va a cubrir los costes de construcción. Tenemos calculado qué incentivos económicos irán acompañando a esas licitaciones para garantizar precios asequibles.
En la Comunidad de Madrid, el Plan Vive pone suelos a disposición del sector privado y los precios luego son altísimos y hay vivienda que se queda desierta.
Como nosotros vamos a limitar el precio, compenso económicamente lo que el promotor privado no va a obtener de beneficio al tener alquileres asequibles y no muy caros. Con el Plan de Recuperación ha existido una tarifa plana de 50.000 euros por vivienda.
Y lo que hacemos ahora nosotros es compensar a los promotores en función de cuál es el precio de asequibilidad de cada zona y según la renta de cada zona para que no se tenga que destinar más del 30% de los ingresos en vivienda. Por ello, en unos sitios compensaremos económicamente con un importe y en otros sitios con otro.
La idea es garantizar siempre un precio asequible de la vivienda: por debajo del precio de mercado y, como mucho, que suponga el 30% de la renta.
Según comentó, el precio máximo será entre 5 y 11 euros el metro cuadrado cuando haya colaboración público-privada o el acuerdo sea con entidades sociales.
En realidad, las entidades sociales son privadas también. Pero es bueno dejar claro que en este país no sólo participan promotoras o constructoras de siempre, sino cada vez más un tejido social que está construyendo. Y también vamos a ofertar suelo para ellos. En cualquier caso, me da igual si el promotor es privado o público, porque al ciudadano no le tiene que preocupar si el promotor es privado o público. Lo que tenemos que garantizar que el alquiler es asequible.
Durante muchos años hemos hecho vivienda protegida pensando en el número de viviendas, atendiendo a la construcción y no al precio. Ahora el indicador es el ciudadano. Cuánto va a pagar por la vivienda. Y en base a eso tenemos que construir, promocionar y garantizar una política de precios.
¿Y el incentivo para el promotor será una cantidad fija por vivienda o se habla de un porcentaje?
El incentivo se ajusta en función de la zona. Hay sitios en los que se va a necesitar más incentivo, porque el precio no podrá exceder de 6 euros el metro cuadrado. Pero sí hay un tope para promocionar esas viviendas y garantizaremos que las licitaciones no se queden desiertas.
Nadie da duros a pesetas. Si ofreces suelo pidiendo precios limitados y no va a haber rentabilidad para el promotor privado… Compensaremos, porque es fácil que nadie quiera arriesgar en esas promociones.
El Gobierno llegó a aprobar un cambio legal que el Congreso derogó a principio de año. La proposición de ley registrada por el PSOE la recupera.
En los contratos patrimoniales es más fácil poner condiciones del seguimiento que en una cesión de uso del inmueble con carácter permanente hasta que haya un retorno. Una concesión de obra pública es una cesión patrimonial y, por tanto, puedes poner más condiciones y participar más en el desarrollo. En realidad, es un encargo de gestión.
La Ley de Contratos del Sector Público limitó la duración de las cesiones a 30 años, que normalmente no tienen retorno para el promotor privado y las hacen poco viables. Pero se apruebe o no se apruebe la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, vamos a hacer colaboración público-privada.
¿Cuándo aprobará el nuevo plan estratégico?
Está terminándose, todavía no está en formato editable publicable. Está a punto. El encargo termina antes de agosto, pero seguramente vamos a pedir correcciones.
Actualmente hay más de 1.600 viviendas ya licitadas. ¿Hay una estimación de cuántas viviendas habrá en esta situación a final de año?
Necesitamos hacer la transferencia de los suelos. Primero hemos empezado por licitar la construcción de todas las que hemos adquirido sobre suelos de Defensa que ya están plenamente disponibles.
No todos los suelos que llegan son urbanos finalistas. Algunos tienen que transformarse y según vayan estando disponibles, licitaremos viviendas en ejecución directa o en oferta para colaboración público-privada. No siempre van a ser en ejecución directa, pero estas 1.664 viviendas son en ejecución directa.
¿Existe un calendario para la incorporación de vivienda y suelo de la SAREB?
No es fácil. Si no, ya se habría hecho antes. En unos días tendréis información.
Le han planteado en la Comisión de Vivienda el uso del derecho de tanteo y retracto para aumentar el parque público pero alega que la competencia es autonómica.
Nosotros no podemos aplicar derecho de tanteo y retracto sobre las viviendas, pero sí hacer oferta pública de vivienda. En Valencia hemos adquirido 30 viviendas en zonas afectadas por la DANA que inicialmente se destinaron a cubrir realojos de afectados.
No estamos intensificando la acción de compra de viviendas, pero fijamos unos criterios de compra. Cualquier persona física o jurídica nos podía ofertar vivienda para poder comprarla. Establecíamos unos precios máximos y unas condiciones de habitabilidad.
Y ese modelo se va a poder replicar en otros sitios, pero el stock de vivienda es el que es. Y sólo con la vivienda que esté en venta o vacía no vamos a cubrir toda la demanda. Hay que hacer promoción y desarrollo de suelos y de nuevas viviendas.
¿Qué impacto tiene la construcción industrializada y el PERTE que va a poner en marcha? ¿Cómo puede acelerar la construcción de vivienda?
El PERTE permite incorporar gente a trabajar al sector de la construcción en un momento en el que tenemos un problema de capital humano. Sale más gente de la que entra porque no resulta atractivo.
Y va a permitir modernizar el sector de la construcción, garantizar más seguridad y salud en el trabajo. Es construir en una nave cerrada, a buena temperatura y con digitalización. Y acelera los tiempos de producción en cuanto es posible producir en cadena.
Y, en algún momento, también vamos a abaratar los costes de producción y, por tanto, abaratar el precio de la vivienda sin perder calidad.
¿Cómo condiciona el ruido político y que se hable de que la legislatura puede acabar anticipadamente? ¿Acelera de algún modo los trabajos?
No podemos acelerar más porque pensemos que la legislatura se acaba que por la demanda de la ciudadanía. Nuestra presión ya llega por otro lado. La gente nos está pidiendo que hagamos este proceso.
Sí nos daría rabia no materializar este proyecto, porque el cambio de paradigma en la política de vivienda es absolutamente imprescindible. Y no va a ser fruto de unos meses, requiere un compromiso de años. Y en eso estamos volcados.