¿De qué se trata? Consiste en un procedimiento para identificar hipotecas que contengan cláusulas potencialmente abusivas. Y forzar una renegociación de las condiciones que sea más ventajosa para el consumidor.
Vocablo tabú. La regulación propuesta, en todo caso, no habla de abusividad sino de “cláusulas y conductas contrarias a las buenas prácticas y usos financieros”, algo que rebaja su contundencia de cara a un hipotético proceso judicial.
¿Qué cláusulas son señaladas? Básicamente, aquellas que hacen imposible calcular la cuota a pagar por errores en las fórmulas o los sistemas de amortización, o carencia de las mismas. También cuando se empleen tecnicismos cuya comprensión esté fuera del alcance del conocimiento de un consumidor medio.
Prácticas comerciales engañosas. También se identifican prácticas que hayan podido llevar al consumidor a tomar decisiones contrarias a sus intereses. Por ejemplo, cuando el contrato presente únicamente las ventajas y no sus riesgos potenciales. O se presente el abono de unos tipos de interés o de cuotas sustancialmente menores a los que realmente deberán afrontarse.
¿Cuál es su origen? Una investigación desarrollada fuera del Congreso detectó hipotecas con contratos que, por las razones ya mencionadas, hacían imposible el cálculo de la cuota. Fueron acuñadas como ‘hipotecas REDAL’ (del latín redito ad libitum, devolución a voluntad). Sumar registró una proposición de ley, admitida a trámite por el Congreso, para facilitar la revisión de estas hipotecas.
Bajo sospecha. Están señaladas las hipotecas de tipo variable, particularmente aquellas de tipo creciente. El acuerdo, de hecho, prevé la prohibición de este tipo de hipotecas. La investigación detectó que prácticamente todas las hipotecas de tipo variable firmadas antes de 2011 incurren en fallos como los descritos.
Pero… La revisión pactada únicamente afectará a hipotecas suscritas a partir de 2011. Concretamente, a partir de la entrada en vigor de la Ley 2/2011 de Economía Sostenible. En todo caso, el señalamiento que se hace de estas prácticas supone un precedente a tener en cuenta en los casos judicializados.
¿Cómo funciona la revisión? El consumidor presentaría su reclamación ante los servicios de atención al cliente del banco, que tendrá que explicar en el plazo de un mes cómo se realizan los cálculos de devolución de la hipoteca. Y comunicar si atiende o no su reclamación, procurando una solución acordada.
¿Las cláusulas señaladas quedan prohibidas? No. El acuerdo habilita la prohibición de las mismas, pero para ello exige la aprobación de un desarrollo reglamentario a cargo de los ministerios de Economía y Consumo. A partir de entonces, la inclusión de estas cláusulas será nula de pleno derecho.
¿Qué consecuencias tendría? La entidad tendrá tres meses para eliminar la cláusula sin ningún coste para el consumidor. En caso contrario, estará exento de devolver los intereses, que se descontarían del capital pendiente o se reintegrarían con intereses de demora.
La tramitación. El acuerdo pactado traslada con matices, pero en su gran parte, la iniciativa de los de Yolanda Díaz. La idea era tramitarlo dentro de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, iniciativa prioritaria para el Ejecutivo en la Comisión de Economía.
El problema. El Gobierno no tiene garantizados los apoyos para aprobar este proyecto y, aunque no de manera oficial, parece haber renunciado a sacarla adelante.
Marcha atrás. Tras ser incluida dentro de las reformas del Plan de Recuperación, decidió sacarla de los compromisos pactados con la Comisión Europea para evitar la pérdida de fondos. Y pese a que sus enmiendas se registraron hace ya más de un año, su tramitación permanece ‘congelada’.
¿La solución? Sumar no renuncia a aprobar el acuerdo y planea reactivar la proposición de ley de hipotecas REDAL, con la enmienda transaccional pactada como punto de partida. Esta misma semana tiene previsto iniciar los contactos con los grupos para evaluar sus apoyos.
Adaptación necesaria. El cambio de planes obliga a adaptar el mecanismo de revisión, ya que opera ante un eventual funcionamiento de la Autoridad, a cargo de su Consejo Asesor, que debería identificar las cláusulas potencialmente abusivas. Ante su ausencia, la idea sería que llevara a cabo esta labor el Banco de España, como supervisor de conducta de las entidades de crédito.