QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Pleno del Congreso de los Diputados ha levantado el veto del Senado al Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, por lo que el texto ya está listo para ser publicado en el BOE. Podemos había amenazado con apoyar el veto, pero in extremis, ha pactado con Moncloa la prórroga de la suspensión durante un año de los desahucios a personas vulnerables por impago de alquiler y seis meses de ayudas al transporte en los mismos términos; así como una modificación de la Ley de Enjuiciamiento criminal para revertir la enmienda del PNV que permite juicios rápidos por okupación.
Los partidos que conforman el Gobierno, PSOE y Sumar, se han apoyado en ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y CC para obtener 177 síes, que se han impuesto a los 170 de PP, Vox y UPN.
La ley de eficiencia judicial dibuja un nuevo modelo organizativo en la Justicia. Su propósito es subsanar las disfunciones en el ámbito de la Administración de Justicia de una organización que, según los grupos que la han apoyado, ha quedado obsoleta. Se aspira a corregir la falta de especialización de los juzgados, la proliferación de órganos con competencias idénticas o la dispersión de medios y esfuerzos, entre otras cosas.
Una enmienda no querida por el Gobierno
Tal y como adelantó Demócrata, el error de EH Bildu y ERC en las votaciones de las enmiendas en el Congreso, antes de que el texto llegase al Senado, facilitó la inclusión en la ley de una modificación a la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir juicios rápidos en casos de allanamiento de morada y usurpación de bien inmueble.
La izquierda abertzale emitió un comunicado en el que admitían su error, que lamentaban y se comprometieron a trabajar para revertirlo. Podemos, en sintonía, amenazó con no prestar sus votos para levantar el veto del Senado si el Gobierno no se comprometía a tumbar la enmienda.
La diputada morada Martina Velarde, durante la sesión plenaria, ha insistido en que una de sus dos condiciones que pactaron con el Gobierno para permitir la aprobación de la ley era que “no se iban a legitimar desahucios”. “No es objeto de la ley que se metan enmiendas relacionadas con vivienda o desahucios, es una ley de eficiencia”, ha concluido. Sin embargo, finalmente, tras cerrar un acuerdo con el Gobierno, su bancada se ha decantado por apoyar la iniciativa.
Reestructuración de la planta judicial
Uno de los puntos calientes del proyecto de ley era el mantenimiento de los Juzgados de Paz. El Gobierno apostaba por suprimirlos, sustituyéndolos por las nuevas Oficinas de Justicia, adaptando y ampliando sus funciones. Sin embargo, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts impusieron como condición sine qua non su continuidad.
De hecho, no solo se conservarán los Juzgados de Paz, sino que verán ampliadas sus funciones al elevar de 90 a 150 euros el umbral de los asuntos civiles de los que puedan conocer.
También serán competentes para conocer en el orden penal actos de conciliación de procesos por injurias o calumnias cuando hayan sucedido en su municipio y la persona requerida tenga allí su domicilio, así como expedientes de conciliación civil de menos de 10.000 euros.
De igual forma, la ley amplía las funciones de los procuradores en procesos como ejecuciones de embargo, bajo la supervisión del letrado o letrada de la Administración de Justicia.
La reestructuración de la planta judicial que conlleva la ley da cumplimiento con lo previsto en disposiciones de las leyes de libertad sexual y de protección a la infancia y a la adolescencia. Por un lado, para atribuir a las secciones de violencia sobre la mujer delitos de trata o contra los menores; y por otro, la creación de secciones específicas en materia de violencia contra la infancia y la adolescencia. Asimismo, se regulan las secciones de Familia, Infancia y Capacidad.
El proyecto de ley incorpora otras reformas como la eliminación de las Golden Visa, la obligatoriedad de celebrar una votación en las comunidades de vecinos para abrir un piso turístico, o permitir la presencia de ministros extranjeros en el Consejo de Ministros cuando así se contemple en acuerdos internacionales –así se prevé en el último tratado bilateral firmado con Francia–.
Se corrige el error de la Ley de Paridad, que había rebajado la protección a trabajadores que se acogieran a un nuevo permiso de cinco días por cuidado de un familiar tras accidente, enfermedad grave u hospitalización, o a una adaptación de jornada.
El Ejecutivo también cerró con el BNG blindar las lenguas cooficiales en los procedimientos judiciales (este punto ya figura en la Ley de Derecho de Defensa), el protagonismo de las organizaciones sindicales en la jurisdicción social, las mejoras laborales para las personas funcionarias de la Administración de Justicia y la aplicación de la asistencia justicia gratuita en los mecanismos alternativos de resolución de controversias.
Además, el Ministerio de Justicia se compromete a agilizar la creación de juzgados de violencia de género en Santiago, Ourense y Lugo, recogidos en el Acuerdo de Investidura firmado con el BNG.
Deberes pendientes
El Gobierno había aprovechado este proyecto de ley para trasponer la Directiva 2020/1828, que exige a los Estados miembro a articular un procedimiento que permita acciones colectivas, bien por cesación o por resarcimiento.
En este sentido, el Ejecutivo optó por el llamado sistema opt-out, en el que la reclamación representa a todos los consumidores, que tienen opción de desvincularse. De esta forma, una sentencia afectaría a todo consumidor y usuario, salvo que hubieran solicitado expresamente su exclusión.
Finalmente, el PSOE retiró la reforma de las acciones colectivas por falta de acuerdo; pero los socios no olvidan. Tanto la diputada de ERC como Sumar insisten en que es un asunto urgente y se ha de retomar a la mayor celeridad posible.
