Todo al ómnibus. Los esfuerzos del Gobierno se centran en resucitar, y cómo hacerlo, las medidas derogadas por el Congreso la semana pasada, cuando tumbó el decreto-ley ómnibus.
En el centro, al igual que durante el debate del decreto-ley derogado, la moratoria antidesahucios para habilitar en los juzgados la posible paralización de procedimientos cuando no exista alternativa habitacional y se acredite una situación de vulnerabilidad.
Ello exige recomponer la llamada mayoría de la investidura. O lo que es lo mismo, sumar a Junts en los apoyos al decreto-ley.
Y, entre tanto, esas negociaciones se han llevado por delante una de las tareas más inmediatas en el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el decreto-ley con las medidas anunciadas por el presidente Pedro Sánchez el pasado 12 de enero.
Entonces, Sánchez anunció la aprobación “en las próximas semanas” de una batería de medidas para paliar la crisis de acceso a la vivienda: una bonificación al 100% de todas las rentas percibidas por caseros que ‘congelen’ las rentas en sus renovaciones de contratos y la esperada regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones.
Fuentes del departamento que dirige Isabel Rodríguez confirman a Demócrata que el portazo del Congreso supone un contratiempo en sus planes y que el decreto-ley deberá esperar.
Días antes de la derogación del decreto-ley ómnibus, la idea de Vivienda era elevar el decreto-ley al Consejo de Ministros cuanto antes. Pese a las reservas de los socios, y la dificultad de articular mayorías por la heterogeneidad de las medidas, aseguraban que existían conversaciones para ello y que los socios habían entrado a negociar.
Cuadrar equilibrios, tarea ¿imposible?
La dificultad es de aúpa. Ampliar las desgravaciones a los propietarios, aun como incentivo para evitar subidas de precios, es una línea roja declarada por los socios de izquierda, favorables a la intervención directa de las rentas. Sumar, Podemos, ERC y Bildu piden prórrogas automáticas para evitar renovaciones al alza este año.
Y si esta medida podía convencer a Junts, e incluso PP y Vox, que incluyen entre sus recetas este tipo de incentivos, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones no convence en este arco parlamentario.
Es más. El Gobierno elige la vía del decreto-ley ante la falta de mayorías para completar la tramitación de la regulación que ya se discute en el Congreso. Y que, por no tener garantías de éxito, permanece a la espera de ser votada ante la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja.
En todo caso, toca esperar a resolver la cuadratura del decreto-ley ómnibus. En Vivienda reconocían que, en busca de un acuerdo con el que salvar el último decreto-ley de 2025, no convenía tensionar más la relación con los socios. Ni acumular una nueva derrota, que pudiera empujar aún más la viabilidad de la legislatura hacia lo insostenible.
La moratoria, en el alero
¿Y cómo resucitar las medidas del decreto-ley? Existen negociaciones y, hasta última hora del lunes, aún no se sabía cómo y el qué. En el Ejecutivo asumen que no se sabrá si el Consejo de Ministros rescata medidas hasta la propia reunión.
Hasta entonces, los socios han marcado posiciones. La moratoria ‘antidesahucios’ es el punto de conflicto, pero los socios de izquierda exigen su inclusión. En Bildu recordaron el viernes a la propia ministra Isabel Rodríguez que, si el Gobierno cede ante Junts, ellos podrían plantarse. “Siete votos son importantes, pero los seis de EH-Bildu también”, subrayó entonces.
Pese a que el rechazo de Junts es tajante, en el Gobierno confían en sacar adelante las medidas de nuevo, moratoria incluida. Insisten que las medidas son las mismas avaladas por los independentistas catalanes hace un año, en la anterior prórroga.
También la dotación presupuestaria a la línea de avales públicos para facilitar el alquiler asequible a inquilinos con más dificultades para acceder a la vivienda. El Consejo de Ministros consignó 300 millones a tal fin, el mismo día de la votación del decreto-ley ómnibus. No fue suficiente.