Las dos grandes ciudades toman la palabra en la crisis de vivienda. Madrid y Barcelona serán las protagonistas del reinicio de actividad en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Senado en 2026.
Sus alcaldes, el ‘popular’ José Luis Martínez-Almeida, en el caso de Madrid, y Jaume Collboni (PSC), en el caso de Barcelona, han sido citados el próximo miércoles 14 a partir de las 12:00 horas para ofrecer su visión en torno a esta crisis.
Ambos regidores expondrán, a petición del PP y del PSOE, respectivamente, sus visiones en torno a la política de vivienda y su actual crisis. Y defenderán sus modelos y sus medidas. No tan distantes como pudiera parecer, pero chocando frontalmente en torno al eje que divide este asunto: la aplicación o no de la Ley de Vivienda.
Regulación o boicot
Poco después de aprobarse la Ley de Vivienda, que habilitaba legalmente la imposición de topes al precio del alquiler, el regidor madrileño se jactó de, tal y como le auguraba una concejal de la oposición, no haría nada al respecto.
Ese tuit ejemplifica como pocos mensajes el rechazo frontal del PP en bloque a la Ley de Vivienda. Y aunque en los últimos meses hay administraciones ‘populares’ que sí han declarado zonas tensionadas –Galicia, para la ciudad de A Coruña--, en Madrid no cae esa breva.
Es más. Pese a no aplicarla, en el PP atribuyen a esa ley el alza disparado de los precios. Desde antes incluso de que se hubiera aprobado.
En Barcelona, Jaume Collboni, al igual que antes hizo Ada Colau en base a normativas autonómicas que después serían anuladas, ha aplicado los topes de precios. Y no sólo ello. También los incentivos fiscales que habilita la declaración de zonas tensionadas. Cataluña fue la primera comunidad en estrenar estos instrumentos de la Ley de Vivienda.
¿Y el precio?
Los portales de ambas administraciones reservan un espacio específico para consultar datos sobre el precio de la vivienda en los últimos años, por barrios y distritos, en alquiler y compraventa.
La base de datos revela un precio medio de 16,4 euros por metro cuadrado en la capital catalana, con una renta media de alquiler de 1.111 euros. En 2024 era algo inferior. Renta media de 1.147,2 euros, aunque un precio por metro cuadrado inferior: 16,1 euros por metro cuadrado.
La base de datos de Madrid es menos práctica, aunque permite exportar los datos mes a mes y por distritos. Hasta 2024, último año del que se ofrecen registros, el precio por metro cuadrado era de 16,20 euros.
Más oferta
Y en lo demás, las líneas generales de su política de vivienda no difieren tanto. Ambas administraciones concentran la mayor parte de su presupuesto en la promoción y la gestión de su parque público. En el caso de Barcelona, más de un tercio de los 240 millones de su presupuesto en esta área van a la construcción y administración de vivienda protegida.
En Madrid el carácter público no ocupa tanta relevancia, pero abogan por la construcción de vivienda nueva a precios asequibles. Actualmente tienen un plan para ampliar la oferta de vivienda en alquiler en el distrito de Vicálvaro y marcan el objetivo de gestión de 10.300 viviendas por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS).
Ambas ciudades tienen programas de ayudas al alquiler y a colectivos específicos, como jóvenes o personas mayores en situación de vulnerabilidad.
Un instrumento del que la capital catalana hace gala, y que en Madrid no emplean, es el del derecho de tanteo y retracto para facilitar la compra de vivienda y empezar a gestionarla desde el sector público.
Límites a pisos turísticos
Otra coincidencia entre las dos administraciones es la de querer poner coto a los pisos turísticos, aunque con diferente alcance e intensidad.
En Madrid, la prohibición se limita a aquellas viviendas que tengan un acceso independiente en planta baja o primera planta y que estén fuera del centro histórico. En estas calles no habrá licencias para viviendas dispersas en edificios residenciales.
Esto habilita la apertura de pisos turísticos siempre y cuando ocupen todo el edificio, lo que, en la práctica, puede incentivar la resolución de contratos de vivienda habitual para ‘liberar’ de inquilinos un edificio.
En el caso de Barcelona, el Ajuntament persigue la desaparición de este tipo de usos y ha anunciado que no renovará ninguna de las licencias. Su cierre total está previsto para 2028.