Los tiempos son claros y están ya contados. Este viernes el Gobierno aprobará un primer decreto-ley con las primeras medidas de respuesta económica a la guerra de Irán. Y el Congreso lo votará el jueves 26 de marzo.
Lo que está por definir es el contenido de ese decreto-ley. Y no lo estará, aseguran desde Moncloa, hasta el último momento.
Vivienda
Es la principal disputa política. Sumar y el resto de socios de izquierda no conciben dejar fuera medidas como la moratoria antidesahucios o limitaciones en el precio del alquiler, bien con topes como en la guerra de Ucrania, o con la ‘congelación’ de las rentas al renovar automáticamente los contratos.
Por el contrario, PP y Junts vetan la inclusión de medidas y amenazan con tumbar el decreto-ley. Ya lo han hecho con el ómnibus dos veces este año. Y el PSOE defiende priorizar la búsqueda de consensos para evitar una derogación.
Advierte de que no hay mayoría para lo que quieren los socios, que aun así insisten para que el resto de partidos se retraten. Una vía intermedia podría ser aprobar un decreto-ley específico con medidas de vivienda, que alejaría el riesgo de derogación.
Transporte y agroalimentario
La principal afección de la guerra, hoy por hoy, es la subida de precios en las gasolineras y los fertilizantes. Estos últimos se han encarecido entre un 40% y un 50%.
El Gobierno teme, especialmente, que el encarecimiento acabe repercutiendo al resto de la cadena de valor y, en última instancia, en los precios finales. Si la escalada de la energía acaba en la cesta de la compra la crisis acabará siendo de precios. Evitarla es la principal prioridad del Ejecutivo, que centra esfuerzos en transportistas y el sector agroalimentario.
El plan incluirá medidas para abaratar su factura energética y la principal apuesta es reducir su tributación. Queda por ver si habrá compensaciones de costes en forma de ayudas, pero en el Ejecutivo reconocen la reticencia de la Comisión Europea para flexibilizar sus límites a las ayudas directas.
Descartada queda una bonificación generalizada como la de 20 céntimos por litro, aprobada en la pasada crisis, por su impacto presupuestario, su carácter regresivo y las complicaciones de gestión con las gasolineras.
Factura energética y protección a hogares y empresas
La apuesta del Gobierno para contener los precios de la electricidad en hogares y empresas es tributaria. Fue la escogida durante la pasada crisis y el impacto presupuestario sería limitado, al compensarse con unos mayores precios.
La rebaja, en todo caso, sería más reducida en un primer momento. Si hay bajada del IVA aplicado a la factura de la electricidad y del gas, no será al 0% o 5%. Además del IVA, también se aplicaron rebajas en el Impuesto especial sobre la electricidad.
Y se da por descontado la supresión del conocido como impuesto de generación, por el que las eléctricas generadoras tributan al 7% y que PP y Junts exigen suprimir.
En el caso de la industria, también se prevé una rebaja de peajes para los sectores más dependientes del coste de la energía. Pendiente estaba la bajada del 80% que cayó el año pasado, primero con el decreto-ley ómnibus y después con el decreto-ley apagones.
El plan anticrisis recuperará la prohibición de corte de suministros, una de las medidas del derogado ‘escudo social’ y los descuentos del bono social. El Ejecutivo trabajaba en una reforma de estas bonificaciones para limitar su concesión a situaciones de necesidad y, previsiblemente, aprovechará para llevarla a cabo.
Entre las medidas solicitadas está la ‘congelación’ de la tarifa regulada del gas TUR (Tarifa de Último Recurso), que debe actualizarse en los próximos días.
Renovables, descarbonización y electrificación
Además de medidas de apoyo coyunturales, el Ejecutivo aprobará medidas estructurales, una parte del decreto-ley en la que aprovechará para incorporar buena parte de su agenda en materia energética, especialmente en materia de renovables. Se esperan facilidades en la tramitación de proyectos.
Los dos decretos-ley ómnibus que el Congreso derogó incluían un abanico de bonificaciones fiscales para incentivar la compra de vehículos eléctricos, la instalación de puntos de recarga y los equipos de aerotermia. También para actuaciones de eficiencia energética.
Es previsible que el Gobierno recupere, si no amplíe, esas medidas, así como las que quedaron ‘colgadas’ tras la derogación del decreto-ley ‘antiapagones’. El Ejecutivo pudo aprobar algunas vía reglamento pero otras exigen rango de ley y siguen pendientes.
El Ejecutivo ultimaba, por ejemplo, un reglamento con regulación en materia de autoconsumo y comunidades energéticas, que podrían ser incluidas como parte de las reformas estructurales.
Topes de precios energéticos
Recuperar la excepción ibérica no estará en la primera respuesta del Gobierno. Exige autorización de la Comisión y no se contempla, al no detectarse picos de precios como los experimentados tras estallar la guerra en Ucrania.
El Ejecutivo insiste en que la situación no es comparable y que, además, España ha ganado autonomía respecto a la variable gas gracias al mayor peso de las renovables. No así en materia de interconexiones. La Península Ibérica sigue siendo una isla, pero en mejores condiciones.
Protección en las empresas
Fuera del foco, pero preparadas para su activación, están todas las medidas de protección laboral desplegadas en las anteriores crisis y que han sido recurrentemente recuperadas. Están centradas en la búsqueda de alternativas al despido. Están incluidas ya en la legislación y sólo tendrían que ser activadas.
Se ampliaría con la prohibición del despido por causas objetivas relacionadas con la crisis, si bien en Trabajo ven todavía prematuro llegar a ese punto. El ministro de Economía, además ha venido subrayando que, al menos por ahora, no se detectan impactos en el mercado de trabajo.
Junto a ello, la condicionalidad de las ayudas recibidas al mantenimiento de los empleos o los mecanismos de flexibilidad dentro de las empresas, con bonificaciones e incentivos a los ERTE. La limitación de la factura fiscal del decreto-ley es uno de los condicionantes que juega en contra de desplegar estos instrumentos en toda su intensidad, al menos por ahora.
Cesta de la compra
La rebaja del IVA que exige el PP está descartada, en la medida en que aún no se observan aumentos de precios en los supermercados. El Gobierno quiere limitar el alcance de esta primera respuesta, sin descartar una medida que ya fue adoptada en la pasada crisis. No, por ahora.
Más descartes
Pese a ‘comprar’ parte de las recetas del PP –rebajas de impuestos en factura energética, por ejemplo--, el Gobierno descarta bajadas generalizadas de impuestos como las que propone en el IRPF.
Tampoco recuperar impuestos o gravámenes específicos que financien las medidas. Hacienda entiende que no gozarían de respaldo en la Cámara, por el veto de Junts.