La comisión de Ciencia, Innovación y Universidades ha hecho pleno. Todos y cada uno de los Proyectos de ley que ha abordado han sido aprobados. No ha decaído ninguno, pues no amasaba iniciativas legislativas en el momento en que se disolvieron las Cortes Generales con motivo del adelanto electoral.
Aprobado: Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Proyecto de Ley de convivencia universitaria
En total, la comisión ha dado el visto bueno a tres Proyectos de ley, a destacar la ley de Ciencia, una de las mejor valoradas por el Gobierno y sus socios. De hecho, el PP, pese a que se abstuvo, admite que el articulado constituyó uno de los momentos más importantes de la legislatura.
Un buque legislativo
La ley de Ciencia, Tecnología e Innovación es una de las mejor valoradas por los partidos que componen el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos. Socialistas y morados la han reivindicado en no pocas ocasiones. El texto blinda la financiación pública de la I+D estable y creciente con el objetivo de que alcance el 1,25% del PIB en 2030, y el 3% junto a la inversión privada. Mejora también la carrera científica y técnica en el ámbito de la I+D+i con una nueva modalidad de contrato indefinido vinculada al desarrollo de actividades científico-técnicas para todo tipo de personal de investigación en el marco de líneas de investigación definidas y en contratos de I+D+i.
El articulado también establece un nuevo itinerario posdoctoral, garantiza nuevos derechos laborales a jóvenes investigadores e implementa medidas para estimular la atracción de talento y la movilidad profesional. De igual forma, la ley de Ciencia busca resolver las principales desigualdades de género que persisten en el ámbito de la I+D+I.
La ley del Sistema Universitario es otra de los aprobadas en la comisión. Tiene por objeto establecer una nueva regulación del sistema universitario, así como los mecanismos de coordinación, cooperación y colaboración entre las Administraciones Públicas con competencias en materia universitaria. El texto incluye una reforma integral del marco jurídico del sistema universitario, un nuevo modelo académico para una formación avanzada y amplia que permita desarrollar habilidades personales y profesionales, la potenciación de una investigación socialmente útil, un papel protagonista para el estudiantado, el refuerzo de la docencia, avances hacia la gratuidad, y un plan para atajar los desequilibrios entre comunidades autónomas.
La ley de Ciencia blinda la financiación pública de la I+D estable y creciente con el objetivo de que alcance el 1,25% del PIB en 2030, y el 3% junto a la inversión privada
Por último, la ley de Convivencia universitaria, que pretende establecer un marco adecuado para que estudiantes, docentes, investigadores y personal de administración y servicios puedan ejercer sus derechos y libertades. El texto aspira a crear y proteger entornos de convivencia fijados democráticamente por las propias universidades. Se fomenta, así, la utilización preferente de modalidades alternativas de resolución de aquellos conflictos que pudieran alterarla o que impidan el normal desarrollo de las funciones esenciales de docencia, investigación y transferencia de conocimiento. Asimismo, establece un nuevo régimen disciplinario del estudiantado.
El valor de la ley de Ciencia
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Navarro, considera que se ha desaprovechado una oportunidad. En declaraciones a Demócrata, Navarro hace balance de los trabajos de la comisión y apunta que “la sensación es que, después de una pandemia que puso el foco en nuestros investigadores y científicos como nunca, se ha desaprovechado una oportunidad para, a partir de los Fondos de Recuperación, convertir a nuestro país en un referente mundial en Ciencia”.
«Se ha desaprovechado una oportunidad para, a partir de los Fondos de Recuperación, convertir a nuestro país en un referente mundial en Ciencia”
Pedro Navarro (PP)
Preguntado por la ley o el momento legislativo más importante a su criterio, el diputado popular coincide con el Gobierno: la ley de Ciencia. “Es, sin duda, el momento más importante”, admite, destacando que “gracias a una enmienda del PP el Gobierno se compromete por ley a invertir hasta alcanzar en 2030 el 3% del PIB en I+D+i”.
Sobre lo que le hubiera gustado aprobar y no ha sido posible, Navarro refiere dos enmiendas a la ley de Ciencia “para mejorar la transferencia del conocimiento universidad-empresa y aquellas que garantizaban aún más la carrera investigadora del personal técnico y de gestión y de investigadores hospitalarios”.
Por último, pone como deberes a los futuros integrantes de la comisión que se desarrolle la legislación en innovación, un sector que “a pesar de su denominación, no ha cubierto la ley de Ciencia”.
El Grupo Socialista y Unidas Podemos han declinado participar en el balance de la comisión
Asignatura pendiente: el IVA de los centros de investigación
Joan Margall, diputado y portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en la comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, también destaca la ley de Ciencia. “Estaba pendiente desde hacía años” y “ERC ha tenido una implicación directa con una negociación prioritaria con el Ministerio”, dice a Demócrata. Margall subraya los avances para la “viabilidad y cobertura laboral de los parques científicos y tecnológicos”.
Al igual que Navarro, del PP, el diputado de ERC sitúa la aprobación de la ley de Ciencia como el momento más importante de la comisión en esta legislatura.
A la pregunta de qué le hubiera gustado aprobar, Margall expone que los centros de investigación debieran quedar exentos de IVA. “Sería una medida de justicia para la investigación en este país, y más con el pronunciamiento judicial que existe”, sentencia.
Punto discordante
Opinión bien distinta tiene Vox. El Grupo Parlamentario lamenta que se ha “desaprovechado” la comisión puesto que “podrían haberse hecho muchas más reformas estructurales que necesitaba el sistema de Ciencia e Innovación”.
“En materia de universidades, claramente se ha visto a un Gobierno incapaz de resolver los problemas que arrastra el ámbito universitario”, añaden, precisando que “un ejemplo de ello es la acumulación de decenas de miles de expedientes de homologación de títulos universitarios extranjeros que tendrán que esperar años en su resolución”.
Para Vox, la ley de Ciencia es lo más importante que ha abordado la comisión. No obstante, aqueja que les hubiera gustado incorporar todas las enmiendas que plantearon, como la relativa al impulso de la financiación privada en I+D+i. “Este texto legislativo es sencillamente una oportunidad desaprovechada para el sistema de ciencia e innovación”, remachan.
A la pregunta de qué le pediría el Grupo Parlamentario Vox a la futura comisión, afirman que esperan tener la fuerza suficiente para “realizar las reformas estructurales oportunas que impulsarán verdaderamente el sistema de Ciencia Innovación en España. Atraer, mantener y recuperar el talento de nuestros científicos e investigadores, dotar de mayor presupuesto a los centros de investigación, fomentar muchísimo más la inversión en I+D+i empresarial y, sobre todo, como prioridad, agilizar y reducir drásticamente la monstruosa burocracia”.