Aprobado el nuevo Plan Estatal de Vivienda, la primera incógnita que se abrió fue si realmente llegará a aplicarse. La duda es legítima. El Partido Popular somete al Gobierno a un bloqueo en todos los frentes abiertos para demostrar su debilidad y forzar el agotamiento de la legislatura.
¿Puede ser distinto a nivel autonómico? Las comunidades y ayuntamientos gobernados por el PP, salvo muy contadas excepciones, han hecho de la oposición a la Ley de Vivienda su bandera política. La norma estrella del Gobierno durante estos años apenas ha tenido efectos por el rechazo de estas administraciones a aplicar sus medidas.
En este caso, el objetivo del plan va de la mano con los postulados defendidos por el PP de ampliar la oferta de vivienda, si bien bajo ciertas condiciones que ‘rechinan’ entre las filas ‘populares’.
¿Por qué cuestionan el plan?
El propio Ministerio de Vivienda reconoce que, hasta ahora, la Administración General del Estado se había limitado a actuar como mero canalizador de fondos para la ejecución de políticas de vivienda y que con el actual plan busca orientar de forma clara el esfuerzo inversor.
El Gobierno condiciona la lluvia de recursos a una protección permanente de la vivienda para evitar que esos recursos pasen en unos años al mercado privado. Toda la nueva oferta que se subvencione deberá asumir condiciones de asequibilidad, con precios limitados.
La fijación de condiciones es vista por gobiernos como el de Madrid como una “recentralización” de competencias que están atribuidas de forma exclusiva a las comunidades autónomas. “O haces lo que el Gobierno quiere, o no hay dinero”, criticó el mismo martes el consejero de Vivienda de la Comunidad, Jorge Rodrigo.
Confianza en Vivienda
El Ministerio de Vivienda no concibe otra cosa de que el plan vaya a ejecutarse, y tienen previsto celebrar la próxima semana las primeras reuniones con las comunidades.
Unos encuentros que, subrayan en el departamento que dirige Isabel Rodríguez, han venido celebrándose en los meses previos a la aprobación del plan. Aseguran haber ido de la mano de ls comunidades en la elaboración del plan, incorporando aportaciones y negociando cambios con ellas.
También adaptando los tiempos de tramitación, tanto por la adopción de sugerencias como por alejar la aprobación del rally electoral de estos meses, cuando una foto con el Ministerio podría resultar más comprometida desde el punto de vista político.
En todo caso, se remiten a la disposición mostrada por otras comunidades, tanto en privado como en público, como Galicia, Aragón o Castilla y León, entre otras. Tampoco conciben que las comunidades puedan renunciar a un desembolso que, en su conjunto, supone 4.200 millones de euros para aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles.
La renuncia tiene un coste
Y es que, por encima de cualquier consideración estratégica, la renuncia al plan por parte de las comunidades supondría dar la espalda a un importante esfuerzo inversor dirigido a afrontar la gran preocupación de la sociedad española: el acceso a una vivienda en condiciones asequibles.
No sólo por las condiciones ventajosas que se esperan de las nuevas viviendas, sino también por el contrapeso que se busca conseguir, aumentando la oferta en alquiler y aumentar la competencia con los elevados precios del mercado privado.
El plan obliga a las comunidades a aportar un 40% de los fondos asignados, pero el 60% que compromete el Estado supone un buen montante.
Madrid, por ejemplo, renunciaría a una transferencia desde la Administración central de casi 670 millones de euros para una inversión total de 1.113 millones, contando la aportación autonómica.
Espera una transferencia aún mayor Andalucía, que tiene asignada una inversión total de 1.197 millones, de los cuales 718 millones procederían del Ministerio de Vivienda.
Completan los puestos de cabeza Cataluña (1.015 millones, de los cuales 609 millones procederían del Estado) y Comunidad Valenciana, que recibiría 479 millones para alcanzar 798 millones a lo largo del plan.
Casi 5.000 millones más que el anterior plan
Los 7.000 millones que busca movilizar ahora el Gobierno suponen casi 5.000 millones más que los consignados en el anterior plan, correspondiente al período 2022-2025. Entonces se asignaron 2.133 millones de euros, una inversión que se triplica ahora, según los datos difundidos por Vivienda.
Son precisamente tres comunidades gobernadas por el PP las que recibirían más fondos en relación al anterior plan: Andalucía (877 millones más que en el anterior período), Madrid (815 millones) y Comunidad Valenciana (558 millones).