El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que en los próximos días comenzará una ronda de contactos con el resto de grupos parlamentarios para trasladarles los detalles de lo que han denominado Plan de acción por la democracia y consensuar puntos que lo mejoren. La iniciativa descansaría sobre los pilares del Reglamento de Libertad y Medios de Comunicación por el que se establece un marco común para los servicios de medios y se modifica la Directiva 2010/13. Con ella se pretende que los medios de comunicación informen sobre la propiedad de los mismos y reformar la publicidad institucional para limitar la financiación de administraciones a lo que califica como «pseudomedios».
El Ejecutivo espera que, fruto de los contactos parlamentarios con las diferentes fuerzas a excepción de Vox, se arme una propuesta legislativa que apueste por la transparencia en tres ámbitos: Poder Ejecutivo, medios de comunicación y Poder Legislativo.
En lo que al Gobierno respecta, los socialistas plantearán nuevas medidas de transparencia y participación ciudadana, como la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto y una nueva ley de Administración Pública abierta que mejore la cantidad y la calidad de la información gubernamental.
En este sentido, el presidente ha anticipado que Vitoria-Gasteiz acogerá la novena cumbre global de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership), en 2025, donde se darán cita sociedad civil y líderes gubernamentales para abordar el asunto.
El Plan obligaría a los medios a informar de sus fuentes de financiación, identificar a sus propietarios o accionistas y publicar sus cifras reales de audiencia.
Publicidad institucional y financiación de medios
Para fomentar «la transparencia, la independencia, el pluralismo» y la protección de los profesionales de la información, Sánchez ha enumerado una serie de reformas legislativas para incorporar al ordenamiento nacional el Reglamento Europeo de Medios que, entre otras cosas, esbozaría nuevos estándares de transparencia sobre la propiedad, la asignación de publicidad institucional y la medición de audiencias.
El Plan obligaría a los medios a informar de sus fuentes de financiación, del nombre de sus propietarios o accionistas y de sus cifras reales de audiencia.
En sintonía, se limitaría la financiación que las administraciones públicas puedan dedicar a los medios “para que no haya ninguno que tenga más financiadores públicos que lectores”. Este punto, además, forma parte de la estrategia de los socialista para atajar la difusión de bulos y fake news. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, incluso afirmó que el objetivo es evitar que se financien a “pseudomedios”.
De igual forma, se reformará la Ley de Publicidad Institucional para actualizarla bajo la justificación de que se aprobó hace 20 años, cuando primaba el papel y no existían las redes sociales.
Adicionalmente, Sánchez ha anunciado que concederá 100 millones de euros provenientes de Fondos Europeos en ayudas para la digitalización de los medios de comunicación, con el fin de «crear bases de datos, desarrollar herramientas que mejoren su productividad y calidad informativa y reforzar su ciberseguridad».
Independencia, pluralismo y protección
Sin entrar en mayor detalle, el líder del Ejecutivo ha deslizado que implementaría medidas para evitar las presiones del ámbito político y empresarial; así como la concentración de medios en pocas manos.
También ha mentado medidas para asegurar los derechos de los medios de comunicación y los consumidores frente a las grandes plataformas digitales, e iniciativas encaminadas a reforzar los derechos al honor y la rectificación.
Ley Mordaza
Pedro Sánchez ha informado de su intención de retomar la reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, aunque de momento, únicamente en lo referido a la libertad de expresión, lo que impactaría en los delitos de injurias a la Corona.
Cortes Generales
La tercera pata del Plan de Acción por la Democracia implica al Poder Legislativo. Sánchez apuesta por reformar los reglamentos de Congreso y Senado para endurecer las sanciones a diputados y senadores que no presenten su declaración de bienes y actividades, o que lo hagan con información falsa o incompleta.
Por último, plantea una reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) para implementar la obligatoriedad de celebrar debates electorales entre los candidatos en los medios de comunicación, así como publicar los microdatos y la metodología de estimación de resultados de todas las encuestas.