Objeto de examen en foros y tertulias, y carne de meme en redes sociales, el sistema de pensiones ha estado fuera del debate en el Congreso. Hasta ahora.
Acechado por un creciente ruido en torno a su sostenibilidad, el futuro de las pensiones públicas vuelve a ser discutido. La Comisión de evaluación y seguimiento de los acuerdos del Pacto de Toledo se lanzará el próximo año a la revisión de sus recomendaciones.
Será a partir de febrero, con comparecencias en torno a seis bloques que los grupos han elegido para enfocar sus trabajos. Sin descartar que, durante su desarrollo, afloren más cuestiones, según han adelantado a Demócrata diferentes fuentes en la Comisión.
“Máxima flexibilidad”, subraya Mercè Perea, presidenta de la Comisión durante esta legislatura, tras haberse encargado de la portavocía del PSOE en este órgano en los últimos años.
Asuntos en el foco
Los bloques en torno a los que girarán las comparecencias serán la brecha género en el sistemaM la solidaridad entre generaciones; demografía y migración, pobreza; mercado laboral y el impulso a los diferentes pilares del sistema.
En el caso del mercado laboral está previsto abordar el nuevo modelo económico, el impacto de la inteligencia artificial, las carreras de cotización discontinuas, el trabajo autónomo y modelos de jubilación anticipada y flexible, entre otros.
Además, también se prevé solicitar la comparecencia de instituciones como la AIReF, cuya presidenta Cristina Herrero acudió recientemente a la Comisión, o el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas.
¿Ha cumplido el Gobierno?
A ello hay que añadir la rendición de cuentas que deberá afrontar el Gobierno sobre el grado de cumplimiento de las vigentes recomendaciones, aprobadas hace ya cinco años.
Será la actual ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, la que deba comparecer ante la Comisión para defender la adecuación de las reformas aprobadas a las orientaciones emitidas por el Congreso.
¿Es posible una renovación? ¿Llegarán a Toledo?
La temperatura política no puede invitar más al pesimismo. Y, sin embargo, tanto el PP como el PSOE parecen desligar la tarea de la confrontación que tiñe el resto de asuntos. O ese al menos el mensaje que trasladan.
En el PP no encuadran estos trabajos en su ‘no a todo’ que sí mantienen a cada propuesta de un Ejecutivo que ven achicharrado y agonizante, y subrayan su disposición a cumplir con las obligaciones de renovación.
En la tarea, además, está Miguel Ángel Paniagua, diputado reconocido por colegas a ambos lados del Hemiciclo por su carácter propositivo y capacidad de llegar a acuerdos. Cuestionan, eso sí, el interés del Gobierno en acometer la tarea, que se ha ido postergando durante más de un año.
En el PSOE esperan que el PP no dé la ‘espantada’. Desde la presidencia, la propia Perea recoge el guante y les emplaza, si así lo desea la Comisión, a repetir tres décadas después la rúbrica de un nuevo acuerdo en Toledo, la ciudad que bautiza el pacto fundacional.
Un aniversario huyendo de la bronca política
Precisamente este martes el Congreso celebró los treinta años del acuerdo político y social alcanzado en torno a las pensiones, en 1995, que sentó las bases del actual sistema público de pensiones y los mecanismos para su continuidad desde entonces.
El acto se vertebró en un único debate. Antes del cierre a cargo de las ministras Elma Saiz y Sara Rego, responsable de Juventud e Infancia, la Cámara reunió a jóvenes con políticos veteranos de la Comisión o el Ministerio del ramo.
La participación de portavoces fue descartada, según distintas fuentes en la Comisión, para evitar empañar el acto y no evidenciar las diferencias que existen. El debate permitió discutir desacuerdos, en todo caso, desde otras perspectivas. Con los jóvenes como protagonistas y la voluntad de despejar incertidumbres.
Como telón de fondo, el debate intergeneracional. El escepticismo de los jóvenes, acuciados por la precariedad y la crisis de vivienda, en alcanzar una jubilación digna que sí disfrutan en la mayoría de caso sus abuelos, y en nada sus padres, garantizada y reforzada tras las últimas reformas, y ajena a la crisis de precios.
“La solidaridad intergeneracional no es una opción, es una obligación”, remarcó la presidenta de la Comisión, Mercè Perea, asumiendo que uno de los grandes retos es lograr que los jóvenes “se sientan cómodos” con el sistema
“No hay mayor certeza para el futuro que la que ofrece hoy el sistema de pensiones”, abundó la ministra Saiz. “No podemos permitir que se manche con alarmas infundadas”.











