Enero es un mes inhábil, pero el Congreso lo ha cogido con fuerza. Va camino de dos sesiones plenarias extraordinarias, ha llamado a Facebook a comparecer y busca acometer, cual propósito de año nuevo, una de las problemáticas legislativas más ‘calientes’ de la legislatura: cómo facilitar una pasarela a la Seguridad Social a los mutualistas alternativos.
Según informan a Demócrata varias fuentes parlamentarias, la Mesa del Congreso ha autorizado a la Comisión de Trabajo activar los trabajos para la tramitación de esta proposición de ley, registrada por el PSOE, para tratar de resolver una cuestión que afecta a cientos de miles de profesionales –e impactará también en las tan señaladas cuentas de la Seguridad Social--.
A la espera de una propuesta
Pese a tratarse de un mes inhábil, la ponencia de la Comisión, ya constituida, podrá reunirse y celebrar sesiones con carácter extraordinario. Los grupos esperan que el PSOE, que trabaja mano a mano con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, lleve a la negociación una propuesta que integre las enmiendas aportaciones realizadas. En el PSOE apuestan por celebrar una nueva reunión para acercar posiciones. Ese encuentro, al menos al cierre de esta edición, no tiene fecha.
La mejor baza para que salga adelante es que existe un elevado grado de consenso en la necesidad de aprobar la reforma. Otra cosa es cómo. Pero la presión de los colectivos funciona: PP, Vox y Sumar solicitaron activar los trabajos en enero y el PSOE ha respondido. Ahora toca ver qué dan de sí estas dos semanas de enero.
Pasar al RETA (y en qué condiciones)
La problemática es bien conocida. Abogados, arquitectos, ingenieros, arquitectos, procuradores y otros colectivos que han cotizado a través de mutualidades alternativas a la Seguridad Social se han movilizado para exigir una integración de sus aportaciones en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), ante la insuficiencia de las pensiones que afloran tras su capitalización.
En los últimos meses han protagonizado movilizaciones y ejercen una presión importante –no pocos diputados pueden dar fe de ello-- para que la reforma supere cualquier resistencia partidista y salga adelante. Fue el PSOE el que dio el paso de registrar una proposición de ley. Aunque esta primera propuesta no convenza, es la iniciativa sobre la que se espera que dé solución a un problemática que impacta de lleno en el sistema de pensiones. Y de dimensiones considerables.
Según datos de la Confederación Española de Mutualidades, hay alrededor de 200.000 profesionales que cotizan en este tipo de sistemas de previsión social y no en la Seguridad Social. Otras fuentes rebajan el alcance a 120.000 profesionales. La mutualidad más importante es la de la Abogacía, con alrededor de 210.000 mutualistas, de las que alrededor de 60.000 son mutualistas alternativos: ejercen por cuenta propia y cotizan exclusivamente en la mutua, y no en el RETA.
El 'uno por uno'
Los colectivos movilizados exigen la integración ‘uno por uno’: que cada año o mes cotizado en la mutualidad se contabilice de igual manera en el RETA. El debate es de aúpa, por impacta de lleno en los números de la Seguridad Social y el sistema público de pensiones, en el punto de mira de cualquier debate económico a futuro, y también sobre el papel y las posibilidades de los sistemas de pensiones alternativos.
También porque se trata de profesionales que, hasta 1995, o al menos en la gran mayoría de casos, estaban obligados a cotizar conforme a hubieran elegido sus colegios profesionales. La Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados reguló y consolidó este régimen alternativo. Y aun contemplando la posibilidad de pasar al RETA, el coste era la pérdida de derechos adquiridos.
Cómo dar respuesta a todas las realidades involucradas –que van desde los que ven cerca su jubilación o les queda años aún, o los que ya están retirados y no tienen margen para mejorar su situación--, es el gran debate. Especialmente con la sostenibilidad financiera del sistema de fondo –y las posibles contradicciones con el sistema público, que tiene sus propias restricciones y penalizaciones con sus cotizantes--.
Sistema voluntario y garantía de suficiencia
En la Comisión existe un consenso en la necesidad de dar solución al problema, y también ofrecer un sistema voluntario. También en, como mínimo, responder con garantía de suficiencia a aquellas problemáticas más agudas. Asegurar unas pensiones mínimas e impedir situaciones de verdadera vulnerabilidad.
El reto es mayúsculo porque la pasarela es una respuesta a un problema que lleva arrastrándose durante décadas y ha explotado ahora, demandada con urgencia. En pleno debate sobre el futuro de las pensiones. No puede ser un parche, sino que se exige una respuesta estructural, y que no es posible sustentar sobre aritmética parlamentaria.
Todas las fuentes consultadas creen necesario un acuerdo al respecto. Si eso se alcanza, en este Congreso y en esta legislatura, más que de un propósito de año nuevo, podría hablarse de un milagro.