QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Gobierno era consciente de la endiablada aritmética parlamentaria desde el comienzo de legislatura. Ha sudado cada votación e, incluso, ha cosechado importantes derrotas. En las últimas semanas el escenario se ha complicado aún más con el anuncio de ruptura de relaciones de Junts. Sin embargo, no significa que no haya iniciativas que puedan prosperar, y el Proyecto de Ley de impulso de la Economía Social es una de ellas.
La formación de Carles Puigdemont anticipó que facilitarían cinco articulados, y este es uno de ellos junto al Real Decreto-Ley de ELA y al Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, ambos con el visto bueno definitivo, y los proyectos de ley de Atención al Cliente (en tramitación en el Senado) y del Cine, bloqueada al calor de sistemáticas ampliaciones del plazo de enmiendas.
Pero el apoyo de Junts al Proyecto de Ley de impulso de la Economía Social no será gratis, ni mucho menos. El grupo catalán ha registrado 28 enmiendas con modificaciones para salvaguardar las competencias autonómicas y regular los derechos de los socios temporales, las horas de trabajo en cooperativas pequeñas, empresas de inserción, cooperativas de vivienda y evitar el intrusismo. La ponencia se reúne el próximo jueves al finalizar el Pleno para seguir trabajando el informe.
¿Qué pide Junts?
Como suele ser habitual, el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, con Miriam Nogueras al frente, ha registrado varias enmiendas para blindar las competencias autonómicas de manera que el Estado no pueda interferir.
En esta ocasión, además, proponen que las empresas de inserción, para poder desarrollar su actividad en una CCAA distinta de aquella en la que esté inscrita, deberá hacer lo propio en el registro autonómico del lugar en el que pretenda desarrollar su actividad.
Plantean también que puedan establecerse vínculos sociales de duración determinada en las Cooperativas, siempre que el conjunto de estas personas no sea superior a un tercio de los socios de carácter indefinido. En el caso de las cooperativas de trabajo asociado, el conjunto de los socios temporales junto a las personas contratadas por cuenta ajena no podría superar el 49% de las horas anuales de los trabajadores indefinidos. Para cooperativas de hasta 10 personas socias trabajadoras, el porcentaje sería del 50%.
Con esta enmienda pretender limitar el poder decisorio de socios temporales que pudieran tener intereses más inmediatos y menor visión a largo plazo. La implicación, además, podría ser menor en comparación con el compromiso de los socios de duración indefinida.
Los de Puigdemont demandan modificar la Ley de Cooperativas a fin y efecto de incrementar el tope del número de horas al año realizadas por personas trabajadoras por cuenta ajena del 30% al 40%. En el caso de las cooperativas de menos de 10 socios, al 50%.
Proponen también nuevas definiciones de vulnerabilidad social, exclusión social, situación de mejora de empleo y persona sin hogar; así como endurecer los requisitos de las empresas de inserción. Consideran que deberán estar promovidas y participadas por una o varias entidades promotoras con un 100% de capital social para las sociedades mercantiles. Justifican que, así, se evitaría el intrusismo de entidades promotoras con ánimo de lucro que tiene por finalidad únicamente acceder a ayudas públicas y a contratos reservados.
Otra de las enmiendas modificaría la Ley sobre Régimen Fiscal para incluir a las cooperativas de viviendas en régimen de cesión de uso entre las cooperativas especialmente protegidas. La razón, que constituyen una alternativa estructural a la crisis de acceso a la vivienda al ofrecer un modelo estable, asequible y no especulativo.
¿Qué plantea la ley?
El propósito de la nueva norma es reforzar la economía social no solo para crear empleo, sino también para aumentar su impacto social. Así, se plantean tres ejes sobre los que impactar: las cooperativas, las empresas de inserción y otras entidades de economía social.
Se quiere potenciar el papel tractor de las cooperativas en su sector mediante la actualización y adecuación de la Ley de Cooperativas (27/1999). Se crearía un nuevo órgano interno, la Comisión de Igualdad, para elaborar y ejecutar los planes de igualdad cooperativos. Dos son los pilares fundamentales sobre los que se focalizará: los derechos digitales de las personas socias y su participación telemática.
En cuanto a las empresas de inserción, la ley adapta el marco regulatorio a las nuevas circunstancias económicas y sociales para consolidar y fomentar el modelo inclusivo y sostenible de las empresas de inserción en todo el territorio estatal.
Su objetivo social es incrementar el potencial transformador y la capacidad de respuesta a la inserción social y laboral de personas en situación de vulnerabilidad o exclusión. Entre las medidas previstas destacan la revisión de los perfiles de las personas que puedan ser contratadas (incluyendo nuevos factores de exclusión ajustados a la coyuntura actual), la regulación de los requisitos de las entidades promotoras y la introducción de elementos de flexibilidad normativa para dotar de estabilidad a las empresas de inserción y minimizar el riesgo de descalificaciones que perjudiquen a las personas en dicho proceso.
En cuanto a las entidades de la economía social, se dibujan nuevas fórmulas asociativas, se clarifican tipologías y se actualiza el catálogo de entidades que integran el sector.
