QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Pese a reconocer que la reforma de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana impulsada por el Gobierno tiene continuidad en los trabajos iniciados por el último Ejecutivo de Mariano Rajoy, a Paloma Martín Martín (Madrid, 1970), vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular, no le convence.
«Es una reforma que nace coja», lamenta la responsable ‘popular’ en materia de Vivienda en una entrevista concedida a Demócrata en la sede del partido en Madrid, en la calle Génova, para analizar en detalle el proyecto con el que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana quiere dar garantías de permanencia a los planes generales de ordenación urbana y evitar su anulación por meros defectos de forma o de procedimiento.
La propuesta es de las pocas iniciativas que se han salvado de la ‘congelación’ legislativa aplicada por los grupos del Gobierno desde que comenzó el carrusel electoral, primero en País Vasco, luego en Cataluña y el próximo 9 de junio para el Parlamento Europeo.
¿Dónde están los socios?
El pasado 24 de abril, la Mesa del Congreso cerró el primer plazo de enmiendas, el de totalidad, y un mes más tarde la Cámara se dispone a debatirlas. Es el primer examen parlamentario de esta norma, y a él llega el Gobierno con tres socios —Esquerra Republicana, Junts y Podemos— en contra. Tampoco Sumar, formación que integra el propio Gobierno, quiere aprobarla.
«El PSOE la ha llevado al Consejo de Ministros sin contar con el apoyo de sus socios de Sumar, sin el apoyo de sus socios en el Congreso y sin llamar al Partido Popular para buscar ese consenso», critica la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del principal partido de la oposición.
El proyecto espera en el Congreso y ella es senadora, pero la exconsejera de la Comunidad de Madrid es la voz autorizada del partido en materia de vivienda. Fue Martín la que anunció hace semanas que el Grupo Parlamentario Popular ya trabajaba en enmiendas para modificar la norma, dando a entender entonces su disposición a superar la votación de totalidad, tramitarla y ahí confrontar sus propuestas con el Gobierno.
Sin el apoyo de Sumar y otros socios del Gobierno, la continuidad del proyecto queda en manos de los ‘populares’. Martín prefiere esconder sus cartas hasta la votación de totalidad. «Veremos en el debate de este jueves cómo se producen los acontecimientos», comenta, si bien comparte con el PSOE la conveniencia de la iniciativa.
Reforma «necesaria» pero sin «espíritu reformista»
«Es una reforma que, desde luego, es necesaria«, concede, justificando por ello la renuncia del PP a defender una enmienda a la totalidad, pero que a su juicio se queda corta. «Carece de ese espíritu reformista que tanto está demandando el sector y que tanto necesitan los ciudadanos».
La responsable de Vivienda del PP también aboga por llevar más lejos la norma, «flexibilizar aún más» el proyecto, y reducir aquellos supuestos que pueden hacer fracasar un plan general urbanístico. La reforma ya permite que, a diferencia de lo sucedido hasta ahora, determinados defectos de forma y procedimiento no supongan la nulidad de pleno derecho de un plan, sino que puedan ser subsanados.
También permitiría limitar los efectos de una posible anulación, al evitar la anulación de actos derivados de un plan si no tienen relación directa con la causa que provoca su nulidad. «Entendemos que los casos de nulidad y anulabilidad tienen que constreñirse algo más. No podemos permitir que esa nulidad se extienda a la totalidad de los actos», defiende.
La vicesecretaria de Derecho Sostenible aboga por que la falta de informes no pueda suponer una nulidad en cascada. «Seamos más flexibles y que, incluso cuando haya informes preceptivos y vinculantes que no se hayan emitido, si no tienen un carácter estructural y determinante, pueda continuarse con el desarrollo que ya se ha producido en la ciudad», reclama.
Retroactividad y reforma procesal
Este nuevo régimen de nulidad y anulabilidad planteado por el Gobierno afectaría también a los planes vigentes, pero siempre que no hayan sido recurridos judicial o administrativamente, algo que el PP también propone ampliar, y permitir así incluso la subsanación de planes anulados cuando la sentencia no sea firme.
