Rafael Navas lleva más de treinta años en la Mutualidad de la Abogacía, una aseguradora sin ánimo de lucro para profesionales del Derecho y familiares que gestiona 11.200 millones de euros correspondientes a 210.000 mutualistas.
En ese tiempo, este directivo ha sido testigo de la transformación de un modelo de asistencia que se remonta a 1948, antes incluso del nacimiento de la Seguridad Social. Y que, desde entonces, ha debido adaptarse a necesidades de los mutualistas y a obligaciones normativas.
De un sistema obligatorio para todo aquel que se colegiara como abogado a uno voluntario a partir de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados de 1996. De un sistema de reparto, sustentado en la solidaridad intergeneracional como las pensiones públicas, a otro de capitalización a partir de 2005.
Navas subraya que, entonces, los mutualistas veteranos pudieron elegir y que sólo “una minoría” optó quedarse en el sistema de reparto. “Desde 2005, todos los que han entrado en la mutualidad como sistema alternativo saben a qué sistema entran”, asegura.
La historia de esta entidad es la del mutualismo alternativo, que en el caso de esta mutua alcanza a unos 58.000 mutualistas que aportan a un sistema alternativo a la Seguridad Social. Un modelo puesto ahora en la picota por un movimiento muy crítico con su funcionamiento y con las pensiones que acaban resultando.
“Es lo que más nos duele”, reconoce a Demócrata, al ser preguntado por este cuestionamiento que hace del propio modelo y del negocio un grupo de mutualistas que exige poder traspasar sus aportaciones al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social y devengar así el derecho a percibir una pensión de jubilación pública.
El director general de Grupo Mutualidad recibe a este periódico en una de las salas del luminoso edificio en Francisco Silvela, en el madrileño distrito de Chamartín al que la mutualidad se mudó hace ya casi dos años.
Durante todo ese período, ha afrontado acusaciones de falta de información y de transparencia por un colectivo de mutualistas, muy críticos con sus perspectivas de jubilación. “Chocaba un poco la ferocidad. Esta agresividad que hay contra la Mutualidad”. El directivo cree que hay parte del movimiento que “realmente lo que quiere es liquidarla”. “Se siente engañado. Contra eso no se puede luchar, pero a mí me duele”.
“La transparencia aquí es lo máximo”
Navas rechaza, tajante, las acusaciones: “La mutualidad siempre ha dado la cara y siempre hemos intentado informar a los mutualistas”. Asegura que, desde que se puso en marcha el sistema de capitalización, la mutualidad remite trimestralmente información de las cuotas abonadas y el capital acumulado.
“La transparencia aquí es lo máximo. Aparte de los informes, hay una web donde puedes hacer simulaciones continuas. Cuánto tengo, cuánto me va a tocar… ¿Poca información? No. ¿Que les hemos engañado? Creo que tampoco”, replica.
Reconoce, eso sí, que desde la propia aseguradora detectaron que había situaciones que resultarían años después en pensiones muy reducidas por las bajas aportaciones de mutualistas. Con la información remitida, defiende, buscaban que los mutualistas aumentaran las aportaciones, como “incentivo para mejorar sus prestaciones”.
Pero, insiste, el sistema era claro: “Cada uno tiene en función de lo que ha pagado. Tenemos mutualistas, los menos, que van a cobrar 400 euros al mes. Son pensiones indignas. Y tenemos mutualistas que van a cobrar 2.000 euros porque se han preocupado de aportar lo que han tenido que aportar”.
La gran mayoría, en todo caso, no alcanzan los mil euros, tal y como reconoce en otro momento de la entrevista el director general de Mutualidad.
Estimación indeterminada
La entidad no se atreve a dar una estimación de cuántas personas se acogerían a una hipotética pasarela, en caso de aprobarse. “Hemos lanzado un plan estratégico y en él consideramos que se van a ir los 58.000 mutualistas alternativos y que moverán 3.500 millones”, dice Navas.
La previsión excede cualquier aproximación realista. “Evidentemente, eso son los máximos. No todo el mundo se va a ir porque hay gente que no confía en el sistema público”. Y, por supuesto, de las condiciones que se aprueben para hacer el traspaso. El reconocimiento de años cotizados o de las aportaciones que pasen a la Seguridad Social. “Todo dependerá de las condiciones que se fijen”, considera.
Las condiciones de la Mutualidad
El director general Navas no discute cómo deben definirse estos términos –”lo que mejor den a los mutualistas nos parecerá bien”-- pero sí traslada varias exigencias de la Mutualidad
La primera, que la reforma no acabe con la alternatividad como opción para los mutualistas que deseen este sistema de capitalización, en lugar de la Seguridad Social.
También exigen un traspaso ordenado de los fondos a la Seguridad Social, atendiendo a su disponibilidad, ya que su retirada no está prevista hasta la jubilación de los mutualistas. “Una retirada anticipada puede salir muy bien o muy mal, dependiendo de las condiciones de mercado de cada momento”, explica.
Finalmente, aboga por que los mutualistas puedan beneficiarse de complementos a mínimos para asegurar unas pensiones mínimas y que ello no sea a costa de sus aportaciones, sino con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. “Estos complementos están financiados con impuestos. Los mutualistas alternativos también están pagando impuestos para cubrir ese complemento a mínimos”, razona.
Deficitario para la Seguridad Social
El director general de Mutualidad no entra a valorar cómo debe hacerse el traspaso, más allá de las condiciones que afectan directamente a la aseguradora. Pero asume que, de hacerse, será una jugada deficitaria para las arcas públicas.
“Evidentemente, esto le cuesta al Estado. Ya le cuesta dinero al Estado cualquiera que se meta en el sistema público”, reflexiona. “Bien es cierto que no lo será ahora. Lo será cuando se jubilen, pero es un déficit para la Seguridad Social futura. Mínimo, dentro de los volúmenes que tiene la Seguridad Social, donde hay 70.000 millones que ya sólo vienen de impuestos, pues la verdad es que 100.000 mutualistas alternativos, entre todas las mutualidades, pues es peccata minuta.
“Que no empiecen los ajustes”
Navas subraya que el modelo de la mutualidad y el del RETA no son comparables. Por encima de cualquier diferencia, el respaldo del Estado a la hora de equilibrar desequilibrios. Pero advierte: “Ahora mismo gobierna quien gobierna y las pensiones tienen mucho valor. Pero que no empiecen los ajustes, impuestos por Europa, por ejemplo”.
El directivo recuerda cómo muchos mutualistas que marcharon al RETA quisieron volver a la mutualidad cuando se cuestionaba la viabilidad del sistema público de pensiones. Y reta a comprobar qué pasaría si vuelven aires de crisis y recortes: “Empezaremos otra vez con que el sistema es inviable. Esto es cíclico. Vamos a ver cómo evoluciona en un futuro”.