Las leyes de Sumar se atascan entre la fragmentación del Congreso y los frenos del PSOE

PSOE y Sumar asumían desde el inicio de la legislatura que la aritmética parlamentaria les obligaría a emplearse a fondo para sacar adelante cualquier iniciativa. Las formaciones situadas a la derecha del hemiciclo suman una mayoría potencial —137 escaños del PP, 33 de Vox y siete de Junts, a los que podrían añadirse los cinco del PNV— que complica cada votación. El escenario se complicó aún más con la ruptura anunciada por Carles Puigdemont. El bloque de investidura perdía un miembro clave. El Gobierno en su conjunto encuentra serias dificultades para desplegar su agenda legislativa, pero es Sumar quien acusa especialmente el desgaste. El socio minoritario no solo lidia con la fragmentación del Congreso y la necesidad de tejer mayorías variables, sino también con los frenos internos del propio PSOE, que mantiene en el cajón algunas de sus propuestas por discrepancias que, en buena medida, prefieren no airear públicamente.

El Gobierno en su conjunto encuentra serias dificultades para desplegar su agenda legislativa, pero es Sumar quien acusa especialmente el desgaste

Trabajo, la ‘suerte’ de Yolanda Díaz

Aún en la rampa de salida porque no prevé volver a concurrir en las próximas elecciones generales, Yolanda Díaz capitanea la acción de Gobierno de Sumar. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo tiene la suerte de que algunos de los asuntos impulsados desde su cartera no tienen que pasar por las Cortes. Una fortuna, no obstante, relativa, puesto que el diálogo social no es un camino sencillo. La patronal acostumbra a desmarcarse.

En el horizonte próximo del departamento está la reforma del registro laboral, que prevé articular mediante un desarrollo reglamentario. Y aunque no tendrá que someterse a la tramitación parlamentaria, choca tanto con el PSOE como con el Consejo de Estado.

Tanto el Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo como el de Transformación Digital y Función Pública, de Óscar López, ambos socialistas, han manifestado reservas a la propuesta de Díaz. La discusión entre socios es habitual en una coalición, pero en este caso, los magenta lo consideran una deslealtad y una vulneración del propio acuerdo de coalición.

Trabajo continuará con su hoja de ruta y asegura que no modificará sus dos puntos clave: que el registro sea digital para garantizar que sea un método objetivo y no manipulable para controlar la jornada, y que este sea accesible por la Inspección de Trabajo para su verificación.

Ante esta situación, el ministerio de Díaz opta por no aventurar un potencial calendario de aprobación en Consejo de Ministros.

La otra asignatura pendiente en la que Trabajo concentrará esfuerzos en los próximos meses sí que deberá superar el examen del Congreso. Se trata del Estatuto del Becario, cuyo proyecto de ley fue aprobado en Consejo de Ministros el 3 de marzo y ya se encuentra en el Congreso descansando al calor del famoso “Ampliación de enmiendas”. Las esperanzas de que prospere son pocas, empezando por el propio PSOE, que no termina de ver con buenos ojos el contenido. No sería la primera vez que el Grupo Socialista bloquea un proyecto de ley de Sumar aunque salga del Consejo de Ministros, que es un órgano colegiado, tal y como veremos a continuación en todos y cada uno de los ministerios liderados por magentas.

Sanidad, mucho ruido y pocas nueces

El Ministerio de Sanidad, con Mónica García al frente, es una de las carteras con más iniciativas abiertas, una voluntad rebosante de optimismo que, sin embargo, no se traduce en novedades en el BOE.

El trío de leyes sanitarias en que García troceó la denominada Ley Darias, Anti-privatizaciones, Equidad y Universalidad, está bloqueado. Los proyectos de ley de Equidad y Universalidad duermen el sueño de los justos al calor de sistemáticas ampliaciones del plazo de enmiendas y nada augura que vaya a desbloquearse. Y en tal caso, los partidos nacionalistas son especialmente sensibles con el respeto a las competencias autonómicas y habrá de pulirse mucho la cooperación para que exista alguna posibilidad de suscitar una mayoría suficiente.

