QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible ha incluido una enmienda transaccional en el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible que obligaría a grandes gasolineras a disponer de puntos de recarga; una medida que no ha gustado al sector de las electrolineras.
Los titulares de instalaciones de suministro de combustibles y carburantes a vehículos cuyo volumen agregado de ventas de gasolina y gasóleo A sea igual o superior a 10 millones de litros a partir de 2025 deberán disponer de al menos un grupo de recarga que ofrezca una potencia disponible de mínimo 400kW y un punto de recarga eléctrica con una potencia disponible individual de al menos 150 kW. Las que no cumplan, dispondrán de 21 meses para su instalación o para acreditar su cumplimiento.
Para incorporarlo a la legislación, la transaccional añade una Disposición final para modificar la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.
Las instalaciones que cumplan estos requisitos a partir de 2027 deberán instalar o acreditar un grupo de recarga de al menos 600 kW que incluya al menos un punto de recarga con una potencia disponible individual de al menos 150 kW de recarga eléctrica en corriente continua en un plazo de 12 meses.
De igual forma, para impulsar las electrolineras, la misma transaccional compete al Gobierno a informar de los puntos de recarga eléctrica para vehículos de acceso público a través del Punto de Acceso Nacional de información de tráfico en tiempo real gestionado por la Jefatura Central de Tráfico.
Para ello, previamente los prestadores del servicio de recarga eléctrica deberán remitir al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico información actualizada de la localización, características y disponibilidad de dichas instalaciones, así como del precio de venta al público de la electricidad o del servicio de recarga.
Asimismo, el Ejecutivo deberá elaborar un Plan estatal para el despliegue de la infraestructura pública de recarga del vehículo eléctrico con el fin de impulsar y acelerar la descarbonización del sector del transporte a través de la electrificación del transporte por carretera.
El plan abordará las necesidades de despliegue de infraestructura pública de recarga, especialmente en aquellas áreas del país donde la iniciativa privada no proporcione las infraestructuras adecuadas, ya sea para vehículos ligeros o para las necesidades específicas de los vehículos pesados, y recogerá las medidas regulatorias, financieras, o de otro tipo que pudieran ser adecuadas para favorecer este despliegue.
Fuentes del sector de las electrolineras consultadas por Demócrata consideran que es un duro golpe para la industria porque delega el despliegue de los puntos de recarga en las grandes gasolineras, cuando se debería fomentar el impulso de las electrolineras especializadas y con puntos de recarga de más calidad. Además, certifica las licitaciones unificadas de gasolina y electricidad, dejando fuera de la ecuación a las electrolineras.
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¿Será ley?
Tanto esta enmienda transaccional incorporada durante la Comisión como el dictamen en su conjunto podrían no aterrizar en el BOE.
PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG han votado a favor en Comisión, mientras PP y Vox se han opuesto. Con esta aritmética, Podemos es la clave y ya han manifestado sus reticencias y su precio.
Si los morados se suman a PP, Vox y UPN, sus 175 escaños bloquearían el proyecto de ley.
El precio de los de Ione Belarra para tornar su voto en afirmativo es detener las ampliaciones previstas del aeropuerto de El Prat y del puerto de Valencia.
¿Hay margen para negociar? Poco. Fuentes del Gobierno consultadas por Demócrata admiten que Podemos es uno de los huesos más duros actualmente a la hora de negociar -junto con Junts-, no ya en Movilidad Sostenible, sino en cualquier asunto. Lamentan que parten siempre de una posición de máximos.
Otros grupos del bloque de investidura aquejan, en sintonía con el Ejecutivo, que Podemos se haya acastillado en el ‘no a todo’. “Ellos creen que les da rédito, pero se están pasando de rosca”, apuntan fuentes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Voces del grupo Sumar se mueven en la misma tónica e incluso ironizan: “Esperemos que podamos poder aprobar ya la ley y acabar con ella, a ver si Podemos nos deja”.
