QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
En la XV Legislatura, quien lo desee, podrá utilizar cualquiera de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados. Así lo ha confirmado la nueva presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, y así lo refleja uno de los puntos acordados entre PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el marco de las negociaciones por la conformación de la Mesa. Letrados del Congreso consultados por Demócrata afirman que, previa aprobación de las normas necesarias, no hay problema alguno; pero el antecitado pacto rezaba que se podrían emplear en la primera sesión plenaria y Armengol lo ha confirmado, lo que suscita dudas tanto legales como procedimentales.
“Quiero anunciarles que esta Presidencia permitirá la utilización de todos esos idiomas (castellano, catalán, euskera y gallego) desde esta sesión constitutiva”, afirmó Armengol durante su primera intervención como presidenta del Congreso. Este viernes, con apenas 22 horas de presidenta de la Mesa a sus espaldas y antes de presidir su primera reunión, ha ratificado sus intenciones, precisando que contactará previamente con los partidos para acordar las condiciones y la arista técnica: “Hacer lo posible y cumplir este objetivo lo más rápido posible con diálogo y consenso. Haré una ronda con los grupos parlamentarios, quiero hablar con todos ellos para que sea una posición de consenso y hacer cumplir este objetivo con la eficiencia técnica que ello supone”, ha comentado en una entrevista en la Cadena SER.
«Haré una ronda con los grupos parlamentarios, quiero hablar con todos ellos para que sea una posición de consenso».
Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados.
Arista legislativa: ¿Reforma del Reglamento?
El primer obstáculo a superar es el legislativo. El objetivo es implementar las lenguas cooficiales de manera plena y efectiva, por lo que no solo vale con que se pueda utilizar alguna que otra frase suelta o palabra concreta. El Reglamento del Congreso de los Diputados no prohíbe el uso de lenguas cooficiales. La interpretación corresponde a la Presidencia y Armengol ya garantizó que las respetará. Ahora bien, algunos letrados del Congreso advierten de que el uso generalizado de las lenguas cooficiales requiere de cierta regulación porque podría afectar a los derechos de los diputados que las desconocen, generándoles confusión e imposibilitando una comprensión íntegra de lo que se habla.
Aunque el Reglamento no lo prohíba, letrados del Congreso advierten de que el uso generalizado de las lenguas cooficiales requiere de cierta regulación porque podría afectar a los derechos de los diputados.
El letrado de las Cortes Generales Fabio Pascua, en declaraciones a Demócrata, afirma que si la presidenta tiene voluntad y se aprueban las normas correspondientes no hay problema jurídico alguno, sin perjuicio de las consideraciones políticas que pueda merecer la decisión. A su juicio, el hecho de que el vigente Reglamento del Congreso no las prohíba “no es un argumento para su uso”, sino que “significa que no lo ampara”.
Pascua razona que no hace falta establecer una prohibición porque el Artículo 3 de la Constitución Española ya recoge que el castellano es la lengua oficial del Estado y, las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. Es por ello por lo que “la regla general, una vez declarado el español como oficial en actos que se llevan a cabo en órganos de la Administración del Estado o en el Estado, se utiliza el español”, abunda el letrado, precisando que hay supuestos en los que se admiten las lenguas cooficiales, pero no ocurre en el caso de la Cámara Baja.
El también Catedrático de Derecho Administrativo opina que la vía más lógica y plausible es la reforma del Reglamento del Congreso, siguiendo el mismo carril que el Senado. “Es verdad que aquí [Senado] tienes el amparo de ser Cámara territorial y en el Congreso no, pero no creo que sea decisivo, aunque es un argumento de cierto peso. En el futuro se puede ir hacia lo que dice el Senado, una reforma normativa y disponer los medios personales y materiales”, explica. No obstante, matiza que “tiene que haber un consenso, una unanimidad o, al menos una amplia mayoría”.
«En el futuro se puede ir hacia lo que dice el Senado, una reforma normativa y disponer los medios personales y materiales”.
Fabio Pascua, letrado de las Cortes Generales.
Sin esta carcasa legislativa, a corto plazo, la utilización de lenguas cooficiales en la Cámara Baja “es susceptible de recurso”. “Si no se toman medidas tanto normativas como, sobre todo materiales, se cercena el derecho de participación de los diputados que no pueden entenderlas”, advierte el letrado, quien incluso indica que también podrían verse afectados los ciudadanos porque “las sesiones son públicas”.
Preguntado por la posibilidad de que el asunto se despachara mediante una resolución de la Mesa del Congreso, recuerda precedentes en los que el Tribunal Constitucional interpretó que “regular según qué cuestiones mediante resoluciones hurta la reforma reglamentaria”.
Por último, insiste nuevamente en que si la presidenta del Congreso, Francina Armengol, tiene voluntad y se acometen las reformas necesarias, no habría problema jurídico alguno.
“Si no se toman medidas tanto normativas como, sobre todo materiales, se cercena el derecho de participación de los diputados que no pueden entenderlas”.
Fabio Pascua, letrado de las Cortes Generales.
Un debate recurrente
La discusión sobre el uso de lenguas cooficiales en el Congreso no es nueva. En épocas pretéritas se ha impulsado, aunque no llegó a prosperar. Uno de los precedentes más notables fue el de 2006 durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. El entonces presidente del Congreso, Manuel Marín, lo impulsó; pero no fue posible puesto que consideraba necesario una ley específica de lenguas tras algunos incidentes provocados por ERC en el pleno, en concreto, con Joan Tardá, quien formuló preguntas en catalán en varias sesiones y se ganó el reproche de Marín. Al no alcanzarse un acuerdo con los grupos para modificar el Reglamento, la iniciativa se aparcó.
