La crisis se resolvió con vivienda. PSOE y Sumar cerraron la crisis abierta en el Gobierno aprobando la renovación automática de los contratos de alquiler en un decreto-ley específico, aparte del aprobado con la respuesta económica a la guerra de Irán.
Otra cuestión será cuánto dure esta congelación de rentas. Para el plan de respuesta, aseguró el presidente Pedro Sánchez, el Gobierno tiene asegurados sus apoyos. Para el específico de vivienda, no.
“Por eso lo llevamos aparte, para que en las próximas semanas podamos seguir negociando”, justificó en su comparecencia ante los medios, dando a entender que el Gobierno no someterá a votación el próximo jueves este segundo decreto-ley, como sí está previsto en el caso del plan anticrisis.
"El mayor escudo social de toda la UE"
En su comparecencia, el presidente del Gobierno ha destacado que el volumen de recursos movilizados con el plan 'anticrisis' asciende a 5.000 millones de euros.
"España se convertirá en el país con el mayor escudo social y económico de toda la Unión Europea", afirmó Sánchez, que aseguró que las medidas estarán "el tiempo que sea necesario". "Si las circunstancias lo exigen, lo ampliaremos. Es un plan abierto, coherente con lo que ha funcionado en las anteriores crisis", aseveró.
Más sanciones contra abusos al subir los precios
Además, el decreto-ley con la respuesta económica contemplará el control de márgenes empresariales, la otra gran demanda de los de Yolanda Díaz.
Sánchez explicó que se elevarán las sanciones contra aquellas empresas que cometan abusos al subir los precios, si bien no detalló a partir de qué umbral un margen empresarial se considerará abusivo.
Con el nuevo decreto-ley, el Gobierno dotará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de nuevas capacidades de supervisión y sanción para castigar a estas empresas.
Rebajas fiscales a la energía
La respuesta económica del Gobierno centra los esfuerzos en rebajar la factura fiscal de la energía a hogares, empresas y, especialmente, a aquellos sectores más afectados por el impacto de la subida de precios en gasolina, diésel y fertilizantes.
Para los sectores del transporte y el agroalimentario se prevé una ayuda directa de 20 céntimos por litro al combustible que empleen, que podrá emplearse para la compra de fertilizantes en el caso de los segundos. La industria más electrointensiva se volverá a beneficiar de una rebaja del 80% en los peajes de energía.
La subida de precios en las gasolineras se bajará con la bajada al 10% del IVA aplicado al carburante y en el Impuesto de hidrocarburos hasta el mínimo permitido en la UE. El Gobierno estima que la rebaja supone 30 céntimos por litro.
En las facturas a hogares y empresas, el IVA aplicado a la electricidad y al gas natural quedará reducido del 21% al 10%. Y se congelará el precio máximo del butano y el propando.
Además, queda suspendido el conocido como impuesto de generación, que deben afrontar las compañías eléctricas sobre el valor de su producción, y queda reducido al 0,5% el Impuesto especial sobre la electricidad.
Además, se extienden hasta final de año los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico y se refuerza el bono térmico. También se recupera la prohibición de corte de suministros a hogares vulnerables.
Sumar se plantó por no aceptarse sus medidas
El acuerdo pone fin a la crisis abierta este viernes en la coalición, cuando los ministros de Sumar se han plantado y han rechazado iniciar la reunión por no haberse tenido en cuenta sus demandas.
El plante ha retrasado el inicio del Consejo durante más de dos horas. La reunión no ha comenzado hasta las 11,40 horas. La previsión en Moncloa era haber concluido mucho antes la reunión. La comparecencia del presidente para explicar las medidas estaba prevista a las 11 horas y no ha comenzado hasta dos horas después.
Sánchez no ha querido dar importancia al retraso, preguntándose si acaso había una hora de cierre prevista al Consejo de Ministros, poniendo en valor los acuerdos alcanzados y las medidas aprobadas.