QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La reforma organizativa de la Administración de Justicia que plantea el proyecto de ley de eficiencia judicial no acabará con los jueces de paz. La presión de los partidos de la oposición, particularmente ERC y Junts, ha forzado al PSOE a buscar una fórmula que garantice, de una u otra forma, su continuidad.
La tramitación parlamentaria de esta iniciativa, que desde hace semanas se discute en la ponencia de la Comisión de Justicia del Congreso, llega a sus días decisivos. El grupo mayoritario del Gobierno quiere votar este miércoles el texto y elevarlo a Comisión para enviarlo al Senado en dos semanas.
Y para ello ya sabe que debe asegurar cada uno de sus votos: el PP se desmarcó tras conocerse que la anterior ley aprobada en la Comisión incluyó una enmienda que convalidaba penas de cárcel cumplidas en el extranjero –beneficiando, por tanto, a etarras que cumplieron condena en Francia– y acusando al Gobierno de imponer sus propuestas y no buscar sus apoyos.
El PSOE trata de cerrar sus acuerdos y, entre ellos, está la continuidad de los actuales Juzgados de Paz, una institución que el proyecto extinguía, previendo su sustitución por las nuevas Oficinas de Justicia, adaptando y ampliando sus funciones.
El Ejecutivo esgrimía que los jueces y juezas de paz habían perdido progresivamente la mayor parte de sus competencias, limitándose al conocimiento en primera instancia de asuntos de menos de 90 euros, su participación en el Registro Civil y la realización de actos de comunicación.
«Tenemos claro que no van a desaparecer»
El Gobierno, sin embargo, no cuenta mayoría para aplicar su propuesta. Formaciones como el PP, Esquerra Republicana y Junts plantean su mantenimiento y, al menos estos dos últimos, han trasladado al Ejecutivo que se trata de una línea roja para aprobar la reforma.
Fuentes del Grupo Socialista confirman a Demócrata que, pese a la propuesta inicial por parte del Ministerio, existe un acuerdo para permitir su continuidad. “Tenemos claro que no van a desaparecer”, aseguran fuentes de la negociación, que ven posible una coexistencia.
En el PSOE creen que esta figura puede ser compatible con la Oficina Judicial y el modelo organizativo que plantea la reforma, dentro del nivel competencial en el que se decida para los juzgados de paz que ya haya vigentes.
ERC: Coexistencia y más funciones
La propuesta de ERC era, precisamente, que aquellas comunidades con competencia en materia de justicia de paz y de proximidad pudieran mantener esta figura, colaborando con las nuevas Oficinas de Justicia. «Para nosotros es una línea roja», recalcan en este grupo.
También planteaban en sus enmiendas ampliar sus funciones para ejercer labores de conciliación en conflictos vecinales de hasta 6.000 euros o colaborando en el resto de casos con las unidades de mecanismos alternativos de solución de conflictos, figuras que la reforma viene a fomentar.
En el caso de derecho penal, para aquellos delitos de naturaleza privada quieren posibilitar a las partes cuando comuniquen su voluntad de alcanzar un acuerdo. En otra enmienda, elevaban de 90 a 500 euros el umbral para su conocimiento de asuntos civiles.
Junts: Mantener sus atribuciones y desarrollarlas
Junts pedía también adecuar y dotar de medios suficientes este tipo de juzgados y que dirigieran aquellas oficinas con las funciones que tengan atribuidas en aquellas comunidades competentes.
Desde esta formación recuerdan que se trata de una competencia reconocida en el propio Estatut d’Autonomia de Catalunya, pero también en otros estatutos como el andaluz y el valenciano, reconociéndoles como parte del poder judicial.
Junts exige que no sólo se mantenga un órgano judicial con esa denominación, sino también sus atribuciones jurisdiccionales e incluso se desarrollen estas, para que en estos municipios puedan volver a tener competencias en materia de faltas penales o se eleve el umbral de las cantidades para que puedan conocer del caso.