La última vez que se rescató fue en junio de 2022 con una Proposición de ley presentada por los principales aliados parlamentarios del Gobierno, incluyendo a ERC, PNV, EH Bildu, Más País, Compromís y también a Junts, PDeCat, la CUP y el BNG. La PL pretendía la reforma del Reglamento del Congreso para que se pudiera hacer uso de la palabra en cualquier lengua cooficial e, incluso, se pudieran registrar textos y que los servicios de la Cámara procedieran a su traducción al castellano. El PSOE se opuso y la iniciativa decayó.
‘Fórmula Senado’
Diputados consultados por Demócrata y que son potenciales usuarios del catalán, euskera o gallego, interpretan que, dado que el Reglamento no prohíbe su uso, no habría ningún problema. Sin tener muy clara aún la hoja de ruta legislativa a corto plazo, los mismos diputados, al igual que los letrados, anticipan una posible reforma del Reglamento similar a la acometida en el Senado.
La facultad de utilizar las lenguas que, con el castellano, tengan el carácter de oficiales en alguna Comunidad Autónoma quedó reconocida por vez primera en el texto refundido del Reglamento del Senado, de 3 de mayo de 1994, que autorizó el uso de cualquiera de dichas lenguas en la primera intervención del Presidente electo en la sesión constitutiva, en las intervenciones que tengan lugar en el debate sobre el estado de las Autonomías que se desarrolla en la Comisión General de las Comunidades Autónomas y en los escritos de ciudadanos e instituciones dirigidos al Senado. Posteriormente, el 29 de junio de 2005 se aprobó una nueva propuesta de reforma del Reglamento del Senado sobre la ampliación del uso de las lenguas oficiales en las Comunidades Autónomas en el Senado, que permite su empleo en todas las sesiones de la Comisión General de Comunidades Autónomas, y autoriza la publicación de las iniciativas de carácter no legislativo que sean presentadas en dichas lenguas, además del castellano, en la sección del Senado del Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Ya en julio del 2010, se acometió una reforma que permite a los senadores presentar escritos en el Registro de la Cámara en cualquiera de las lenguas que tengan carácter de oficiales en alguna Comunidad Autónoma; se autorizó su uso en el Pleno con ocasión del debate de mociones; y la publicación de iniciativas.
De igual forma, dicha reforma introdujo una nueva disposición adicional quinta que ampara el normal uso oral y escrito en las siguientes actividades:
En la primera intervención del Presidente del Senado ante el Pleno de la Cámara. En las intervenciones que se produzcan en las sesiones de la Comisión General de las Comunidades Autónomas. En las intervenciones que tengan lugar en el Pleno con ocasión del debate de mociones. En la publicación de iniciativas cuando sean presentadas, además de en castellano, en cualquier otra de las citadas lenguas oficiales. En la presentación de escritos en el Registro de la Cámara por parte de los senadores. En los escritos que los ciudadanos y las instituciones dirijan al Senado.
Arista tecnológica: “Traductores y pinganillos”
El Congreso de los Diputados no dispone a día de hoy de la infraestructura y tecnología necesarias para las labores de traducción. En Esquerra apuntan a que esta será la primera piedra. “Se necesitan traductores y pinganillos”, dicen.
Este sería el paquete básico inicial para que aquellos diputados que no entiendan alguna de las lenguas cooficiales puedan conectar unos auriculares a una frecuencia que traduzca en tiempo real. Este sistema no es novedoso, puesto que está perfectamente implementado en el Parlamento Europeo. Tampoco le es ajeno al Congreso. Entre el 30 de junio y el 2 de julio, León acogió el evento Reforzar la democracia fortaleciendo a los parlamentos, una conferencia para conmemorar el Día Internacional del Parlamentarismo y con la que arrancaba la dimensión parlamentaria de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Asistieron presidentes de varios parlamentos, como Alemania, Bélgica, Bulgaria, Portugal, Malawi etc., así como miembros y delegaciones de Austria, Botswana, Bosnia, Costa de Marfil, Francia, Ucrania y Uzbekistán entre otros. La diversidad de lenguas encontraba cobijo en un inglés común, pero para facilitar el entendimiento, se dispuso de un sistema de traducción simultánea. El Congreso fue uno de los actores que participó en la organización del evento, por lo que lo conocen de primera mano.
En dichas jornadas, tanto los asistentes y participantes como la prensa acreditada tenían a su disposición radios conectadas por frecuencias. Los usuarios únicamente tenían que enchufar los auriculares y elegir el canal con el idioma escogido.
Este método precisa de dos elementos: personas que traduzcan y los equipos técnicos, por lo que sería necesario licitar contratos, con el consecuente desembolso.
Las dificultades del hemiciclo y la prensa
Para poner en funcionamiento un sistema fijo, habrá de acometerse algunas modificaciones del mobiliario y/o los dispositivos. En el hemiciclo, a priori, no sería necesario iniciar unas obras que impliquen alterar madera alguna. Podría adaptarse la pantalla que disponen para las votaciones o incorporar un circuito bajo las mesas. En el caso del Parlamento Europeo, la entrada de los auriculares se encuentra en los reposabrazos, desde el cual se puede escoger el canal mediante unos pequeños botines y en cuyo interior se encuentra todo el circuito (al menos, ese es el funcionamiento en las tribunas).
Las reformas afectarían también a la sala de prensa, puesto que, si bien podrían repartirse radios como en el evento de León, hay ocasiones en las que el número de acreditados aumenta exponencialmente y es complicado calcular el número que se necesita y disponer de tantas. Sin embargo, la tecnología brinda una oportunidad para evitar cualquier tipo de obra que impacte en el actual mobiliario. La traducción podría enviarse vía online o semejantes y cada periodista podría conectarse con cualquier dispositivo.
