El Gobierno aprobará por decreto-ley una desgravación del 100% en el IRPF a caseros que ‘congelen’ la renta del alquiler en sus nuevos contratos.
La medida tiene como objetivo contener un alza masiva de las rentas, prevista cinco años después de desaparecer la prórrogas excepcionales por la pandemia de Covid-19.
Según el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, este año finalizarán 632.369 contratos de alquiler, afectando a las condiciones de vida de 1,6 millones de personas que viven como inquilinos.
Esta situación llevó hace meses a Sumar y a socios del Gobierno como Podemos, ERC o Bildu a exigir la prórroga automática de estos contratos. Los de Yolanda Díaz, de hecho, plantearon la medida como parte de un plan de choque para afrontar la crisis de precios en la vivienda vía decreto-ley.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes su respuesta. La solución del Ejecutivo serán incentivos fiscales y no prórroga de contratos.
Ya anunció una desgravación hace un año
Sánchez plantea que todo casero que mantenga ‘congelada’ la renta pueda desgravarse la totalidad de sus rentas en el IRPF.
👉El presidente del Gobierno anuncia la aprobación de un nuevo Real Decreto-Ley en la vivienda.
— demócrata (@democrata_info) January 12, 2026
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A falta de conocer más detalle, la propuesta dejaría atrás la anterior reducción anunciada por el presidente hace ya un año, cuando presentó una batería de propuestas en varios frentes para afrontar la crisis de acceso a la vivienda.
Entre otras medidas, el presidente propuso una bonificación del 100% de las rentas en el IRPF cuando el propietario fijara el alquiler atendiendo al índice de precios. La desgravación se llegó a incluir
¿Compensaría a los propietarios?
Los cálculos elaborados entonces por el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha no eran muy optimistas respecto al alcance de la desgravación.
En el caso de particulares con ingresos elevados y que alquilaran vivienda de la horquilla más alta, no saldría a cuenta. La rebaja fiscal se quedaría lejos de compensar las ganancias que se obtendrían alquilando a precio de mercado. Sólo compensaría, y de forma muy moderada, a propietarios con ingresos anuales entre 12.000 y 60.000 euros.
Existen ya deducciones (menores y por bajar la renta)
El presidente de Gestha, Carlos Cruzado, destaca en declaraciones a Demócrata las “contradicciones” que existen entre la medida anunciada y las desgravaciones ya existentes.
De aplicarse, se llevaría por delante toda la batería de rebajas fiscales ya previstas y moduladas en base a las distintas circunstancias. Algunas de ellas, de hecho, previstas en la propia Ley de Vivienda y sobre cuyos resultados aún no se tiene constancia.
Y es que la Ley de Vivienda ya prevé una reducción del 90% de las rentas para aquellos propietarios que rebajen el precio del alquiler al menos un 5%. Eso sí, la ventaja fiscal está condicionada a que la vivienda se encuadre en una zona declarada como tensionada.
“No sabemos el efecto que ha tenido, puesto que se acaban de declarar zonas tensionadas. No ha habido tiempo suficiente”, señala Cruzado, que, en todo caso, considera que las ventajas fiscales son estériles si no van acompañadas de un importante esfuerzo inversor.
La desgravación se incorporó, junto a la regulación de los precios, dentro de los instrumentos a disposición de las administraciones para contener la renta. También como incentivo a las comunidades autónomas gobernadas por el PP para la aplicación de la ley.
Otras ventajas fiscales menores son la reducción del 70% de la renta si la vivienda se arrenda a jóvenes de hasta 35 años o del 60% si se han acometido trabajos de rehabilitación.
La reducción con carácter general es del 50% a los rendimientos obtenidos por el alquiler de una vivienda habitual.
No convence a los socios
La vía fiscal no convence a los socios de izquierda del Gobierno. Tampoco a parte del propio Gobierno. Sumar ya ha trasladado que no votarán a favor de la misma a través de la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, y otros dirigentes de la coalición.
Una línea parecida a la expresada también por otros socios, como Podemos o Bildu, que acusan al PSOE de priorizar “regalos fiscales a los caseros”, antes que prorrogar los contratos como vienen exigiendo en los últimos meses.
“Es una tomadura de pelo que pretendan librar de pagar impuestos a quienes ya cobran alquileres desorbitados”, declaró Oskar Matute, en un mensaje publicado en Twitter. Ione Belarra resumió su indignación en menos palabras: “Es para que ardan las calles”.
Con una posición parlamentaria tan precaria y decidido a minimizar sus derrotas en el Congreso, ¿qué lleva a Sánchez a impulsar una medida que ni siquiera sus socios ven con buenos ojos?
La baza de PP y Junts
Quien puede ver con buenos ojos la rebaja fiscal son, precisamente, los partidos que ahora mismo ponen más problemas al Gobierno en sus votaciones, PP y Junts.
La bonificación de las rentas percibidas por los caseros en el IRPF es una medida ya planteada por los ‘populares’, que tendrían muy difícil dar portazo a la propuesta.
De hecho, en el PP sólo podrían justificar el rechazo al anunciado decreto-ley por la inclusión en el mismo de garantías para los alquileres de temporada y por habitaciones, ya que son medidas que han tratado de bloquear durante la tramitación parlamentaria de la proposición de ley del sindicato de inquilinos.
Finalmente, la otra variante política es la de recuperar complicidades con el aliado clave de la legislatura. Sánchez lleva meses buscando recuperar una relación que los de Carles Puigdemont decidieron romper ante los reiterados incumplimientos de los pactos alcanzados.
El presidente del Gobierno reconoció el mes pasado su responsabilidad y recopiló varias de estas medidas pendientes en un decreto-ley que el Congreso avaló en el último Pleno del año.
El espacio para la sintonía con Junts es estrecho, y el de las rebajas fiscales es valor seguro. La cuestión es que, si el Gobierno suma a Junts pero el PP no le acompaña, los apoyos seguirían siendo insuficientes.