El Gobierno aspira a redefinir el uso de la tecnología en los ámbitos educativos mediante el Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales. El texto que salió del Consejo de Ministros pretende conjugar las competencias digitales con la obligación de que los centros educativos regulen expresamente el uso de los dispositivos móviles y similares (tablets, ordenadores, relojes inteligentes, etc.), tanto en las aulas como en las actividades extraescolares, de acuerdo con las normativas autonómicas que ya existen o que tendrán que aprobarse. Los grupos parlamentarios coinciden en lo nuclear, que es la necesidad de regulación, pero plantean cambios de calado tales como límites de tiempo de uso o, incluso, la prohibición absoluta.
El plazo de enmiendas concluyó y se está a la espera de constituir ponencia. El PSOE no ha registrado ninguna enmienda relacionada con el uso de dispositivos en el ámbito educativo, consideran suficiente el redactado del proyecto de ley. No así el socio minoritario del Ejecutivo.
Sumar demanda que la norma refleje negro sobre blanco que las Administraciones educativas no solo “fomenten”, sino que “garanticen” la alfabetización, comprensión del entorno digital y la mejora de las competencias desde una perspectiva de género y de infancia y libre de violencia. Los de Yolanda Díaz creen que la formación sobre el uso de tecnologías debe incluir el funcionamiento del entorno y sus diferentes actores, como por ejemplo, las prácticas de persuasión, los algoritmos, el tratamiento de datos personales o la huella digital.
Otra de sus enmiendas exige disponer una infraestructura tecnológica adecuada y la dotación de recursos digitales para el aprendizaje. También que los centros de Educación Infantil, Primaria y Educación Secundaria obligatoria y posobligatoria deban regular el uso de los dispositivos.
Asimismo, proponen actividades de formación en espacios de ocio y tiempo libre que incluyan contenidos sobre ciudadanía digital, uso seguro y responsable de la tecnología, privacidad, ciberseguridad, prevención de las violencias sexuales y de género en entornos digitales, promoción de la igualdad, accesibilidad universal y bienestar digital.
De esta manera, Sumar cree que se “completa un posible vacío” en la prevención de la infancia y la adolescencia, reconociendo que las violencias digitales no se limitan únicamente al ámbito educativo, sino que se pueden dar en otros espacios de ocio y canales de comunicación.
Límites
El PNV impulsa una visión algo más restrictiva. Una de sus enmiendas propone que la utilización de las tecnologías digitales en las diferentes etapas educativas se ajuste a las limitaciones de tiempo máximo de uso recomendado en función de la edad. Serían las autoridades sanitarias las encargadas de establecer los topes.
No obstante, de forma excepcional y debidamente justificada, se permitiría el uso de las tecnologías digitales cuando fuera necesario para atender dificultades específicas de aprendizaje u otras necesidades educativas concretas del alumnado. En estos casos, siempre deberá realizarse bajo la supervisión y autorización de las autoridades educativas.
El propósito del grupo vasco es reforzar las competencias digitales de los alumnos y alumnas en todas las etapas educativas, pero siempre garantizando un uso seguro, saludable y responsable de las tecnologías.
Más restrictiva es la propuesta de Vox. La formación liderada por Santiago Abascal plantea, directamente, prohibir la utilización de teléfonos móviles en los centros que impartan enseñanzas de Educación Infantil, Educación básica y Secundaria obligatoria y posobligatoria; independientemente de su titularidad y sin perjuicio del uso de otros dispositivos electrónicos supervisado por el equipo directivo del centro, profesores y monitores.
Por su parte, mientras Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu ponen el foco en el uso ético, seguro, responsable y transparente de las tecnologías, el BNG urge a que las Administraciones Educativas y las Universidades incluyan en su planificación la formación continua del profesorado y del personal.