«Queremos dar respuesta a procedimientos que han sido ya resueltos por los tribunales pero que están pendientes de ejecución. La Ley que ha propuesto el Gobierno», plantea, «no cubre con ese régimen establecido específico para sentencias que están en trámite de ejecución y nosotros proponemos determinarlo en la Ley reguladora de lo Contencioso-Administrativo«.
Martín también ve necesario introducir cambios en esa regulación para acompañar la reforma de la Ley del Suelo, pues considera que ésta «se queda coja porque no se complementa con las reformas de carácter procesal».
«Son los jueces y los tribunales los que luego tienen dificultades a la hora de interpretar, aplicar y ejecutar las propias sentencias anulatorias. Por lo tanto, nosotros proponemos que también se reforme esa ley para dar esa claridad y esos criterios exactos a jueces y tribunales«, explica.
Avala las restricciones a la acción pública
Respecto a las restricciones planteadas en el proyecto para ejercer la acción popular contra los planes, Martín justifica la medida señalando que «la acción pública ha de ser también una acción responsable«.
«La experiencia nos dice que hay personas con intereses espúreos que sólo buscan un beneficio económico. Están impugnando los planes o los actos consecuencia de los instrumentos de ordenación urbanística y producen un perjuicio al bien común», lamenta la dirigente ‘popular’, que cree que “la acción pública debe ser, en todo caso, delimitada«.
Entre las limitaciones introducidas por el Ministerio de Vivienda está, por ejemplo, un plazo máximo de cuatro años que hasta ahora no existe para recurrir un plan de forma indirecta (a través de la impugnación de uno de los actos derivados del plan). «Es el que aconseja el Consejo de Estado, que se ha pronunciado en distintas ocasiones. Parece un plazo razonable», defiende.
«Urbanismo responsable» y silencio positivo
Además de la ‘pata’ procesal, la responsable de Vivienda del PP considera que la propuesta debe responder al «espíritu reformista que tanto está demandando el sector y que tanto necesitan los ciudadanos».
«Desde el PP proponemos un urbanismo responsable. Si a la Administración le solicitan una licencia administrativa, tiene que cumplir en tiempo y forma con esa licencia. Y si no emite la licencia o deniega en plazo, eso no puede ser un obstáculo para sacar adelante proyectos de regeneración urbana», defiende Martín.
La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible critica que el silencio negativo en licencias de nueva obra «supone paralizar los desarrollos urbanísticos» y «no dar respuesta a la necesidad que hay de generar nuevo parque de vivienda». «Proponemos, en ese urbanismo posibilista, que si la Administración no cumple, el silencio de ese no pronunciamiento sea positivo y no negativo«, plantea.
Ley de Vivienda: control de precios y alquileres turísticos
En el PP defienden la agilización de promociones urbanísticas con el fin de aumentar la oferta, pues cree que la subida de los precios responde a un desequilibrio con la demanda de vivienda, algo de lo que también responsabilizan a la aprobación de la Ley de Vivienda.
«Incluso antes de su aprobación ya produjo efectos perversos, fundamentalmente porque establece un control de los precios y porque tolera la ‘okupación’. El control de precios es la peor solución, porque automáticamente hace que salgan del mercado viviendas que están en situación de alquiler», asegura Martín.
La dirigente ‘popular’ incide, además, en que «la mejor muestra del fracaso de esta ley es que las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, como Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra no han aplicado estas zonas de mercado tensionado y, por tanto, no aplican estos índices de control de precios».
«Sorprende que el Gobierno traiga a las Cortes un proyecto de ley de reforma de la Ley del Suelo y no un proyecto de reforma de la Ley de Vivienda cuando le están dando la espalda a esta ley hasta sus propias comunidades autónomas», rubrica.
Puedes ver en este enlace la entrevista completa de Álex Moreno a Paloma Martín, senadora y vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular
