Todas las medidas del Plan Anticorrupción de Sánchez: una nueva Agencia, IA en contrataciones públicas y sanciones a empresas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido ante el Pleno del Congreso con el objetivo de “recuperar la confianza de los ciudadanos y de los grupos parlamentarios” tras el terremoto Cerdán a base de “traer medidas”. El paquete al que se ha comprometido recibe el nombre de Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, se compone de 15 medidas y ha sido elaborado en base a recomendaciones de la OCDE, del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) y de la Comisión Europea. Un armazón que incluye una reforma de la LeCrim, la creación de una Agencia Anticorrupción y el uso de IA en contrataciones públicas; pero que sin embargo, descuida el plano social.

A pesar de que todos los aliados parlamentarios del PSOE, inclusive su socio de Gobierno, Sumar, han urgido a revitalizar la legislatura con un potente despliegue de medidas sociales, Sánchez no ha anunciado intención alguna en este sentido.

Durante su intervención, tras hacer un recorrido por “nuestra positiva hoja de servicios”, ha admitido que quedan muchas tareas por hacer, siendo la lucha contra la corrupción el problema en el que centrar sus esfuerzos.

Para ello, ha diseñado un Plan articulado en cinco ejes:

Eje 1: Prevención de riesgos y fortalecimiento de los controles frente a la corrupción

• Creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública como órgano central de prevención, supervisión y persecución. Esta iniciativa fue sugerida por Sumar. El presidente considera que la dispersión y fragmentación del ecosistema institucional español requiere de una mayor coordinación en todos los niveles.
• Extender el uso de mapas de riesgos de integridad a todos los fondos públicos, con un enfoque sistémico y preventivo. Se partiría del modelo implementado para los fondos Next Generation. En su implementación efectiva habrá una primera fase piloto y, antes de desplegarse de forma gradual pero obligatoria, se evaluará y se ajustará el modelo metodológicamente.
• Impulsar la aprobación de la Ley de Administración Abierta y fomentar un sistema de participación ciudadana en la prevención de la corrupción. Se profundizará en la transparencia nutriendo el Portal con información de contratos, convenios, subvenciones, presupuestos… Una de las novedades más destacadas es la posibilidad de someter a altos cargos a controles adicionales anuales de patrimonio.
• Se aplicará la Inteligencia Artificial al sistema de contratación del sector público. Esta herramienta permitiría automatizar procesos y optimizar la identificación de patrones anómalos.
• Impulsar la aprobación urgente del Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés y ampliación de sus exigencias en la fase prelegislativa. Actualmente, esta iniciativa se encuentra en tramitación parlamentaria. Entre las medidas principales del proyecto destacan la creación de un Registro de Grupos de Interés y la incorporación obligatoria del denominado informe de huella normativa en todo proceso de elaboración legislativa o reglamentaria.
• Reforzar el control sobre la financiación y la actividad económica de los partidos políticos. Cualquier partido político o fundación que perciba subvenciones o fondos por un importe superior a 50.000 euros han de contratar, con cargo a su propio presupuesto, una auditoría externa e independiente.

Eje 2: Protección del informante

• Refuerzo de las garantías de protección a los denunciantes de corrupción y mejorar la eficacia de los canales de alerta. Pedro Sánchez plantea una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para asegurar que cualquier persona que denuncie cuente con protección, apoyo y confidencialidad.

Eje 3: Investigar, juzgar y sancionar la corrupción con el refuerzo del sistema judicial

• Robustecer las capacidades del Ministerio Fiscal y del Poder Judicial para investigar, juzgar y castigar eficazmente la corrupción. Se crearán secciones especializadas en anticorrupción y delitos contra la Administración Pública, se dotará de más medios a la Fiscalía Anticorrupción, el Ministerio Fiscal asumirá la instrucción de los procesos penales, se otorgará carácter preferente a las causas que involucren a cargos públicos y se ampliarán los plazos de prescripción del delito.
• Endurecer las sanciones a empresas corruptoras. Se incrementarán las multas y no se atendrán a los beneficios sino a los ingresos anuales. También se elaborarán listas negras para que no puedan optar a contratos públicos empresas condenadas por corrupción y se modificará la Ley de Contratos del Sector Público para exigir como condición un sistema de compliance anticorrupción.
• Endurecer los castigos y adoptar nuevas medidas contra la corrupción y delitos contra la Administración Pública

Eje 4: Recuperación de activos

• Reforzar la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) porque “no basta con prevenir, hay que reparar”.
• Crear la figura del “decomiso administrativo” o “decomiso preventivo”.

Eje 5: Promover una cultura anticorrupción y de integridad en la ciudadanía, la administración y la empresa

• Programas de formación obligatoria y difusión de buenas prácticas en materia de integridad y prevención de la corrupción dirigidos al personal del sector público.
• Organizar una campaña social para fortalecer la concienciación anticorrupción e informar al público de la necesidad y las posibilidades de reporte de irregularidades en instituciones públicas.
• Encuesta anual sobre percepción y experiencia de la corrupción en España.

Calendarización

El líder del Ejecutivo ha anunciado un acuerdo de seguimiento y evaluación con la OCDE para garantizar que se dan los pasos en la dirección apropiada y a la mayor celeridad posible. Así las cosas, la OCDE emitirá un dictamen técnico a los 12 meses y a los 24.