Sanidad es una de las carteras con más iniciativas abiertas, una voluntad rebosante de optimismo que, sin embargo, no se traduce en novedades en el BOE

En el caso de la ley Anti-privatizaciones, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) en primera vuelta en febrero de este año. Todavía deberá recibir un segundo visto bueno antes de comenzar la tramitación parlamentaria. Si bien es cierto que se ha limado el principal punto de fricción entre el PSOE y Sumar, que era la limitación de las excepciones que permitirían las privatizaciones y la consecuente derogación de la Ley 15/1997, su tramitación parlamentaria se antoja más que complicada.

La otra iniciativa que se encuentra paralizada en el Congreso es el Proyecto de ley de prevención del consumo de alcohol y de sus efectos en las personas menores de edad. El texto fue remitido al Congreso y, a pesar de que la ministra pretendía una tramitación relativamente ágil, hasta el sol de hoy no solo no ha habido cambios, sino que hay voces que apuntan a posibles discrepancias con el socio mayoritario, el PSOE.

La Comisión de Sanidad se ha convertido en una suerte de pozo en el cual, ley que llega, ley que encalla. La única excepción, la Agencia Estatal de Salud Pública.

Sumar trabaja en otras iniciativas que espera llevar pronto al Consejo de Ministros, como son la reforma de la Ley de Medicamentos, cuyo borrador fue desvelado en exclusiva por Demócrata. Fue aprobado en primera vuelta en abril de 2025 y el Ministerio está valorando las alegaciones recibidas por parte del sector, pero no hay un calendario tentativo sobre la mesa.

En la misma situación se encuentra el Anteproyecto de Ley Antitabaco, aprobado en primera vuelta el pasado mes de septiembre, con el objetivo de atender la “innumerable cantidad de alegaciones”.

Cultura, claqueta sin acción

El Ministerio de Cultura de Ernest Urtasun tiene dos proyectos de ley paralizados en el Congreso. El más relevante, el famoso Proyecto de Ley del Cine. Desde Sumar insisten en que el desbloqueo “está cerca”, pero nada ha cambiado y nada garantiza un desenlace satisfactorio.

Todos los actores implicados en la conversación tienen voluntad para llegar a un acuerdo. El primero, el Ministerio de Cultura. El portavoz de Sumar en la Comisión de Cultura, Nahuel González, se reunió la pasada semana con Urtasun para intentar acelerar una tramitación que está absolutamente paralizada.

En declaraciones a Demócrata, Nahuel González defendió la necesidad de “ir con valentía” y “avanzar en leyes, aunque se pierdan votaciones”. Lo que está frenando el Proyecto de ley del Cine es, precisamente, el temor del Ministerio a que su exigua corpulencia parlamentaria no sea capaz de frenar enmiendas que desvirtúen la naturaleza del texto, dando lugar a una ley que no es la deseada.

También tiene voluntad de que salga adelante Junts. La formación de Carles Puigdemont enumeró cinco iniciativas en las que el Ejecutivo podría contar con su respaldo tras la ruptura, y la del Cine era una de ellas. Pero no a cualquier precio.

El plan del Gobierno era encarrilar primero el Proyecto de ley de creación de la Oficina de Derechos de Autor y Conexos, para el que no esperaban encontrar obstáculos, y después, el del Cine.

Esta iniciativa está más avanzada que la del Cine, puesto que ya hay ponentes designados y la Comisión de Cultura aguarda el informe de la ponencia desde el pasado 31 de octubre. En las últimas semanas, las conversaciones se han enquistado de tal manera que, ahora, se valora acelerar antes la Ley del Cine. El problema del texto de Derechos de Autor radica en que Junts quiere incorporar una enmienda para incorporar deducciones a las artes escénicas.

En definitiva, en las próximas semanas Sumar habrá de enfrentarse a la dicotomía de desbloquear las iniciativas y exponerse a que o no prosperen o el resultado no les sea satisfactorio por posibles enmiendas; o continuar dilatando el proceso sine die.

