El Gobierno trabaja en un plan integral para responder a las consecuencias económicas de la guerra de Irán. El ataque de Estados Unidos e Israel hace ya trece días ha hecho temblar la economía mundial y sus efectos se notan ya en los precios energéticos, anticipando una espiral inflacionaria. Y, si el conflicto se enquista, una nueva crisis global.
Los tiempos
¿Cuándo aprobará el Gobierno su plan? El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dice que “a la mayor brevedad”. La vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que el martes irán las primeras medidas. Pero desde Economía insisten que aún no está decidido. No se descarta, incluso, convocar un Consejo extraordinario la próxima semana.
La situación
El alcance de las medidas y su definición depende de muchas variables, pero la principal es a qué realidad deben responder. La subida de precios ya es una realidad en las gasolineras y en el ‘pool’ de electricidad y es de esperar un repunte de la inflación. Pero aún es pronto para saber cuánto.
Un enfriamiento del conflicto o una rápida resolución podría propiciar un impacto más amortiguado. Su prolongación, podría derivar en crisis. Pero la situación, insisten en el Ejecutivo, no es comparable a los primeros compases de la guerra de Ucrania, cuando la subida del gas destrozó las facturas de la tarifa regulada, indexadas al ‘pool’ diario de electricidad. Los precios, al menos de momento, no han alcanzado registros similares a los de entonces.
La ola se ve a lo lejos. Aún no se sabe la altura ni su fuerza, pero todavía no ha impactado.
Las reglas fiscales
Otra variable para articular la respuesta. La Comisión Europea ya ha subrayado que los países deberán responder atendiendo al margen fiscal que tengan. Ha enunciado el aznariano ‘el que pueda hacer, que haga’, pero no en el sentido que pretendió el expresidente español. Que haga el que pueda, y hasta donde pueda. Sin descuidar las cuentas públicas.
Bruselas no prevé una suspensión de las reglas fiscales, escape imprescindible para adoptar medidas que impliquen un gasto elevado. Y, hasta cierto punto, tiene lógica al desconocerse cómo de grave será la situación.
Las medidas
De momento, focalizadas. El ministro Cuerpo subrayó el jueves que el Gobierno adaptará la respuesta a cómo evolucione la situación. La respuesta buscará atender la protección de empresas y hogares y facilitar el despliegue de las energías renovables y la electrificación, con medidas también de carácter estructural.
Cuerpo delimitó dos sectores a los que se atenderá en la primera respuesta, el del transporte y el sector agrario, a los que se les busca compensar el aumento de precios de la energía.
En principio, se descarta una bonificación generalizada en el precio de los combustibles como en la anterior crisis de precios y se buscan otras fórmulas, con preferencia por la vía fiscal.
En las facturas domésticas se dan por descontadas las rebajas de impuestos que ya se llevaron a cabo. El Gobierno tocó todos los elementos de la factura, desde el IVA hasta el Impuesto especial sobre la electricidad, y suspendió el conocido como impuesto de generación que PP, Junts y PNV exigen suprimir.
¿Más rebajas de impuestos? No habrá rebaja generalizada. Hacienda ha evitado rebajas en el IRPF, pese a la inflación, para aumentar el colchón fiscal durante los últimos años. La bajada del IVA aplicada a productos básicos todavía no se espera, al menos en una primera respuesta, sin haberse registrado aún repuntes de precios en los supermercados.
En la protección a vulnerables, se recuperará la prohibición de cortes de suministros. Pero los descuentos del bono social está por ver aún cómo se recuperan y en qué condiciones, ya que el Ejecutivo planeaba una reforma para acotar su concesión a situaciones de vulnerabilidad (e impedir que hogares con mayor renta disfrutaran de los mismos por ser familia numerosa)
La intervención de precios en el mercado de electricidad, con topes al gas como el acometido en la anterior crisis, depende de la Comisión Europea. El Gobierno queda a la espera del Consejo Europeo de los próximos 19 y 20 de marzo. En todo caso, insisten, los precios no han alcanzado los registros que justificaron la intervención. El Gobierno confía en que el mayor despliegue de renovables amortigüe el golpe.
Otro elemento clave será la moratoria antidesahucios. Junts ya ha exigido públicamente que no se incluya en el plan de respuesta, tras haber derogado los dos últimos ómnibus.
¿Qué más? Sumar, socios de izquierda y sindicatos exigen actuar en vivienda y transporte público. Para lo segundo hay descuentos aprobados (y convalidados recientemente en el Congreso). Un mayor desembolso sería sorprendente en la primera respuesta.
Lo mismo pasa con la prórroga de los contratos del alquiler, una medida ya reivindicada antes de estallar la guerra y a la que el PSOE se resistía por considerarla una intervención sin justificación jurídica. Una nueva crisis de precios podría hacerlo pero desde Economía se remiten a los últimos indicadores. La crisis aún no ha llegado.
Los apoyos
El plan se aprobará en un decreto-ley que debe ser convalidado en el Congreso en el plazo de un mes. Si no tiene apoyos suficientes, será derogado. Y el Gobierno ya arrastra dos derogaciones consecutivas del decreto-ley ómnibus, con medidas que ahora pretende rescatar en el plan anticrisis.
Buscando el voto. El Ejecutivo ha contactado ya a todos los grupos, a excepción de Vox que no quiso participar. No quiere depender del PP pero las peticiones de PNV y Junts, imprescindibles, van en una línea similar: rebajas fiscales. Los de Carles Puigdemont han registrado ya en el Congreso una amplia batería de bajadas de impuestos y la próxima semana ‘sacan a bailar’ a la vicepresidenta de Hacienda, María Jesús Montero, con una interpelación en el control al Gobierno.