El Gobierno ha aprobado la reducción de la jornada laboral en la Administración General del Estado (AGE), que pasará de las 37,5 horas actuales a 35 horas semanales, beneficiando a unos 220.000 empleados públicos.
La medida, negociada con CCOO, UGT y CSIF, entrará en vigor durante la primera quincena de abril y servirá como referencia para otras administraciones públicas en España.
¿Quienes serán los beneficiados?
Según ha explicado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, la reducción de la jornada mejorará la conciliación laboral sin afectar la prestación de servicios a la ciudadanía.
La medida beneficiará a todos los empleados de la AGE, incluidos los que trabajan con jornadas especiales, turnos partidos o dedicación especial. Entre los beneficiarios directos se encuentran:
- Funcionarios y personal laboral de la AGE.
- Empleados de centros docentes y sanitarios en Ceuta y Melilla.
- Personal de Instituciones Penitenciarias.
- Trabajadores de organismos públicos, agencias y empresas públicas vinculadas a la AGE.
Conciliación y figura del cuidador
La reforma también incorpora la figura del cuidador, destinada a los empleados públicos que se encargan del cuidado de un familiar o persona del mismo hogar con necesidad de asistencia por un motivo médico grave. Esta medida refuerza los derechos recogidos en la directiva europea sobre conciliación y busca facilitar la conciliación laboral y familiar.
UGT, CCOO y CSIF han respaldado el acuerdo tras negociaciones con el Ministerio, asegurando que la reforma se aplicará a todos los colectivos del ámbito público, incluyendo aquellos con mesas de negociación específicas.UGT ha destacado que la medida debe ir acompañada de una Oferta de Empleo Público, para reforzar las plantillas y garantizar la calidad de los servicios a los ciudadanos.
Por su parte, CSIF subraya que la AGE históricamente ha sido pionera en derechos laborales, y que la medida favorece bienestar, conciliación, productividad y generación de empleo.Y CCOO confirma que la jornada de 35 horas aplicará a todo el personal funcionario, estatutario y laboral de la AGE.
La reforma busca no solo mejorar la calidad de vida de los empleados públicos, sino también garantizar que la prestación de servicios públicos no se vea afectada, mediante una planificación adecuada de plantillas y organización del trabajo. Además, la medida podría servir de referencia para otras administraciones autonómicas y locales, ampliando su impacto a nivel nacional.