Primer examen parlamentario del Gobierno del año. El Ejecutivo se juega la supervivencia de sus dos últimos decretos-ley y lo hará apenas una semana después de la tragedia de Adamuz.
El choque de dos trenes en la localidad cordobesa el pasado domingo causó la muerte de 45 personas y ha abierto una crisis ferroviaria, acentuada por los sucesivos incidentes desde entonces. A los dos días, otro maquinista, este de Rodalies, falleció tras el desplome de un muro.
Si el Ejecutivo llega ‘tocado’ al Pleno extraordinario de este martes, una nueva derrota en el Congreso, en las primeras votaciones del año, lo empujaría hacia una posición más crítica.
¿Qué hay en juego?
Los dos últimos decretos-ley de 2025, con los descuentos en el transporte por un lado y, por otro, el ‘decreto ómnibus’, con la prórroga del llamado ‘escudo social’, la subida de pensiones y otras medidas propias de un proyecto presupuestario, principalmente rebajas de impuestos y medidas de Seguridad Social
El desglose de las medidas
Además de la subida de pensiones y la prórroga del ‘escudo social’ –suspensión de desahucios y lanzamientos, prohibición del corte de suministros básicos y descuentos del bono social– el decreto-ley incluye más medidas.
Principalmente, de carácter tributario, con rebajas fiscales para afectados por efectos de la DANA y los incendios del pasado verano, y a la movilidad eléctrica y otras medidas de la Seguridad Social.
En el caso de las ayudas al transporte, el decreto-ley incorpora el abono único para servicios de transporte en el que el Gobierno quiere incorporar cualquier servicio de transporte público.
Y extiende durante todo 2026 los descuentos al transporte público vigentes, e incluso se amplían en algunos servicios como el Avant, Media Distancia o Cercanías.
Perspectivas parlamentarias
Nadie habría dicho, hace una semana, que los descuentos al transporte pudieran tener problema alguno para ser convalidados. Ahora no están en riesgo, pero se anticipa voto de castigo para un decreto-ley del Ministerio de Transportes, con PP y Vox exigiendo responsabilidades en este departamento.
El debate estará lejos de ser tan cómodo como podía esperarse hasta hace unos días para unos descuentos que concitan tanto consenso.
En el caso del ómnibus, el PP y Junts nunca han ocultado su rechazo a medidas como la moratoria antidesahucios. En el caso de los de Puigdemont, el Gobierno pactó su prórroga hace un año con compensaciones a los propietarios. Ahora se suman también los avales públicos en caso de impagos, regulados hace semanas vía desarrollo reglamentario.
Sin embargo, la votación llega después de que Junts anunciara ruptura total de relaciones con el Ejecutivo y su voto en contra a cualquier medida que no compartiera. En el partido descartan adelantar su voto.
El precedente de hace un año
La gran baza del Gobierno es el malestar que generó el rechazo hace un año al primer decreto-ley ómnibus, que supuso la derogación de medidas de protección social y deshizo la subida de pensiones.
PP y Junts, grupos que propiciaron dicho fracaso, se apresuraron a exigir un decreto-ley más limpio que facilitara la votación. El Gobierno lo aprobó y se convalidó sin problemas.
Este da continuidad al mismo en términos similares. Con, además, rebajas fiscales en la línea de las reclamaciones de ambos grupos.