Bustinduy no es la excepción

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, también tiene dos proyectos de ley en tramitación en la Cámara Baja. Uno de ellos es el ya olvidado Proyecto de Ley de Familias, en el Congreso desde febrero de 2024. Continúa en plazo de enmiendas y nada apunta a que vaya a ponerse fin al mismo para pasar al siguiente estadio. El Ejecutivo, de hecho, ha rescatado los permisos incluidos en el texto por otras vías, como el decreto anticrisis con el escudo social.

Otra asignatura pendiente es la reforma de las normas de Dependencia y Discapacidad. En su caso, ya hay enmiendas parciales y la Comisión de Derechos Sociales y Consumo ha de constituir ponencia y elaborar el informe, un encargo que tienen desde el pasado 26 de febrero.

Cierto es que el ministerio de Bustinduy está ahora centrado en otros asuntos. Uno de sus buques insignia es el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, que fue retirado de TRIS sin haber concluido el plazo del statu quo. Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Agenda 2030 y Consumo señalan que esto responde a que prevén incluir “algunas mejoras” que serán reveladas “próximamente”.

Por otro lado, tal y como publicó en exclusiva este medio, se está trabajando en un Real Decreto por el que se regula el etiquetado accesible de productos de consumo, cuyo propósito es garantizar información en braille y otros formatos en cosméticos, detergentes y limpiadores y productos alimenticios.

Esta cartera es un ejemplo perfecto de cómo las tramitaciones parlamentarias dan al traste con iniciativas clave para Sumar. De un plumazo y sin mucho ruido, el Congreso de los Diputados se cargó toda la propuesta de regulación del sector del Juego. Bustinduy intentó consumar su propuesta mediante una enmienda al Proyecto de Ley de Atención al Cliente, pero la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado la suprimió y, al regresar el texto a la Cámara Baja, el Pleno no la rescató.

Sira Rego y una de las prioridades de Sánchez

Y si Consumo personifica a la perfección cómo las Cortes pueden trucar -y truncan- la agenda regulatoria de Sumar, el Ministerio de Juventud e Infancia de Sira Rego encarna la pugna con su socio, el PSOE.

Las políticas de Juventud e Infancia son transversales a cualquier iniciativa. En una entrevista con Demócrata, la propia ministra lo puso en valor. Su cartera participa de muchos de los proyectos de ley, algunos tan relevantes e importantes para el presidente Pedro Sánchez como el de protección de menores en entornos digitales.

La norma se tramita desde Justicia y se encuentra en la Comisión del ramo, pero Rego está muy involucrada en el mismo, máxime cuando uno de sus principales puntos es el veto a redes sociales a menores de 16 años.

Sánchez anunció que se impulsaría una enmienda transaccional para que el texto recogiera explícitamente la prohibición; una medida que desde Sumar aceptan con matices.

A su juicio, el redactado ya lo contemplaba de forma lo suficientemente garantista. Además, consideran que el debate no debe pivotar en torno a la prohibición, sino que debe centrarse en hacer de la red un entorno seguro para que los menores puedan navegar sin riesgo. De hecho, plantean la posibilidad de impulsar una red social pública, no controlada por “caudillos tecnológicos” con “algoritmos dañinos para nuestros hijos”.

Mucho trabajo, ¿poca esperanza?

Sumar se enfrenta a una paradoja constante: despliega una intensa actividad política y legislativa, pero choca de forma recurrente con una aritmética que no le acompaña y que, en muchos casos, acaba desfigurando el resultado final de sus propuestas. El riesgo de que las iniciativas sean colonizadas por enmiendas ajenas —hasta alterar su esencia— planea sobre cada trámite parlamentario, aunque en el espacio magenta insisten en que eso no condiciona su iniciativa política puesto que cuando consideran que una medida debe impulsarse, la pelean hasta el final. En ese recorrido, subrayan, no les corresponde a ellos justificar los bloqueos o los descafeinados, sino a quienes, con su voto o sus enmiendas, impiden que prosperen. A ello se suma un factor añadido que cada vez se verbaliza con menos cautelas: el PSOE no siempre actúa como aliado en ese proceso, sino que en ocasiones contribuye a enfriar, matizar o directamente frenar algunas de esas iniciativas.